La Agencia Tributaria chequeará que los beneficiarios de las líneas de financiación con aval del Estado puestas en circulación por el ICO cumplen de forma efectiva con sus obligaciones fiscales en los términos en los que está regulado dicho instrumento, ideado para proporcionar liquidez al tejido productivo. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) está ultimando con la Agencia Tributaria las condiciones en que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda podrá realizar esa labor de control que tiene como principal objetivo garantizar que los beneficiarios de esa financiación destinan la misma a los fines de refuerzo de la liquidez marcados por el Ejecutivo: pago de salarios, alquileres u otros gastos fijos; pago a proveedores; y pago de vencimientos de financiación y de obligaciones tributarias.
El presidente del instituto de crédito, José Carlos García de Quevedo, reveló en una charla virtual organizada por el Consejo General del Colegio de Economistas de España que más allá de los controles de riesgo 'ex ante' que están ejecutando las entidades financieras a la hora de conceder los créditos vinculados a esta línea, que deben garantizar entre otras cosas que la empresa no tiene ninguna cuenta pendiente con Hacienda o la Seguridad Social, se realizarán una serie de controles a posteriori por parte del propio ICO, pero también de otras entidades como el Banco de España, la Agencia Tributaria o incluso la Comisión Europea.
Fuentes de la Agencia Tributaria aclaran que, en su caso, el esquema está todavía en negociación, si bien desde el ICO lo dan ya por hecho. La premura forzada por las circunstancias por poner en marcha el mecanismo ha hecho que nazca con algunas lagunas burocráticas, que están ralentizando un tanto su operativa y que el instituto crediticio pelea contrarreloj por resolver.
El ICO, por ejemplo, debe velar por que esos 100.000 millones de euros no sean utilizados por las empresas para regularizar deudas pasadas, incluidas las tributarias, sino solo para atender necesidades de tesorería generadas a raíz de las crisis del coronavirus. El presidente del instituto ha querido dejar muy claro que "no es posible regularizar deudas antiguas con el aval del Estado" y que cualquier empresa que figure con deudas pendientes de pago en la Central de Información de Riesgos del Banco de España tiene vetado el acceso a la financiación con aval estatal en tanto no regularice su situación. Para chequear esa información en el caso de las deudas tributarias, el ICO necesita de la colaboración de la Agencia Tributaria, tanto para confirmar si existen o no deudas fiscales pendientes, como para comprobar las eventuales regularizaciones que se realizaran para poder tener acceso a la financiación, según explican fuentes financieras.
Por otra parte, la Agencia también necesita que fluya la información para chequear que las empresas financiadas con aval estatal cumplen de forma efectiva con las obligaciones fiscales que tienen por delante y para rastrear que los aplazamientos sin interés de demora concedidos a empresas solicitantes de préstamos ICO que están pendientes de recibir financiación son fiables y no una maniobra para dilatar obligaciones fiscales aprovechando el esquema de ayudas del Gobierno.
Bajo la lupa de Bruselas y del Banco de España
Son muchos los ojos que vigilarán que esa financiación se preste en condiciones. Entre ellos, los de la Comisión Europea, siempre atenta a identificar situaciones que puedan enmascarar ayudas de Estado. Una de las restricciones que ha provocado más quejas de organizaciones empresariales y consultores es la imposibilidad de que la financiación con aval del Estado habilitada por el Gobierno no pueda ser utilizada por empresas en concurso de acreedores, cuyas opciones de salir de esa situación se minimizan en un escenario como el actual. El presidente del ICO aclaró en la charla virtual organizado por el Consejo de Colegios de Economistas que este límite no es ningún capricho sino un imperativo de la normativa europea que exige que esa financiación extraordinaria no pueda llegar a empresas en concurso de acreedores, lo que no impide, aclaró García de Quevedo, que las entidades financieras puedan prestarles financiación en los términos que consideren oportunos "pero no con el aval del Estado".
La Comisión Europea realizará controles a posteriori sobre la financiación transferida al tejido empresarial con cargo a la líneas ICO para garantizar que se ha cumplido la normativa europea. El Banco de España, que ha relajado las cautelas de sus mecanismos de garantía de la estabilidad financiera, para permitir temporalmente que las entidades financieras respalden la liquidez del tejido productivov sin comprometer sus posiciones de capital, también realizará un control 'ex post' del comportamiento de las entidades financieras con las líneas ICO para cumplir con sus obligaciones de supervisión.
Según el último balance oficial hecho público por la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, las entidades financieras han registrado en el ICO más de 187.000 operaciones de financiación con cargo a los dos tramos de 20.000 millones de euros con aval estatal habilitados por el Gobierno, que han inyectado 24.452 millones de euros en el tejido productivo, de los cuales 18.767 millones de euros (el 76%) están avalados por el Estado.
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