La reforma de la ley del aborto que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes no incorporará la supresión del IVA de los productos de higiene femenina por la que está presionando el Ministerio de Igualdad. Así lo adelantan a La Información fuentes del Ministerio de Hacienda que revelan que, en estos momentos, la medida no está sobre la mesa. En los últimos días se han intercambiado distintos borradores con propuestas diferentes y durante las próximas jornadas previas al cónclave ministerial los socios del PSOE y Unidas Podemos seguirán negociando en el seno del Gobierno, pero todo apunta a que la eliminación de la 'tasa rosa' no saldrá adelante en esta ley. Seguirá siendo una reivindicación histórica.
El borrador de Igualdad plantea eliminar el IVA actual del 10% a los productos de higiene femenina, como son las compresas y los tampones. De este modo, Irene Montero da un paso más en su lucha por reducir el gravamen a estos productos que son de primera necesidad para las mujeres. Hay que recordar que esta medida es un compromiso presupuestario del Gobierno de coalición, que en varias ocasiones ha coqueteado con la idea de rebajar el tributo hasta el tipo superreducido del 4%, pero que hasta ahora no ha dado el paso por la negativa del socio mayoritario en las distintas negociaciones presupuestarias. Ahora la ministra de Igualdad apuesta directamente por una supresión total del impuesto, pero vuelve a encontrarse con las reticencias de la titular de Hacienda.
Desde el departamento que dirige María Jesús Montero aseguran que la medida ni siquiera se ha debatido en el seno del Gobierno, que en Hacienda, directamente, no les consta, y que el borrador que ha trascendido de la ley del aborto es antiguo. Otras fuentes del entorno de la ministra de Hacienda adelantan que la supresión del IVA de los productos de higiene femenina no estará dentro del paquete de medidas que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes. Por su parte, desde Igualdad defienden que el acuerdo de Gobierno dice expresamente que este gravamen debe reducirse hasta al menos el 4% y que van a seguir presionando al PSOE hasta el final para sacar adelante una medida que, según sus cálculos, tendría un coste, en términos de merma de ingresos tributarios, de unos 30 millones de euros.
En el plan presupuestario de 2019, que fue rechazado, el Gobierno estimó que la rebaja del IVA a los productos de higiene femenina al tipo superreducido del 4% tendría un impacto de 18 millones de euros. Precisamente, en la propuesta de reforma fiscal de Unidas Podemos, presentada a principios de febrero de este mismo año, en el apartado del IVA se contempla "incluir dentro de los bienes y servicios con tipo superreducido los productos de higiene femenina", que no la supresión del impuesto. En cualquier caso, sería una medida avalada por la UE, ya que el Ecofin ha aprobado recientemente una reforma de los tipos del IVA que permite a los países suspender este gravamen de forma permanente a una serie de productos y servicios que se considera que satisfacen necesidades básicas, entre los que se incluyen los productos de gestión menstrual.
No es la única medida que está frenando el flanco socialista. El Ministerio de Igualdad también ha propuesto en sus borradores habilitar bajas laborales para mujeres que sufran menstruaciones incapacitantes. En concreto, el departamento que pilota Irene Montero plantea que "la mujer trabajadora que padezca dismenorrea, de forma que le impida el desempeño de las funciones ordinarias del trabajo diario, tiene derecho a abstenerse de trabajar un máximo de tres días, prorrogables por dos días más si se justifica la necesidad mediante informe médico". Es decir, las bajas podrían ser de tres días al mes, que se podrían extender hasta un máximo de cinco días, siempre y cuando se acredite médicamente que el estado de salud por la regla incapacita a la trabajadora para desarrollar sus tareas con normalidad.
Pues bien, esta medida tampoco ha sido consensuada en el seno del Gobierno y desde el área socialista también muestran sus reticencias al respecto por considerar que puede suponer una estigmatización de la mujer y de la propia menstruación. Este jueves la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se mostraba tajante al respecto: "Este Gobierno está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres". La ministra de Asuntos Económicos evitaba matizar si considera que las bajas reguladas por menstruación contribuyen a esa estigmatización, pero añadía que se está evaluando qué medidas es necesario adoptar y cuáles ya están cubiertas por los distintos instrumentos legislativos disponibles, dado que actualmente los médicos pueden expedir bajas laborales por reglas dolorosas.
Las palabras de Calviño recibían la respuesta inmediata de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien afirmaba, tras comparecer en el Senado, que lo que "estigmatiza" es "no tener la sensibilidad suficiente" para comprender que los hombres y las mujeres son "diferentes". De esta forma, se mostraba "absolutamente de acuerdo" con la baja laboral por menstruación dolorosa. La medida, en cualquier caso, corresponde al departamento de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, quien este jueves se limitó a señalar que la discusión sigue abierta en el seno del Gobierno y que su posición respecto a esta ley pasa por "armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo".
Los borradores de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que han intercambiado los distintos ministerios involucrados en la norma también han incorporado, a propuesta del equipo de Irene Montero, un "permiso maternal preparto remunerado", una baja para el último mes de embarazo, a partir de la semana 36, sin necesidad de que existan complicaciones o riesgo de parto prematuro. Esta medida encajaría en las competencias del Ministerio de Trabajo y está por ver, en caso de salir adelante, si el permiso correría a cargo de la empresa. Con todos estos flecos sin cerrar, el Gobierno sigue negociando una norma con implicaciones de ámbito laboral que no ha sido debatida con los agentes sociales y que pretende aprobar el martes que viene en el Consejo de Ministros.
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