Hacienda frena los refuerzos a Calviño y Ribera hasta la activación del Fondo UE

En punto muerto hasta nueva orden. La revolución interna en los ministerios alentada por el Real Decreto de medidas de agilización administrativa - el texto que ha introducido los retoques legales necesarios para garantizar una ejecución ágil de los fondos europeos - y azuzada después en enero por los ministerios de Hacienda y Función Pública con el objetivo de llegar a la primavera con la estructura interna de la Administración del Estado preparada para empezar a ejecutar los fondos europeos ha entrado en fase de criogenización. El Gobierno ha decidido paralizar el proceso de evaluación de necesidades de capital humano de los ministerios y como consecuencia de ello el de cobertura de las mismas en tanto no desaparezca la actual incertidumbre que rodea el inicio de las inversiones asociadas a los fondos europeos, según han confirmado a La Información fuentes del Gobierno.

El parón amenaza sobre todo al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera, aunque también al Ministerio de Transportes y Agenda Urbana de José Luis Ábalos, llamados a ejecutar una parte mayoritaria de los fondos europeos del Next Generation EU y que, por tanto, necesitarán un mayor refuerzo de plantilla en los próximos meses. Así lo admite la instrucción aprobada el pasado mes de enero por Función Pública, que en aras a facilitar "la atención de las necesidades de los departamentos y organismos vinculados a la ejecución del Plan de Recuperación" declara el carácter preferente de los traslados de personal de la Administración desde otros departamentos hacia estos tres ministerios y la posibilidad de sustanciarlos en un plazo de tres días.

No será necesaria tanta prisa. Hace semanas ya que el Gobierno renunció a su plan original de enviar su Plan de Inversiones y Reformas a Bruselas en enero para tener el visto bueno de las autoridades europeas en febrero o marzo y lanzarse a ejecutar los famosos 27.000 millones de euros de fondos europeos 'pintados' en los Presupuestos de 2021 en el segundo trimestre del año. La lentitud del proceso de aprobación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en Europa, los obstáculos a su ratificación en algunos países europeos y las tensiones internas en el Gobierno en torno a la redacción de algunas de las célebres 30 fichas que se deben enviar a Bruselas han hecho que el Gobierno se apee de su ambicioso planteamiento inicial y ahora sólo aspire a remitir su plan si es posible con algunos días de antelación respecto a la fecha límite del próximo 30 de abril.

La ralentización del 'timing' para la futura ejecución de los fondos europeos ha paralizado también la reordenación interna de los ministerios que lleva asociada y que, según fuentes sindicales, podría traducirse en un cambio de destino o funciones para cientos de funcionarios. Las urgencias con que se manejaron el pasado mes de enero la Dirección General de Función Pública  para elaborar y aprobar en apenas una semana la instrucción que regula los movimientos de personal tanto dentro de los ministerios como entre departamentos, y que permite cambiar de función, de unidad e incluso de destino a los funcionarios en menos de tres días para facilitar la adaptación a las necesidades del Fondo de Recuperación, y Hacienda para reclamar a los ministerios que tuvieran preparado antes de que finalizara febrero un mapa completo de sus necesidades de personal, han terminado por diluirse.

Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que en puertas de iniciarse el mes de abril no disponen todavía de ese diagnóstico sobre las necesidades de personal de los diferentes ministerios que debía estar para finales de febrero y que, supuestamente, servirá de guía para la reorganización interna de la Administración, y los ministerios tampoco han comenzado todavía a elaborar las instrucciones específicas que regularán las cuestiones que se susciten cuando se empiece a cambiar a funcionarios de puesto o incluso de departamento. El asunto compete, por un lado, a Función Pública,  que gestionará y autorizará (o no) los traslados de funcionarios de un departamento a otro o de un ministerio a otro, y por otro también a Hacienda, que deberá autorizar en último término los eventuales pluses salariales que se abonen a los funcionarios recolocados y las posibles contrataciones de nuevo personal para hacer frente a la carga de trabajo.

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Y el asunto está lejos de ser pacífico. En un ámbito tan hiperregulado como la Administración Pública, cambiar la función a un empleado público, trasladarlo de ministerio o ponerlo a realizar a tiempo parcial una tarea que no es la propia de su puesto no es sencillo, y no sólo por la dificultad administrativa de hacerlo - que se el real decreto aprobado por el Gobierno resolvió por el 'artículo 33' - sino por las consecuencias retributivas de esos movimientos en un sector donde las tablas salariales son compartidas pero los complementos específicos y de destino, no.

Esa complejidad y la falta de definición de la instrucción emitida por Función Pública respecto a la eventual retribución de esas funciones especiales o respecto a las garantías para los trabajadores que vayan a ser trasladados es la que tiene molestos a los sindicatos, a los que el Gobierno ha dejado hasta ahora al margen de este proceso. Defienden que se regulen cosas como la priorización de la reasignación de funciones dentro de una misma unidad sobre los traslados de una unidad a otra, la voluntariedad a la hora de moverse, el orden en que se van a llamar a los aspirantes de las bolsas de interinos, los complementos salariales a percibir o la incidencia de esos traslados transitorios para cumplir funciones que en algunos casos pueden ser diferentes a las que venían desarrollando en la Administración sobre la carrera profesional a efectos de promociones o antigüedad.

Se supone que esos aspectos se definirán en las instrucciones internas de cada Ministerio. A la espera de que se avance en las reasignaciones de personal y las eventuales contrataciones de interinos, el mensaje de Función Pública a los ministerios - especialmente para esos tres más implicados en la ejecución del fondo - ha sido que vayan reservando los puestos de trabajo vacantes y pendientes de cubrir para reforzar las unidades que se encargarán de la gestión de los fondos europeos, que prioricen las comisiones de servicio hacia esos destinos y también que asignen a esas unidades a los funcionarios que se reincorporen desde una excedencia, con independencia de cual fuera su puesto anterior.