Hacienda esconde el impacto en el déficit de 2018 de la prestación por maternidad

  • El Gobierno repartirá la factura de 1.200 millones por la sentencia del Supremo entre este ejercicio y el siguiente, pero no detalla las cuantías.
El Gobierno sostiene que antes de ampliar el permiso de maternidad hay que valorar los 494 millones al año que supondría
El Gobierno sostiene que antes de ampliar el permiso de maternidad hay que valorar los 494 millones al año que supondría

"El impacto no será relevante y está descontado desde el momento en que se conoció la sentencia". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que el coste imprevisto de 1.200 millones de euros que las cuentas públicas tendrán que absorber a costa de la sentencia del Tribunal Supremo que decretó como ilegal la práctica del Fisco de cobrar IRPF a las prestaciones por maternidad no tensará las costuras del siempre exigido presupuesto público y no variará un ápice el objetivo de déficit establecido por el Gobierno para este año: 2,7% del PIB. 

Montero ha explicado que ese coste extra se descontó casi desde el momento en que se conoció la sentencia a principios del mes de octubre y que, por tanto, ya estaba integrado en la información presupuestaria que el Gobierno remitió a Bruselas a mediados de ese mes, la única referencia que a día de hoy existe tanto de la probable ejecución del Presupuesto de 2018 como de la planificación de las cuentas públicas de 2019.

La afirmación es sorprendente. El documento enviado a Bruselas, en el que se supone que se tienen que reflejar todas las circunstancias más o menos relevantes con impacto presupuestario, no dedicaba ni una sola línea a evaluar el gasto extra derivado de la sentencia del Supremo sobre las prestaciones por maternidad y tampoco se incluía en las tablas de ingresos y gastos en las que sí se precisaba con todo lujo de detalles el impacto de otras medidas mucha menos relevantes. Es más, desde el propio Ministerio de Hacienda se aseguró entonces que no se incluía porque todavía no se conocía el impacto real del asunto.

Hay que recordar que el Gobierno comunicó a Bruselas un objetivo de déficit para este año del 2,7% y que la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) lo consideró incluso generoso y lo aproximó más al 2,8%, ya en el mes de octubre y sin contabilizar todavía el impacto de las devoluciones por la prestación por maternidad. Agregar 1.200 millones de euros más al déficit público en esas condiciones supondría llevar la cifra al 2,9% y exponerse quizá demasiado a incumplir el objetivo crítico de acabar el año por debajo del 3% y salir del brazo correctivo de Bruselas.

¿Ha contribuido esta incertidumbre a la solución dada por el Gobierno al asunto? Desde el Ministerio de Hacienda se asegura de forma tajante que no, pero tampoco se aportan las cifras que permitirían asegurarlo de forma fehaciente. Entre los escasos datos concretos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofreció este lunes sobre el particular concretó que el impacto presupuestario esperado ascendía a unos 1.200 millones de euros, pero evitó precisar qué parte de esa factura se cargaría al ejercicio de 2018 y qué parte al de 2019.

¿Por qué no se practica la devolución de forma automática?

Hacienda ha tomado la precaución de modular en dos ejercicios la devolución de las cuantías pendientes. Las madres y padres que percibieron sus correspondientes prestaciones por maternidad y paternidad entre 2014 y 2015 tendrán hasta final de año para reclamar las cantidades retenidas indebidamente por Hacienda y percibirán el dinero que le corresponde "lo antes posible". Todo apunta a que lo que se reclame este año se cargará al déficit de 2018. 

Las reclamaciones y devoluciones restantes se cargarán a 2019. El Ministerio de Hacienda se resistió a dar una estimación del coste presupuestario que se cargará a cada ejercicio bajo el argumento de que hasta que no reciban las solicitudes no podrán estimar la factura.

Y ése es otro asunto controvertido. Los contribuyentes perjudicados por la práctica de Hacienda de aplicar el IRPF a las prestaciones por maternidad y paternidad tendrán que reclamar las cantidades que indebidamente les cobraron para ser resarcidos. Hacienda presume de haber habilitado un sistema ágil y sencillo para que los afectados puedan reclamar su dinero a través de la web de la Agencia Tributaria, pero ni comunicará de forma expresa a los beneficiarios su condición de tales ni realizará ninguna campaña informativa sobre el particular, lo que algunas voces han interpretado como una maniobra para reducir la factura derivada del cumplimiento de la sentencia.

De otro modo, las madres y padres que por el motivo que sea no estén al tanto de la actualidad o no tengan por costumbre consultar la web de la Agencia Tributaria lo tendrán algo más difícil para hacer valer sus derechos e incluso podrían no percibir lo que por derecho les corresponde. La pérdida sería significativa. Según los cálculos de Hacienda, la devolución media será de 1.600 euros en el caso de las madres y de 383 euros en el caso de los padres.

La pregunta que se plantea es si Hacienda dispone de toda la información y únicamente pedirá a los beneficiarios su DNI y un número de cuenta para hacerles el ingreso, ¿por qué no resarce de oficio a las madres y padres afectadas? Fuentes tributarias avanzan una explicación que tiene que ver con la tradicional praxis administrativa: "En general, la Administración solo puede modificar sus propios actos y devolver de oficio cuando se haya detectado un error de hecho en su proceder. En este caso se trata de un cambio de interpretación en los tribunales y por tanto el procedimiento adecuado es la reclamación".

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