Los más de 123.000 millones de euros de déficit público del ejercicio de 2020 - equivalentes a un 10,97% del PIB - no agotan la dimensión real del agujero de las cuentas públicas españolas. Más allá de los gastos que se concretaron de manera efectiva a lo largo del último ejercicio presupuestario y que llevaron el déficit público a uno de los niveles más altos de su historia, existe una cuenta de riesgos latentes y en muchos casos inexorables que no aparece en las cifras oficiales pero que tarde o temprano se concretará añadiendo algunas décimas al ya elevado desequilibrio de las cuentas públicas nacionales. El Ministerio de Hacienda ha evitado tradicionalmente realizar el cálculo de ese 'déficit durmiente' hasta que el equipo de María Jesús Montero en un ejercicio de transparencia sin precedentes decidió incluirlo en la Cuenta General del Estado de 2019 por primera vez. El resultado indica que las cuentas del Estado arrastraban al cierre de ese ejercicio un lastre oculto de 15.315 millones de euros que se puede materializar en cualquier momento.
Fuentes ministeriales precisan que esa cuenta, agregada bajo el concepto de 'pasivos contingentes', agrega todos los riesgos que se pueden derivar de una eventual sentencia desfavorable en los múltiples procesos judiciales que diferentes actores tienen abiertos contra el Estado exigiendo su responsabilidad patrimonial por diferentes cuestiones. De hecho, la parte del león de esos 15.315 millones de euros está vinculada con el rosario de pleitos de fondos de inversión que le cayeron al Estado español por el tijeretazo repentino a la retribución de las renovables que se ejecutó desde el Gobierno hace ya más de una década, en plena crisis financiera, y que el Ejecutivo está intentando ahora de sacarse de encima a golpe de acuerdos millonarios. España ha estimado un pasivo contingente por este motivo de unos 9.000 millones de euros.
La pandemia puede disparar la magnitud de esta cuenta. En diferentes puntos del territorio organizaciones empresariales y despachos llevan meses intentando organizar a los sectores más afectados por las medidas de confinamiento decretadas desde los poderes públicos, por el Estado durante el primer estado de alarma y por las comunidades autónomas, durante la segunda fase de éste, para plantear demandas de responsabilidad patrimonial al Estado por las pérdidas acumuladas por las restricciones a la apertura de sus establecimientos.
El propio Ministerio de Hacienda en previsión de una oleada de demandas de esta naturaleza decidió en octubre del año pasado canalizar todas las demandas de responsabilidad patrimonial contra las Administraciones Públicas hacia una unidad especializada en la materia dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.
El caso del déficit de inversiones con Cataluña
El informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2019 afea, sin embargo, al Ministerio de Hacienda que no haya incluido también en la cuenta de pasivos contingentes del Estado los 759 millones de euros que una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reconoció a la Generalitat por el déficit de inversiones del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña.
Hacienda argumenta que el hecho de que el Supremo haya reconocido a Cataluña el derecho a recibir esos fondos no implica necesariamente "que la cuantía sea una cantidad vencida, líquida y exigible como pretendía la Comunidad Autónoma de Cataluña", sino que entienden que lo que hace es instar a los órganos bilaterales de relación entre Cataluña y el Estado a concretar el acto administrativo que determinará el modo en que se atenderá tal déficit. "Hasta la fecha ese acto no se ha desarrollado", explica Hacienda, lo que supone en su opinión que todavía no puede concretarse si esa compensación se realizará mediante una transferencia de recursos o mediante la concreción de las inversiones pendientes.
Un techo para la exposición del Estado al riesgo
Si en el caso de los pasivos contingentes - deudas previsibles a futuro por decisiones y circunstancias acaecidas pasado - lo que exige el Tribunal de Cuentas es la mayor transparencia posible, en lo que se refiere a la política de asunción de riesgos por parte de los gobiernos de España lo que exige es definir un techo para que los políticos no puedan asumir riesgos sin límite por los que tendrán que responder las Administraciones Públicas si después se materializan. El órgano fiscalizador de las cuentas del Estado se refiere aquí a los avales y garantías proporcionados por el Estado a terceros en el marco de determinadas políticas públicas.
El Gobierno, de nuevo, ha calculado por primera vez la cuenta de garantías y avales proporcionados por el Estado español que ascendían al cierre de 2019 a una cantidad cercana a 100.000 millones de euros, un 10% del PIB. Los avales y garantías concedidos por el Estado implican que será éste el que tenga que responder si los beneficiarios de los mismos no atienden a su devolución, lo que implica un importante riesgo fiscal latente. La mayor parte de esa cuantía corresponde al rescate financiero, del que España aún tiene 46.379 millones de euros pendientes de devolver, y también al déficit eléctrico, en el que tiene comprometidos más de 14.000 millones.
"Todos los avales concedidos por la Administración del Estado y vigentes al cierre del ejercicio 2019 se encuentran regulados por órdenes ministeriales de otorgamiento de avales aprobadas en ejercicios anteriores y sus cuantías cumplen los límites establecidos en ellas", admite el Tribunal de Cuentas, que no obstante recomienda que "sin perjuicio de los límites anuales establecidos, se considera conveniente que las leyes anuales de Presupuestos establezcan un límite máximo acumulado para la cifra de avales en vigor y otras garantías derivadas de las responsabilidades contractuales asumidas por el Estado"..
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