Hacienda eleva el déficit de 2021 al 8,4% pero rechaza realizar medidas de ajuste

El Gobierno no tiene intención de adoptar ninguna medida extraordinaria de ajuste presupuestario mientras no sea necesario. La actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2021-2024 que en la tarde de este viernes el Ministerio de Hacienda remitirá a Bruselas no incluye una sola medida de ajuste fiscal y se limita a trasladar la reducción esperada del déficit por pura inercia, es decir, por el efecto de la retirada progresiva de las costosas medidas de apoyo al tejido productivo actualmente en vigor y de la aportación de la recuperación económica esperada. Bajo esas premisas, el Gobierno entiende que el déficit puede bajar desde el 10,97% en que cerró el año pasado hasta el 3,2% en el año 2024... sin hacer nada.

El Ministerio de Hacienda ha optado por no avanzar ninguna medida de consolidación fiscal pese a admitir que este año el déficit público se desviará al alza respecto a la cifra del 7,7% que preveía inicialmente y que llegará hasta el 8,4%, a causa principalmente de la revisión a la baja de la previsión de crecimiento pero también del mantenimiento -al parecer no previsto- de las medidas del 'escudo social' como los ERTE o la prestación por cese de actividad durante todo este año. El asunto es que el Ejecutivo prevé cerrar 2021 con esa desviación del 8,4%, rebajar de forma significativa al 5% el déficit en 2022 - cuando empezarían a retirarse todas esas medidas que generan un elevado gasto público - y a partir de ahí dejar a la recuperación económica que haga su labor para bajar el desequilibrio de las cuentas públicas españolas al 4% en 2023 y al 3,2% en 2024.

María Jesús Montero ha señalado que el hecho de que el Gobierno haya decidido remitir a Bruselas este 'escenario inercial' no implica que no se vayan a tomar medidas durante el periodo 2021-2024, sino que éstas, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, se irán adoptando según la evolución de la actividad económica y sus efectos se irán incorporando a esa hoja de ruta a medida que vayan entrando en vigor. "Hay que ir paso a paso y en estos momentos esta es la decisión más prudente", ha asegurado.

Hacienda esquiva así el clamor de instituciones como el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o también organismos y bancos de inversión internacionales que venían pidiendo al Gobierno presentar un plan específico de reequilibrio fiscal que dé certidumbre a los inversores y traslade el compromiso firme de España con la devolución de las cuentas públicas a una senda de sostenibilidad. No sólo lo piden los agentes económicos, también lo exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a responder a cada desviación presupuestaria con un Plan de Reequilibrio que el Gobierno se empeña en esquivar pese a los mensajes al respecto de la Autoridad Fiscal.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado que obligar a las Administraciones Públicas a presentar ahora un plan de reequilibrio sería "marciano" en un contexto en el "estamos en un marco de refuerzo de los servicios públicos" y ha presumido de que presentar una senda en la que el déficit se va a reducir hacia el entorno del umbral máximo que permite el Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE, del 3% del PIB, en cuatro años y sin necesidad de medidas dolorosas es aval más que suficiente para demostrar el compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

Ni una pista sobre el futuro

Por lo que ha dicho este viernes la ministra, que ha estado acompañada en la comparecencia por sus secretarias de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y Presupuestos, María José Gualda, la hoja de ruta del Gobierno es que este escenario de reducción del déficit puede aún mejorarse a poco que se empiecen a activar las medidas previstas para generar nuevos ingresos y para racionalizar el gasto. Los analistas, una vez más, son algo menos optimistas y de hecho prevén un estancamiento del déficit por encima del 4% en el momento que el Gobierno retire el 'gasto extra' derivado del escudo social y pese a la vigorosa recuperación económica que se concentrará principalmente entre el segundo semestre de este año y 2022. El escenario central del Banco de España sitúa el déficit público en el 4,4% en 2023 y el FMI entiende que seguirá en el 4,3% en 2024, lejos de la previsión oficial.

Hacienda no ha querido explicar tampoco la aparente paradoja de que mientras la Comisión Europea exige objetivos específicos y concretos para las medidas incluidas en el Plan de Recuperación que España tiene que presentar a Bruselas este viernes y cuyo radio de acción abarca a los próximos seis años el Gobierno haya declinado estimar el impacto que éstas van a tener sobre sus proyecciones presupuestarias. Lo que sí ha descartado de plano la ministra de Hacienda es que esa 'prudencia' tenga nada que ver con motivaciones electorales por las inminentes elecciones en la Comunidad de Madrid, en la que una de las cuestiones de la campaña ha sido determinar si el PSOE subiría o no los impuestos en Madrid si llegara al Gobierno...

Premisas optimistas

La proyección presentada por el Ministerio de Hacienda prevé una reducción significativa de la deuda pública desde el 120% del PIB en que se encuentra ahora hasta el 112,1% en 2024. Una ambición que se sostiene sobre un escenario de crecimiento, el elaborado por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, sobre el que según ha dicho este mismo viernes la Autoridad Fiscal (Airef) pesan no pocos riesgos a la baja y también sobre la esperanza de que el Banco Central Europeo mantenga su actual política de compras de deuda a lo largo de todo el horizonte de la proyección, una premisa tirando a optimista si tenemos en cuenta que en Alemania ya se han empezado a escuchar voces que instan a una retirada progresiva de los estímulos.

El Gobierno también descuenta que la Comisión Europea no reinstaurará las reglas fiscales hasta el año 2023 y que cuando lo haga éstas serán muy diferentes a cómo lo son ahora: más flexibles. La ministra ha señalado que este mismo escenario se prevé para la reinstauración de las normativa doméstica de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ahora suspendida parcialmente y que obliga a fijar objetivos de déficit a cada uno de los niveles de la Administración y a cumplir unas determinadas reglas de gasto, que el Gobierno también entiende como demasiado estrictas.