Una unidad del Ministerio de Hacienda que según los registros oficiales tan solo cuenta con un funcionario en plantilla será la encargada de gestionar las reclamaciones de reparación de daños que particulares y empresas presenten contra el Gobierno por los perjuicios económicos causados a sus intereses por las medidas adoptadas durante la gestión de la crisis sanitaria de la Covid. El Ministerio de Presidencia dictó la semana pasada las preceptivas resoluciones por las que los diferentes ministerios del Gobierno aceptan centralizar en el departamento que dirige María Jesús Montero la respuesta gubernamental a las demandas de reparación de daños que se puedan derivar de las decisiones adoptadas por la Administración del Estado especialmente en el estado de alarma, durante el cual se restringió por decreto la normal actividad de muchas empresas y que ha acabado teniendo un impacto demoledor sobre sus volúmenes de negocio...que algunas de ellas llevan meses analizando como reparar.
La maniobra del Gobierno busca preparar el terreno para lo que puede venir y así lo reconoce en las resoluciones dictadas el pasado 21 de octubre, en las que Moncloa justifica la centralización en Hacienda de este asunto por la necesidad de contar con una coordinación y seguimiento de los expedientes de forma centralizada a la luz de "los precedentes de reclamaciones masivas por parte de los ciudadanos por la actuación de la Administración General de Estado y de las entidades de Derecho público de ella dependientes, especialmente a raíz de la pandemia de la Covid 19". El Ejecutivo ha valorado también que el esquema le permitirá calcular de forma global la incidencia presupuestaria y de gestión de los citados procedimientos. En otras palabras, el agujero que una eventual avalancha de reclamaciones puede abrir al presupuesto del Estado.
El departamento que se encargará de acometer todas esas tareas será la Unidad de Seguimiento, Coordinación y Gestión de Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y que a juzgar por la información disponible en la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Hacienda es a día de hoy poco menos que una unidad fantasma. El Ministerio le asigna una plantilla de 18 funcionarios pero según la información disponible en el Portal de Transparencia a día de hoy tiene 17 puestos vacantes y solo una plaza ocupada, la del responsable de la unidad con rango de subdirector general.
Con estos mimbres, la Unidad deberá encargarse de recibir las demandas que se le remitan desde los 22 ministerios del Gobierno, estudiar su viabilidad jurídica, realizar los preceptivos informes y gestionar la respuesta a dar por parte de la Administración a las mismas, además de estimar el grado de riesgo de las reclamaciones a efectos de provisionar o no las cantidades reclamadas por los afectados en la cuenta general del Estado.
Una avalancha de recursos en puertas
En los despachos de abogados se daba por hecho que el otoño iba a traer consigo una avalancha de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración a cuentas de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, pero la llegada de la segunda ola y la aprobación de una nueva remesa de medidas restrictivas para la actividad de las empresas parecen haber aconsejado a los potenciales demandantes esperar antes de plantear sus demandas.
"Vamos a asistir a una judicialización muy importante del estado de alarma", advertía hace unas semanas el doctor en Derecho Administrativo, Gabriel Capilla, en una jornada sobre el asunto. En su opinión, hay base jurídica para que las empresas reclamen una reparación económica a la Administración desde varios flancos: por la posible inconstitucionalidad de la Declaración del Estado de Alarma y de la adopción de medidas de emergencia que condicionan derechos fundamentales por la vía del Real Decreto; por la eventual declaración de nulidad de órdenes ministeriales y normas reglamentarias que han limitado derechos de contribuyentes y ciudadanos de forma que se podría considerar desproporcionada; por la regulación incierta de la exoneración de responsabilidad del Estado respecto al normal funcionamiento de los contratos suscritos con empresas para la prestación de determinados servicios públicos; y también por las medidas de restricción a la actividad adoptadas en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que han ido más allá de lo previsto en el estado de alarma.
Fuentes de las organizaciones representativas de algunos de los sectores más afectados por las medidas adoptadas para contener la crisis sanitaria aseguran tener ya preparadas sus reclamaciones para exigir una reparación económica a la Administración por los efectos de las medidas adoptadas por los gobiernos tanto estatal como territoriales, muchas de las cuales entienden que eran evitables y les ha causado un daño económico irreparable, y que si no las han presentado todavía es porque están esperando al resultado de las negociaciones con el Gobierno para obtener algún tipo de compensación por una vía pacífica.
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