Hacienda enfurece al comercio al limitar el pago en efectivo en puertas del verano

"No es el momento de adoptar medidas que pueden perjudicar la recuperación económica y que van en dirección contraria a las promovidas en Europa. Ya que no llegan las ayudas a las empresas, al menos que no se perjudique su actividad". En una situación insólita las cuatro grandes patronales del sector comercial español, Anged, la organización empresarial representativas de las grandes superficies; Acotex, la patronal de las grandes firmas del textil y de la moda española; la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (Fece); y la Confederación Española del Comercio (CEC), lanzaron el pasado mes de mayo un comunicado conjunto instando a la desesperada al Parlamento a parar la reforma legal incluida en el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude para limitar los pagos en metálico en ventas comerciales de 2.500 a 1.000 euros para los residentes y de 15.000 a 10.000 euros para los no residentes.

La maniobra tenía pocas posibilidades de éxito porque fue precisamente el Parlamento el que introdujo una enmienda a la norma original presentada por el Ministerio de Hacienda para que la reducción del umbral para los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros no se aplicará únicamente a las relaciones entre empresarios sino también a los pagos de particulares a empresarios, extendiendo la limitación operativa no sólo a las relaciones mercantiles entre profesionales sino también a las transacciones comerciales. El destino ha querido que la tramitación parlamentaria de la norma haya finalizado justo esta semana, coincidiendo con el inicio de la campaña de rebajas de verano, con la apertura parcial de nuestras fronteras al turismo extranjero y con el inicio de la campaña estival, un periodo particularmente propicio al consumo. Como era de esperar la coincidencia no ha entusiasmado a los comerciantes.

Entre otras cosas porque el cambio de los umbrales máximos legales para realizar pagos en metálico no es una de las medidas de la recién aprobada en el Parlamento ley antifraude que entrará en vigor con un cierto decalaje y, por tanto, empezará a aplicarse y condicionar la actividad comercial desde el día siguiente en que la norma se publique en el BOE, algo que sucederá de manera inminente. Desde la asociaciones de comerciantes se entiende que la medida es desproporcionada y va a suponer un lastre para una campaña veraniega que muchos esperaban como agua de mayo después de 15 meses con la actividad restringida o directamente suspendida por las limitaciones a la actividad planteadas desde las Administraciones Públicas.

"Es un ejemplo más de una medida adoptada desde un despacho sin tener en cuenta la economía real", asegura un miembro de una organización empresarial del sector comercial madrileño. Los datos que manejan las patronales del sector apuntan a que en España el 80% de las transacciones comerciales se pagan todavía en efectivo y que la posibilidad de utilizar dinero metálico es importante todavía para cuatro de cada diez clientes. El argumento del Ministerio de Hacienda para no aplicar en principio esa rebaja de umbrales a las transacciones comerciales con particulares fue, de hecho, la pretensión de "minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas". La opinión parece haber cambiado.

"Hay mucha gente que todavía prefiere pagar en efectivo, por motivos de intimidad o por otro tipo de razones que no tienen nada que ver con el fraude fiscal", sostiene Giovanna Tagliavia, directora de la Asociación Española de Joyeros, un gremio que desde hace años tiene la obligación de identificar a los clientes que realizan transacciones en efectivo por encima de 1.000 euros por las obligaciones que impone la normativa de blanqueo de capitales. "Hay muchas formas de luchar contra el fraude sin necesidad de restringir las opciones de los clientes a la hora de decidir como pagar sus compras".

Un golpe al 'turismo de compras'

Las asociaciones de comerciantes creen asimismo que la regulación promovida por el Gobierno y ratificada por el Parlamento tendrá consecuencias sobre la reputación de España como destino del 'turismo de compras' para clientes de alto standing, un segmento en el que el país lleva lustros tratando de hacerse un hueco. Desde hace diez o quince años el debate sobre el futuro del sector turístico se ha movido en buena medida en torno a cómo conseguir atraer hacia nuestros principales destinos urbanos a los turistas de alto poder adquisitivo americanos, latinoamericanos o asiáticos que optaban por otros destinos europeos como Milán, París o Hamburgo. El asunto se convirtió casi en una prioridad estratégica con la explosión del turismo chino, especialmente inclinado a las compras de productos de alta gama.

La preocupación por el asunto, ilustrada por el hecho de que siendo uno de los tres principales destinos turísticos del planeta España no apareciera en el top 20 del turismo de compras, desembocó en un ambicioso Plan de Turismo de Compras lanzado en 2015 y que se planteaba como objetivos reforzar el perfil de España como destino de compras y conseguir atraer a turistas con mayor inclinación al gasto. "No es que todos paguen en metálico ni mucho menos, pero los problemas que plantea en algunos países los cambios de divisa sí hacen que tengamos operaciones en efectivo con cierta regularidad", admite Giovanna Tagliavia, de la Asociación Española de Joyeros, uno de los segmentos que más centra el consumo de este perfil de turistas de elevado poder adquisitivo. "Hay un asunto evidente. Si se les ponen dificultades para comprar en España, este tipo de turistas optará por irse a otro país a realizar sus compras".

"Los únicos beneficiados por esta medida son los bancos", protesta Hilario Alfaro, de Madrid Foro Empresarial. "Si un comerciante hace una venta de 100 euros en metálico, se queda con esos 100 euros; pero si la hace con tarjeta se queda con 97 euros y los tres restantes se van en comisiones bancarias. A mí no me parece mal que se restrinjan los pagos en efectivos para luchar contra el fraude, pero entonces también habrá que bajar a cero las comisiones que cobran los bancos, porque de lo contrario para el comerciante es un perjuicio y para el banco un negocio", remacha.