Hacienda no siempre gana. Las estimaciones realizadas al respecto apuntan a que el Fisco pierde en los tribunales alrededor de la mitad de los litigios que mantiene con los contribuyentes y en ocasiones incluso le toca asumir la responsabilidad patrimonial por haber consumado actuaciones que se revelan como ilegales a la postre. Un problema, porque cuando pierde Hacienda en realidad perdemos todos.
Para 'blindar' los Presupuestos ante los reveses pasados y futuros que Hacienda se lleve en los tribunales el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha dotado de cara a 2018 una reserva de 500 millones de euros que se destinará a cubrir las eventuales responsabilidades patrimoniales a las que el Estado tenga que responder por aquellas actuaciones de la Hacienda Pública que resulten ser injustas o directamente ilegales.
La provisión de 2018 servirá en su mayor parte para atender las compensaciones pendientes de pago por la aplicación ilegal del céntimo sanitario entre los años 2001 y 2012, según ha precisado el subsecretario de Hacienda, Felipe Martínez Rico, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos. Éstas se refieren, en concreto, a las reclamaciones formuladas por 4.000 transportistas para exigir el reembolso de los impuestos pagados de más entre 2001 y 2010, ejercicios ya prescritos cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2014 que el recargo ideado por el Gobierno de José María Aznar para financiar la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas no encajaba en el derecho europeo.
Hacienda se resistió en principio a reembolsar los 1.000 millones de euros que exigían los transportistas bajo el argumento de su prescripción, pero el Supremo determinó que dado que el impuesto había sido declarado ilegal por Europa y que los transportistas podían acreditar los pagos realizados correspondía compensarlos. Desde ese momento la cosa ha avanzado a trancas y barrancas. Hacienda apenas reembolsó poco más de un millón de euros a los perjudicados en 2016 y el año pasado, ya con el sistema de 'devolución exprés' habilitado por la Agencia Tributaria en marcha, la cantidad reintegrada fue de poco más de 38 millones de euros, según los datos oficiales facilitados por Hacienda.
Queda por tanto el grueso de las compensaciones - más de 950 millones de euros - por abonar, aunque si nos atenemos a la información que figura en los Presupuestos la intención de Hacienda no es resolver todos los pagos pendientes este año, ya que la dotación solo es de 500 millones.
Avalancha de recursos de herederos no residentes
El otro foco de preocupación para el Ministerio de Hacienda por el impacto que puede tener sobre las cuentas públicas viene de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que, en este caso, condenó a España (en 2014) por la desigual aplicación del Impuesto de Sucesiones en el territorio nacional y por los perjuicios que ésta ha causado a los herederos legítimos que no residen en el país. De nuevo, Hacienda se resistió en primera instancia a aplicar la sentencia pero una cadena de sentencias del Supremo a favor de los afectados ha hecho cambiar de opinión al departamento de Cristóbal Montoro.
El embrollo, en este caso, viene de la descentralización de la gestión del impuesto que ha desencadenado una carrera por parte de las comunidades autónomas para hacerlo lo más atractivo posible, reduciendo los tipos del impuestos, bonificando hasta casi eliminar en algunos casos el pago del mismo y estableciendo reducciones por un sinfín de circunstancias. Estímulos, en todo caso, de los que no se han podido beneficiar los legítimos herederos residentes fuera de España que por la organización regional del impuesto no han podido acceder a estos beneficios y han tenido que pagar más por heredar.
El Tribunal de Luxemburgo determinó que esa situación era discriminatoria y exigió al Gobierno de España que la resolviera. El Ejecutivo lo hizo, vinculando las condiciones fiscales de la herencia al territorio con el que el heredero tuviera alguna clase de vínculo, pero decidió no compensar el perjuicio causado a las personas que hubieran heredado antes del cambio legal.
Los perjudicados acudieron a los tribunales a defender sus derechos y el Supremo les ha dado la razón. Hacienda admite que este año espera una oleada de recursos por este asunto, aunque su cuantía no será demasiado gravosa para las arcas públicas. La provisión dotada por este concepto no llega a los dos millones de euros.
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