El Ministerio de Hacienda quiere aprovechar la inminente Campaña de la Declaración de la Renta para aflorar cientos de millones de euros en bienes y derechos en el extranjero que un puñado de contribuyentes españoles ha mantenido ocultos a los ojos del Fisco, saltándose la obligación legal de declararlos a través del modelo 720, y que la Agencia Tributaria tiene ahora en el punto de mira gracias a la información recibida de las administraciones tributarias de otros países a través del nuevo modelo de intercambio de datos fiscales (CRS) de la OCDE.
En los últimos meses la Agencia Tributaria ha agregado a su ya potente base de datos 1,6 millones de nuevos registros con información sobre cuentas, acciones y todo tipo de derechos y bienes mantenidos en el extranjero por contribuyentes españoles del centenar de países que se han adscrito al esquema de intercambio de información de la OCDE. Según reveló en su día, el director general del organismo encargado de la lucha contra el fraude fiscal, Jesús Gascón, esos registros sumaban un valor total cercano al medio billón de euros.
No todos ellos estaban fuera del radar del Fisco. Gascón precisó en su momento que esa información se había recibido en bruto y que, por tanto, buena parte de ella podía coincidir con bienes y derechos ya declarados por los contribuyentes en la Declaración Tributaria sobre Bienes y Derechos en el Extranjero activada por Cristóbal Montoro en 2012 para aflorar todos los patrimonios de contribuyentes españoles superiores a los 50.000 euros que se localizaran fuera de España, o bien no fuera susceptible de esa obligación por estar por debajo de ese valor.
Desde entonces, la Agencia Tributaria se ha afanado en filtrar ese ingente volumen de información, según aseguran fuentes del organismo, para detectar duplicidades y eventuales incumplimientos: contribuyentes residentes en España que no han declarado todos los ingresos que tienen en el exterior, contribuyentes que no se consideran residentes pero que deberían reclasificarse como tales y contribuyentes no residentes con obligaciones incumplidas en España. Una labor titánica que según fuentes de la Agencia Tributaria y también del ámbito de la asesoría fiscal ya ha dado lugar a la apertura de alguna actuación puntual de la Inspección de Hacienda, pero no ha tenido un alcance masivo.
Hacienda sospecha que esa nueva información de la que dispone -y en la que aún se está trabajando- tiene un enorme potencial para aflorar bienes y derechos hasta ahora ocultos para el Fisco y quiere aprovechar, como ya ha hecho en otras ocasiones, la Campaña de Renta para forzar un proceso de regularización masiva por la vía rápida.
El plan de actuación en el que está trabajando la Agencia Tributaria, según revelan fuentes del ámbito fiscal, ya se ha utilizado en otras ocasiones y su objetivo es forzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones pendientes por parte de los contribuyentes. La estrategia para lograrlo pasa por la introducción en el programa Renta Web de una alerta mediante la cual se advierte a los contribuyentes con rentas y patrimonio en el extranjero de que la Agencia dispone de nueva información sobre el particular y se recuerda la obligación legal de revelarla so pena de verse sometido a una actuación inspectora.
La estrategia ya se ha utilizado con éxito en el pasado, por ejemplo en 2014 cuando se activó el modelo 720 -que obligaba a regularizar las rentas obtenidas en el extranjero que no se habían declarado hasta ese momento-; en 2017, cuando miles de contribuyentes tuvieron que regularizar las rentas percibidas por la sentencia que obligó a los bancos a devolver el efecto de las cláusulas suelo; o más recientemente con la información recibida por la Agencia de portales tipo AirBnB sobre rentas derivadas de inmuebles puestos en alquiler por los contribuyentes.
Un potente canal de recaudación para la lucha contra el fraude
La Agencia Tributaria rehúsa confirmar o desmentir que se vaya a introducir esta alerta en la Campaña de Renta de 2018 y se remite a la presentación oficial de la campaña para revelar tal extremo. Sin embargo, fuentes del ámbito fiscal aseguran que la decisión está ya tomada e incluso desde la Agencia se admite que hacerlo sería "razonable".
La maniobra tendría dos ventajas fundamentales para la Agencia Tributaria. Por una parte, la regularización voluntaria descargaría a los servicios de la Agencia de horas y horas de trabajo administrativo para cruzar la información disponible hasta detectar los posibles incumplimientos y también de la investigación posterior para acreditar la trascendencia fiscal de la ocultación de esos bienes y derechos no declarados. Por otra, aceleraría el ingreso no solo de las cuotas no declaradas, que se tendrían que regularizar en la Declaración de la Renta, sino también de las sanciones y los recargos derivados del incumplimiento de la obligación de revelar la existencia de ese patrimonio en el modelo 720.
De este modo, el contribuyente 'sólo' se vería obligado a abonar 100 euros por cada dato fiscal no declarado en el pasado, porque la multa por este mismo hecho que se impone si es la Agencia Tributaria la que decreta esa regularización se eleva hasta 5.000 euros por dato no declarado.
Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales y uno de los promotores del proceso que se sigue en Europa contra el modelo 720 español, explica que un contribuyente que haya ocultado bienes en el extranjero y quiera regularizar su situación fiscal aprovechando la próxima Campaña de Renta debería declarar las rentas y el patrimonio ocultadas de este año y de todos los ejercicios anteriores en que éstas existieran, y también presentar el Modelo 720 por todos y cada uno de los ejercicios en que no se hubiera presentado.
El riesgo de que el modelo 720 acabe en el Tribunal Europeo
Hay un último factor en este ecuación que también alienta una actuación de la Agencia Tributaria para favorecer el cumplimiento voluntario. El modelo 720 lleva cuatro años en el punto de mira de la Comisión Europea que considera que es discriminatorio y desproporcionado, y que no se ajusta al Derecho Europeo.
La Comisión Europea desmontó la última baza de defensa del Gobierno español tras rechazar las alegaciones presentadas por éste, en la época del Gobierno de Mariano Rajoy, al Dictamen negativo de Bruselas. Ahora, el asunto está pendiente de que Bruselas sustancie el trámite de llevar el modelo 720 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una vía que podría comprometer a futuro cualquier actuación que realice la Administración Tributaria por esta vía contra los contribuyentes.
Hay que recordar que uno de los puntos de la regulación del modelo 720 que ha desencadenado la actuación de Bruselas es el gravoso régimen sancionador impuesto por el Estado español que en algunos casos puede hacer, según precisa la propia Comisión, que la suma de las infracciones, recargos y multas impuestas a los contribuyentes exceda el valor de los bienes no declarados en algo que se estima desproporcionado.
Fuentes jurídicas mantienen que una eventual resolución en contrario del Tribunal Europeo podría desencadenar una ola de reclamaciones de contribuyentes por las multas soportadas y una factura elevada para las arcas del Estado. Según fuentes conocedoras del proceso, Bruselas podría enviar el expediente al Tribunal de Luxemburgo en los dos próximos meses para no esperar a las elecciones europeas.
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