La máxima según la cual comprometer la creación de una comisión es el camino más recto para aplazar la resolución de un asunto vuelve a cumplirse. El Ministerio de Hacienda se comprometió hace ahora un año con las organizaciones representativas de los autónomos a crear una suerte de 'mesa de expertos' cuyo objetivo sería encontrar el camino para liquidar el controvertido régimen de módulos del Impuesto sobre la Renta vigente en la actualidad - que muchos profesionales tributarios observan como un nicho consentido de fraude fiscal - y facilitar la transición de los más de 350.000 profesionales y autónomos que aún continúan adscritos a este sistema hacia un nuevo régimen fiscal, cuyas condiciones y requisitos se determinarían en ese foro de negociación. El planteamiento de base era que en la mesa estuvieran representadas la Dirección General de Tributos, la Agencia Tributaria y las organizaciones de autónomos, aunque no se cerraba la puerta a la presencia de algún independiente experto en la materia.
Un año después fuentes de las organizaciones de autónomos confirman que no hay ni rastro de esa mesa de trabajo, que no se ha convocado ninguna reunión sobre el asunto en los últimos meses y que tampoco se ha recibido señal alguna que permita albergar ninguna expectativa razonable de que el tema vuelva a ponerse sobre la mesa a corto plazo. Fuentes próximas al Ministerio de Hacienda ratifican que el asunto no está entre las prioridades a abordar en los próximos meses y que como el resto de reformas relevantes en materia fiscal no se abordará como mínimo hasta el año 2023.
El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta vive en un estado de excepcionalidad desde el año 2018. Ese ejercicio el Gobierno del Partido Popular debería haber sustanciado la tercera fase del plan de desmantelamiento progresivo del sistema emprendida por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que preveía la reducción del umbral de facturación para poder acogerse al régimen fiscal de 125.000 a 75.000 euros, en el caso de los profesionales que facturan a otros profesionales; y de 250.000 euros a 150.000 euros para los que facturan directamente al consumidor final. Según las estimaciones realizadas en su día por el Gobierno, ese ajuste sacaría de una tacada del sistema a alrededor de 200.000 contribuyentes y reduciría a la mitad su número de beneficiarios, a la espera de la liquidación definitva del mismo.
Montoro, sin embargo, optó por aplazar ese ajuste un año más ante las presiones de la organización ATA para buscar una alternativa principalmente a los 128.000 transportistas que tributan por este régimen y el Gobierno de Pedro Sánchez, primero por su reciente aterrizaje tras la moción de censura, después por el 'rally electoral' de 2019 y finalmente por la pandemia ha hecho lo propio en los años posteriores. Y ello a pesar del compromiso explícito de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el desmontaje del sistema actual y la configuración de un nuevo sistema fiscal que resuelva las lagunas de un régimen que desde la Agencia Tributaria se observa como un nicho de fraude fiscal.
El 'efecto pandemia'
No es el único elemento de excepcionalidad que afecta al Régimen de Estimación Objetiva. El Ministerio de Hacienda decidió mantener durante el año 2021 el procedimiento especial - activado en el paquete de ayudas fiscales aprobado en los primeros compases de la pandemia - para que los contribuyentes adscritos al régimen de módulos pudieran optar excepcionalmente por tributar según su facturación real para evitar cargar con una sobreimposición fiscal a miles de profesionales que apenas tuvieron la oportunidad de abrir sus negocios a causa de la Covid.
Hay que recordar que la singular operativa del régimen de módulos establece una carga fiscal 'objetiva' en función de una serie de parámetros, como la superficie del local, el número de empleados, la cantidad de mesas de un local la capacidad de carga del vehículo de transporte o la potencia eléctrica contratada, y con independencia de la facturación real, siempre que ésta no supere los umbrales de exclusión antes mencionados. Esa opción que puede ser muy beneficiosa en determinados contextos se convertía en una especie de condena en un contexto en que no se podían generar ingresos.
Fuentes del ámbito de la asesoría fiscal ya advirtieron en su momento que esa opción de renunciar temporalmente al sistema de módulos abría la puerta a que la mayor parte de los beneficiados por esta medida acabaran utilizando el modelo de estimación directa (según facturas e ingresos reales), de modo que el régimen de módulos podría acabar difuminándose 'por muerte natural' a caballo de esta medida. Argumentan, con numerosas consultas al respecto de afectados en la mano, que una vez que optas por las facturas y dejas los módulos es muy difícil demostrarle a la Agencia Tributaria que debes volver al modelo anterior, ya que el retorno a la actividad normal previa a la crisis hace imposible llevar la contabilidad con facturas de forma directa.
Los datos oficiales disponibles, sin embargo, no parecen avalar que se haya producido ese 'efecto desplazamiento'. Según los informes mensuales de recaudación tributaria, la pérdida de ingresos de la Agencia Tributaria por ese incentivo de permitir a 'los moduleros' utilizar la tributación por ingresos ha sido de apenas dos millones de euros. Los últimos datos disponibles, del año 2019, señalan que los contribuyentes en el régimen de módulos abonaron 3.801 millones de euros en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta. Las estadísticas de la Agencia Tributaria dicen que la tributación media de los contribuyentes que utilizan los módulos es del 7,2%, muy lejos del 18 y el 20% que pagan por sus beneficios el resto de las pymes y autónomos no acogidos a ese régimen.
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