Reducción del tamaño de la Administración Pública

Hacienda lanza una ola de auditorías para cerrar fundaciones y empresas públicas

Insta a la Intervención del Estado a incluir en sus informes de auditoría indicaciones sobre la posible transformación o supresión de organismos

Evolución del sector fundaciones estatal

El Ministerio de Hacienda ha ordenado a la Intervención del Estado (IGAE) que adjunte en los informes de auditoría que elabore este año sobre entidades y organismos dependientes del Estado un comentario sobre las posibles medidas de mejora de gestión que sería posible implementar, las eventuales transformaciones de que pudieran ser objeto estos entes y, en su caso, propuesta de supresión del organismo público o entidad. Ésta es una de las novedades que se incluye en el Plan de Auditoría y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2018 que acaba de hacer público el Ministerio de Hacienda.

La IGAE empezará el ejercicio de supervisión por las fundaciones estatales, que han sido señaladas como objetivo prioritario tras la aprobación por parte de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la Estrategia de Auditoría del Sector Público Fundacional para el año 2018-2022, cuyo principal objetivo es auditar en los próximos cuatro años las 39 entidades que aún sobreviven bajo esta forma jurídica después del proceso de racionalización abordado a partir del año 2012. En el año 2008 llegó a haber 60 fundaciones dependientes del Estado pero las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos a partir del año siguiente forzaron la desaparición o transformación de 23 fundaciones. En ese periodo solo se crearon dos nuevas fundaciones. (Ver gráfico).

No todas fueron liquidadas. Cinco se transformaron mediante un proceso de fusión o absorción, en dos casos el Estado redujo su participación en la fundación a un porcentaje minoritario y perdió su vinculación directa con la misma y tres fueron privatizados.

La labor de la IGAE en este segmento se centrará en verificar el cumplimiento de los objetivos fundacionales de cada entidad y de los principios a los que debe ajustar su actividad tanto en materia de selección de personal, como de contratación o disposición de los recursos disponibles a favor de los beneficiarios.

Auditoría general del sector público

Según el último balance realizado por la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, que agrega datos hasta el primer semestre de 2016, el proceso de racionalización del sector público ha significado la supresión de 2.364 entes públicos, la mayoría de los cuales dependían de entidades locales: 1.436. Las comunidades autónomas han eliminado 813 entes y el Estado, 174, de los que 23 eran fundaciones.

La orden de Hacienda no sólo afecta al sector fundacional estatal sino que también aplicará a las auditorías que la IGAE ejecute dentro de la función de supervisión continua del sector público que la ley le atribuye y cuyo perímetro alcanza a los organismos autónomos del Estado, las entidades públicas empresariales, las entidades estatales, los consorcios, las agencias estatales y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

Según las líneas maestras previstas en el Plan de Auditoría de 2018, este año la Intervención del Estado prestará especial atención a los centros asociados a la UNED, sean estos públicos o privados, cuya integración se decretó en 2011 y que ahora será supervisada por la IGAE para chequear hasta qué punto se ha logrado la perseguida "homogeneización de las prácticas de gestión".

También serán objeto de especial revisión por parte del batallón de auditores del Estado este ejercicio las subvenciones y ayudas públicas concedidas por el Estado. Hacienda tiene la certeza, y así se refleja en el Plan de Auditoría, de que la creciente utilización del instrumento de las subvenciones y ayudas de Estado han traído consigo un incremento de conductas fraudulentas, agravada por la masificación de organismos que las conceden. 

Partiendo de este diagnóstico, Hacienda ha decidido lanzar a sus auditores a un control exhaustivo de las subvenciones públicas - en la medida de sus posibilidades - que incidirá en las ayudas en las que se ha constatado un mayor nivel de fraude y que se hará con luz y taquígrafos para dar "una mayor visibilidad a los controles con el fin de trasladar a la generalidad de beneficiarios y entidades colaboradoras la percepción de que su actuación se encuentra sometida a vigilancia".

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