El año pandémico llega a su fin y toca presentar cuentas. Bruselas abrió la veda para desviar el destino de los fondos FEDER cuando el virus aterrizó en Europa. ¿La prioridad? Asegurar liquidez para las pymes y una respuesta eficaz a la crisis en la Sanidad. La Comisión Europea optó por sacrificar las órdenes de cobro para los importes recuperables de dichos fondos en relación a las cuentas anuales de 2020. Fue una concesión con condiciones. "Los Estados miembros deben utilizar los importes no recuperados para acelerar las inversiones relativas al brote de Covid‐19". El ministerio de Hacienda, en este contexto, dio luz verde a las CCAA para destinar, al menos, 3.200 millones "sin asignar ni ejecutar" de estas ayudas a sufragar el gasto sanitario. A menos de un mes para final de año, la cartera ultima la fiscalización de la factura del Covid antes de pasarle el recibo a Bruselas.
El diario Oficial de la Unión Europea del 31 de marzo recogió el viraje en el orden de prioridades de los Fondos FEDER. A partir de ese momento, sus partidas podrían contribuir a parchear la escasez de liquidez en las cuentas estatales. "Debe proporcionarse a los Estados miembros más flexibilidad para la ejecución de los programas y debe contemplarse un procedimiento simplificado que no requiera una Decisión de la Comisión para modificar los programas operativos". A diferencia de los 16.000 millones del Fondo COVID que el Gobierno extendió a las CCAA a fondo perdido, Bruselas no firmó un cheque en blanco.
"Debe aclararse la información que habrá de presentarse a la Comisión acerca de dichas modificaciones", matizó el documento con sello europeo. Y en esas se encuentra la cartera de María Jesús Montero desde el pasado 1 de agosto, cuando el departamento encargó a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A., S.M.E., M.P. (Isdefe), entre otras tareas, la auditoría de una oleada de recibos derivados de las operaciones frente a la COVID-19. El documento publicado en el portal de contratación del Estado deja en manos de Isdefe "la verificación del gasto certificado por los beneficiarios al FEDER en las operaciones recogidas en las actuaciones anteriores" y concreta que "se prestará apoyo en la incorporación de los resultados de las mismas en la correspondientes Solicitudes de Reembolso".
El importe máximo del encargo asciende a 1.744.250,27 euros a ejecutar en dos años. Desgranado, el monto total se traduce en una facturación mensual estimada de 72.677,10 euros, siendo responsabilidad de la empresa pública la aportación de todos los medios informáticos necesarios para llevar a cabo los servicios. La magnitud de la tarea abre la puerta a que Isdefe contrate, a su vez, a terceros, siempre que no esto no exceda el 50% del monto total del acuerdo y nunca sin el visto bueno de la cartera. Y es que una de las razones que alega el ministerio para la selección del Isdefe es que, como Medio Propio, ofrece "las mayores garantías de confidencialidad".
El grueso de las citadas desviaciones en las ayudas europeas fueron esos 3.200 millones. Además, el Ejecutivo también dio vía libre a las CCAA para modificar el destino de las operaciones que, estando asignadas, no se hubieran ejecutado. La otra cara de las operaciones para hacer frente al tsunami del virus se tradujo en un despliegue de contratos de emergencia.
El caos de la primera ola disparó las adjudicaciones 'a dedo'. El pasado 30 de abril, la cartera de María Jesús Montero publicó un informe sobre los principios de publicidad en los contratos de Emergencia. Al término del primer envite Covid, la Comunidad de Madrid fue la que registró un mayor número de contratos por esta vía -hasta 158-, mientras que en el ámbito local destacó Andalucía -con 52-. El informe señaló al Gobierno central como la Administración que más recurrió a esta clase de adjudicaciones, sin publicidad, al acaparar casi el 90% del presupuesto base de licitación del total de los contratos tramitados por vía de emergencia.
Lejos de revertirse, el impacto de una segunda ola que llegó antes de tiempo mantuvo esa corriente de contratos de urgencia, siempre con el telón de fondo de la pandemia. El Ministerio de Hacienda también tendrá que responder de estas prácticas ante la Comisión Europea. Y Bruselas estrecha el cerco. "La adjudicación directa a un operador económico preseleccionado sigue siendo la excepción, si solo una empresa es capaz de cumplir los condicionantes que impone la extrema urgencia". El Gobierno de España deberá justificar la elección de recurrir a la vía de emergencia a través de un informe individual, que solo obtendrá el visto bueno de Bruselas si demuestra que, en cada caso, concurrieron "sucesos imprevisibles para el poder adjudicador en cuestión".
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