El PP ha activado toda su artillería para desmontar el polémico informe de la Abogacía del Estado en el que se escuda la ministra de Hacienda en funciones para retener 4.700 millones que le corresponden a las comunidades autónomas. La punta de lanza de esta estrategia es un informe jurídico de la Xunta de Galicia en el que se van a apoyar los barones populares para conseguir doblegar al Gobierno de Sánchez. La Información ofrece el documento completo. Se avecina, por tanto, una dura batalla contra el Ejecutivo central a cuenta de la financiación autonómica.
El informe está firmado por la asesoría jurídica general de la Xunta, un órgano dependiente de Vicepresidencia y de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. La principal conclusión es clara: "El sistema de financiación autónomico, del que es parte integrante esencial el regimen de entregas a cuentas, debe ser cumplido por el Gobierno estatal, con independencia de que se encuentre o no en funciones".
El documento de 35 páginas es un torpedo a la línea de flotación del argumentario de Hacienda para no desbloquear esos 4.700 millones. El informe de la Abogacía, que Montero encargó con carácter de urgencia, recomendaba al Gobierno no realizar esa transferencia: "Por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas". Añadía el documento que si procede a desbloquear ese dinero establecería "nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno, por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos".
Ante esas afirmaciones, el informe de la Xunta responde que las entregas a cuenta constituyen un "elemento esencial del sistema de financiación" de las autonomías y que en sus presupuestos se encuentran calculadas esas cantidades. Añade el documento que la doctrina del Tribunal Constitucional es "favorable a la adopción de normas dirigidas a la realización de adaptaciones puntuales y necesarias con los presupuestos prorrogados".
"En casos de situación de prórroga presupuestaria, con la consiguiente falta de ajuste consecuencia de los presupuestos prorrogados", se podría "habilitar una norma de adaptación con el fin de garantizar la acomodación de los presupuestos". La asesoría jurídica de la Xunta concreta que esa norma podría adoptar la fórmula del real decreto ley.
El informe jurídico también afirma que la actualización de las entregas a cuenta son un asunto que podría justificar el ámbito competencial de un Gobierno en funciones, según se recoge en el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre: "Despacho ordinario de los asuntos públicos", "urgencia" e "interés general". Así, liberar los 4.700 millones sería un razón de "urgencia" e "interés general" que no se embarcaría dentro de un "programa político de Gobierno".
Este es el informe completo de la Xunta que va a provocar la batalla entre el PP y Hacienda:
¿Cuánto debe Hacienda a las CCAA?
La Comunidad de Madrid debería recibir este año de Hacienda un total de 1.110 millones: 733 que le corresponden por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y otros 377 por la liquidación definitiva del IVA del ejercicio de 2017, la del mes 'trece' por la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII). Andalucía reclama otros 400 millones por el impuesto (no ha detallado cuánto debería recibir por las entregas a cuenta). Galicia tendría que ingresar 700 millones. Y Castilla y León, 420 millones. Lo mismo ocurre con autonomías gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares o la Comunidad Valenciana. Y con Cataluña, a quien Hacienda debe 1.317 millones de euros y que ya ha dado el primer paso para emprender acciones legales. En total Hacienda mantiene retenidos 4.700 millones por las entregas a cuenta y 2.500 por el IVA. 7.200 en total.
A esta "asfixia económica" que, según denuncia el PP, está sometiendo el Gobierno en funciones de Sánchez a las autonomías, se suma que el Consejo de Ministros no ha aprobado a día de hoy la senda de estabilidad y el techo de gasto no financiero. Y tampoco tiene intención de hacerlo antes de lograr la investidura o unas nuevas elecciones el 10 de noviembre. "Es un incumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria", denuncian a La Información desde el equipo económico de Génova.
Ante esta situación Génova va a exigir a Hacienda que proceda a abonar dichas entregas a cuenta. Creen que el informe que el Ministerio de Montero encargó a la Abogacía no tiene credibilidad y que un Gobierno en funciones sí debería proceder al mismo. De momento otras comunidades han pedido a la Xunta el documento para continuar la ofensiva y recibir unos recursos que podrían provocar tensiones de tesorería en los territorios y obligar a algunos barones, también del PSOE, a hacer recortes.
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