Balance Lucha contra el Fraude 2017

Hacienda explota la amnistía fiscal para crear un censo de ricos 'bajo sospecha'

La Agencia Tributaria avisa: rastreará la información fiscal de familiares, amigos y socios de los sospechosos para aflorar posibles redes de fraude.

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. / EFE

La Agencia Tributaria ha aprovechado la información recabada con la amnistía fiscal (modelo 720), con el proceso de declaración voluntaria de bienes no declarados en el extranjero (750) y con otras fuentes tributarias de origen diverso, como la información extraída de los 'Papeles de Panamá', para elaborar un censo de grandes patrimonios bajo sospecha y realizar actuaciones específicas sobre ese grupo de contribuyentes peligrosos desde el punto de vista fiscal, claro.

El 'brazo armado' de Hacienda para la lucha contra el fraude empezó a utilizar este registro de sospechosos el año pasado y acaba de revelar sus resultados. Las actuaciones realizadas sobre este grupo han permitido al Fisco exigir 332,8 millones de euros a este grupo de contribuyentes y, según fuentes de la Agencia Tributaria, incrementar también de forma exponencial el fraude aflorado en este segmento. ¿De qué perfiles estamos hablando? "En general de contribuyentes con un patrimonio superior a los 10 millones de euros, pero también de contribuyentes que están por debajo de ese umbral pero que se consideran especialmente relevantes", explican desde la Agencia.

Estas actuaciones no habrían sido posibles sin determinadas iniciativas - algunas muy controvertidas- puestas en marcha en los últimos años como el proceso de regularización extraordinaria, más conocido como amnistía fiscal; el procedimiento de declaración voluntaria de bienes en el extranjero; u otras más recientes como los acuerdos de intercambio automático de información con la Administración Fiscal de EEUU (Modelo Fatca) o con el resto de países de la OCDE.

Ese tremendo flujo de información unido a las nuevas dotaciones tecnológicas han permitido a la Agencia Tributaria realizar "una explotación masiva" y más afinada del bruto de información a su disposición. A partir de herramientas de big data, el organismo ha conseguido aislar un grupo de grandes contribuyentes de alto riesgo y configurar un registro, que sirve y servirá como referencia al batallón de inspectores de la Agencia para dirigir mejor sus pesquisas en su búsqueda de redes de fraude. 

Familia y otras relaciones

La explotación de esa información se realizará de manera directa, a partir del análisis de la información disponible, pero también indirecta..."No solo analizamos la información que se puede atribuir a un contribuyente concreto sino también la que se le puede atribuir de una forma indirecta por sus participaciones societarias, sus relaciones familiares o su relación con otros contribuyentes con los que tengan algún tipo de relación", aseguran desde la Agencia Tributaria.

Un control en toda regla, que servirá a los equipos de la lucha contra el fraude perseguir con mayores probabilidades de acierto las irregularidades más comunes en el ámbito de los grandes patrimonios, que según Hacienda son los esquemas de planificación fiscal agresiva, la configuración de entramados societarios para ocultar o diluir el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, la manifestación externa de un poder adquisitivo superior al efectivamente declarado (el típico caso del mileurista con un automóvil deportivo o una vivienda de lujo) y la ocultación de activos en el exterior.

LA CIFRA

332,8 MILLONES DE EUROS

Es el volumen total de cuotas exigidas a grandes contribuyentes de alto riesgo en el curso del ejercicio de 2017

"Esta nueva herramienta nos permitirá realizar un tratamiento especializado de la información, rastrear la evolución de la situación de los contribuyentes e incluso realizar una gestión de cobro más eficaz", subrayan desde el Fisco. No se trata de asuntos menores. En el balance de las acciones de lucha contra el fraude correspondientes a 2017, la Agencia Tributaria ha destacado de forma singular la eficacia de las nuevas medidas adoptadas desde la Administración Tributaria para garantizar el cobro de las deudas fiscales.

La ampliación de la tipología de casos en los que la Agencia puede ordenar la adopción de medidas cautelares para evitar maniobras de vaciamiento patrimonial ha permitido a los servicios de la lucha contra el fraude incrementar este tipo de actuaciones hasta un 40%. En este ámbito se encuadran la retención de devoluciones tributarias, el embargo preventivo de bienes y derechos o la prohibición de enajenar determinados bienes y derechos. Con la aplicación de estas cautelas y de otras estrategias como la de aplicar la derivación de responsabilidad a terceros vinculados o la investigación de movimientos financieros orientados a mover de manera ficticia un determinado patrimonio se ha conseguido reducir por tercer ejercicio consecutivo el volumen global de deuda pendiente de cobro por parte de la Agencia Tributaria.

Desde el máximo que marcó en 2014, con 50.226 millones de euros, el año pasado esa cifra cayó a 42.365 millones de euros. Ésa es la cifra que el erario público considera que tiene pendiente de pago por retrasos en el pago de obligaciones fiscales, aplazamientos para acomodar los plazos de pago a la capacidad de los contribuyentes o suspensiones por procedimientos judiciales pendientes de resolución. 

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