Hacienda exigirá que se le informe de todas las operaciones con criptomonedas

El Gobierno no se fía de la operativa asociada a las criptomonedas y va a establecer todos los controles legales posibles para controlar cada operación que los contribuyentes hagan con monedas virtuales tanto dentro de España como fuera. Para empezar, establecerá la obligación de que las plataformas informen a la Agencia Tributaria de todos los titulares de cuentas y de los beneficiarios de las operaciones que se hagan con criptomonedas.

Hacienda también exigirá información detallada sobre sus operaciones con criptomonedas a todos los contribuyentes aficionados a la operativa en este tipo de divisas virtuales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva ley de lucha contra el fraude establecerá la obligación legal de que informen a la Agencia Tributaria -no ha especificado cómo- de todas las operaciones realizas con criptomonedas y también de sus activos formalizados en esta clase de divisas virtuales que mantengan en el extranjero.

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Si no lo hacen serán duramente sancionados, ya que esta obligación se vehiculará a través de la Declaración de Bienes en el Extranjero, cuyo incumplimiento, ya sea por omisión o por no aportar toda la información disponible, acarrea multas a razón de 5.000 euros por cada dato omitido. Hay que decir que este régimen solo opera sobre los contribuyentes con bienes en el extranjero por un valor agregado superior a los 50.000 euros.

Medidas que forma parte de todo un plan de lucha contra el fraude fiscal con el que el Gobierno pretende recaudar algo más de 800 millones de euros, mediante la limitación del pago en efectivo entre profesionales de los 2.500 euros actuales a 1.000 euros; multas de hasta 150.000 euros a los fabricantes de software de doble uso; el reforzamiento del listado de morosos, con la aparición de deudores a partir de 600.000 euros (ahora está en un millón); la ampliación del listado de paraísos fiscales, y prohibición por ley de las amnistías fiscales, entre otras medidas.

A esos 800 millones de euros de la lucha contra el fraude fiscal se sumarían otros más de 2.000 millones de la creación de dos figuras tributarias que se han ejecutado hoy de manera urgente: 1.200 millones del impuesto digital y otros 850 millones del impuesto sobre las transacciones financieras. El primero gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Y el segundo consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.

En total, 2.800 millones de euros en recaudación que el Gobierno promete a Bruselas para cuadrar las cuentas públicas. Y es que el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para aprobar un paquete exprés de medidas fiscales que gusten a las autoridades europeas, que esta misma tarde remitirán a la Moncloa una carta en la que pedirán información adicional sobre el proyecto presupuestario enviado el pasado viernes.

"Hoy empezamos a cumplir con los compromisos que adquirimos en ese documento", ha dicho Montero. Aunque la ministra se ha encargado de recordar lo que dijo el presidente Pedro Sánchez ayer en Bruselas –que las autoridades comunitarias habían manifestado al Ejecutivo español su confianza en el proyecto presupuestario y que la carta que llegará en las próximas horas "entra dentro de la normalidad"– sí ha admitido que era "muy importante" que el Consejo de Ministros aprobase hoy mismo estas medidas para dar solidez al plan presupuestario.