El Gobierno de Pedro Sánchez sigue actuando como si acabara de llegar al poder o, en todo caso, como si temiera perderlo en las próximas elecciones programadas para el 28 de abril. Al menos eso se deduce de la política de nombramientos que, un tanto a deshora, se van a llevar a cabo en la Agencia Tributaria y, para más señas, en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. La unidad encargada de fiscalizar a todas las empresas del Ibex y a las grandes fortunas del país está registrando estos días una serie de movimientos internos que afectan al nivel de dirección y coordinación de los jefes de equipo que gestionan las labores de inspección distribuidas en más de 20 sectores de actividad económica.
La llegada de Jesús Gascón a la dirección general de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) en junio del pasado año fue manejada por la ministra María Jesús Montero de una manera callada y silenciosa, sin provocar grandes cambios internos que pudieran alterar el normal funcionamiento del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la única reestructuración de alcance tuvo lugar precisamente en el citado departamento de Grandes Contribuyentes donde sus dos máximos responsables, Ignacio Huidobro y Eduardo Córdoba, fueron cesados de manera fulminante. En sus puestos figuran ahora Manuel Trillo como delegado central y su número dos Carlos Cervantes, antiguo director general de Inspección.
Desde entonces a esta fecha el grupo de operaciones especiales de la Hacienda Pública, encargado de lidiar con los principales patrimonios del país, ha estado actuando como una balsa de aceite y sin reparar en las distintas sensibilidades políticas que afloran en todos los grandes centros de poder existentes en la Administración del Estado. Ha sido en este preciso momento, cuando la legislatura encara lo que se conoce como los instantes finales de la basura, en el que la Agencia Tributaria ha decidido dar una ‘segunda mano de pintura’ como señalan los observadores más suspicaces y abordar unos cambios de última hora antes de que sea demasiado tarde.
La reestructuración en ciernes supone la salida de los dos únicos coordinadores del departamento que fueron designados en la última etapa del Gobierno del Partido Popular; Jesús Badás y Paula Ricca, quienes serán sustituidos por otros dos clásicos del cuerpo de inspectores fiscales como son Gaspar Caballo y Lola Bustamante. Se da la circunstancia de que Caballo sustituyó en su día, allá por 2010, a Bustamante en la dirección de Gestión Tributaria. Ambos son considerados como dos excelentes profesionales, pero bastante más cercanos al PSOE de aquellos otros a los que ahora van a relevar.
La recolocación de cargos en la Agencia Tributaria responde a la libre designación del director general pero el hecho de que Jesús Gascón haya esperado hasta el final para abordar los cambios ha suscitado las susceptibilidades entre los técnicos de Hacienda. La opinión generalizada no oculta las urgencias generadas a raíz del anuncio oficial disolución de Las Cortes por parte del presidente del Gobierno. De hecho, los relevos empezaron a conocerse hace dos semanas, coincidiendo con la comparecencia oficial de Pedro Sánchez, lo que ha motivado ciertos movimientos de análoga naturaleza en otros organismos estatales, como es el caso del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
'Martillo pilón' de las grandes fortunas
El Ejecutivo socialista ha colocado más de 500 altos cargos desde la moción de censura que catapultó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Los 84 diputados con que el PSOE ha tenido que manejarse a lo largo de esta legislatura han supuesto el más rentable ejercicio de poder de la historia reciente de la democracia en España y por eso muchos observadores políticos consideraban que el presidente del Gobierno se resistiría a llamar a las urnas hasta que no tuviera más remedio. Los cambios impulsados ahora desde el Ministerio de Hacienda evidencian que los responsables de la Agencia Tributaria eran también de la misma opinión.
La Delegación Central de Grandes Contribuyentes fue creada a partir del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 2005 y entró en funcionamiento operativo en enero de 2006. La unidad, integrada al más alto nivel dentro de la estructura funcional de la Agencia Tributaria, ha ido desarrollando una actividad esencial a la hora de ‘estrujar’ la capacidad recaudatoria en las liquidaciones fiscales de las grandes empresas que hasta hace pocos años pagaban un mínimo tipo efectivo del alrededor del 5% por Impuesto de Sociedades.
La campaña del exministro Cristóbal Montoro para aumentar las bases imponibles en el selectivo grupo empresarial del Ibex 35 otorgó especiales galones al citado departamento de la AEAT, que en 2016 aportó cerca del 45% de toda la deuda liquidada como consecuencia de inspecciones fiscales. A día de hoy, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, con sedes en Madrid y Barcelona y ramificaciones en todo el Estado, está considerada como el ‘martillo pilón’ con que Hacienda se hace valer cada vez que tiene que enfrentarse a cara de perro con los más poderosos agentes económicos del país.
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