La inflación, el contexto de generado por la guerra en Ucrania, la crisis energética... El Gobierno tiene la intención de subir el sueldo de los empleados públicos pero quiere hacerlo teniendo en cuenta todos los factores que han teñido de incertidumbre a las economías europea y española. Dado que ese alza irá incorporada en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 -que están en proceso de elaboración-, el Ejecutivo convocará la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para abordarla antes de llevar las cuentas al Congreso de los Diputados.
Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública explican a este diario que no estamos aún en ese momento, pero que hay conversaciones de carácter más interno para abordar el que es ya, de hecho, uno de los temas clave de los próximos Presupuestos. En los que están vigentes este año el Ejecutivo aprobó un alza de las nóminas públicas del 2%. Sin embargo, ante la escalada de la inflación (que se situó en agosto en el 10,4%, según el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística), los sindicatos de la función pública iniciaron hace unos meses una campaña para instar al Gobierno a negociar un nuevo alza de sueldo para este ejercicio.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ofreció a los representantes sindicales de los funcionarios debatir y acordar esa subida de cara al año que viene, en tanto que el Estado se ha visto obligado a asumir en 2022 un mayor gasto con las medidas extraordinarias que se han ido aprobando desde que se produjo la invasión de Ucrania a finales de febrero y la crisis energética empezó a agravarse. Eran inicialmente 16.000 millones de euros entre ayudas directas y rebajas fiscales, pero a ese paquete se han ido incorporando otras decisiones (entre las más recientes está la rebaja del IVA al gas del 21 al 5%).
En el sindicato mayoritario del sector, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aseguran que en la negociación con las Administraciones Públicas se les está dando la espalda. Explican que, tradicionalmente, el Gobierno empezaba a negociar los sueldos públicos con los representantes de los trabajadores y este proceso servía de punto de partida para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se tomaba como referencia, a la vez, para negociar los convenios privados.
En esta ocasión ese guión no se ha cumplido y consideran que se está "hurtando" una negociación legítima a la Mesa General de las Administraciones Públicas, que es el ámbito legal en el que se aborda este tema. "No es de recibo ni coherente que se inste a la CEOE a volver a la mesa para negociar con los sindicatos los convenios colectivos y el Gobierno, que es la patronal del sector público, no dé ejemplo", lamentan. Desde CSIF aseguran a 'La Información' que la negociación está congelada y que debe reabrirse cuanto antes para acercar los salarios de los funcionarios a una inflación sin precedentes.
En una convocatoria a los medios celebrada a comienzos de semana para anunciar la movilización que han convocado en Madrid para el próximo 24 de septiembre, el presidente del CSIF, Miguel Borra, incidía en que el problema viene de lejos. Solo el año pasado, cuando la tasa media del IPC se situó en el 3,1%, los salarios públicos se revalorizaron un 0,9%. Este ejercicio, la pérdida de poder adquisitivo es mucho mayor, puesto que los sueldos se han elevado un 2% y la subida media de la inflación está ligeramente por debajo del 9%.
"Si a eso sumamos la pérdida que tenemos acumulada desde que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero nos bajó los salarios (en 2010), los empleados públicos somos en este momento un 20% más pobres", zanjaba. En los más de cuatro años que Pedro Sánchez lleva en el Gobierno (su segunda legislatura comenzó justo antes de la pandemia, en enero de 2020) el sueldo de los funcionarios se ha revalorizado por encima del 7%.
El pasado mes de julio, la propia ministra María Jesús Montero, abrió la puerta a incluir la subida salarial de los funcionarios en el pacto de rentas que el Gobierno ha venido reclamando al sector privado. Desde Moncloa se ha solicitado a los agentes sociales que negocien ese acuerdo con un horizonte a tres años, de forma que en ese periodo los márgenes empresariales y las subidas salariales se moderen para contener así la inflación y evitar los temidos efectos de segunda ronda sobre la economía y una espiral de precios.
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