Antes de que decidiera rendirse y buscar una 'salida pacífica' con la Agencia Tributaria -previo pago de 18,8 de millones de euros-, Cristiano Ronaldo sustentó su defensa frente a las acusaciones de delito fiscal de la Administración Tributaria en dos argumentos básicos: las supuestas diferencias internas en la Inspección respecto a la tramitación del 'Caso Ronaldo' como delito fiscal y la ausencia de un criterio claro de actuación por parte de la Agencia respecto a la tributación de los ingresos por derechos de imagen de deportistas de altísimo nivel.
La trayectoria vital de esta estrategia judicial, y de la lucha de CR7 por no admitir su culpabilidad, acabó el día que el directivo supuestamente díscolo de la Agencia Tributaria -el responsable de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), Néstor Carmona- negó ante la jueza del caso discrepancia alguna con la posición de la Agencia Tributaria y respaldó la decisión de enfocar el asunto por la vía penal, pero eso no ha impedido que quedara una sombra de discrecionalidad sobre la actuación de la Administración Tributaria y la duda -alimentada por el propio afectado- de si se habría actuado igual en el caso de que el afectado fuera un deportista menos ilustre.
La nueva Dirección de la Agencia Tributaria entiende que este tipo de insinuaciones afecta a la reputación del organismo y es, además, perfectamente evitable, y por ello ha empezado a trabajar para que se hagan públicos en su página web los criterios aplicados por la Inspección para sancionar en aquellos tipos de fraude más frecuente y más controvertido, según aseguran fuentes del mundo de la asesoría fiscal y confirman fuentes de la Agencia Tributaria.
Según las fuentes consultadas, este 'levantamiento de velo' sobre los criterios hasta ahora confidenciales seguidos por la Inspección de Hacienda a la hora de sancionar persigue, por un parte, aumentar la transparencia del sistema y proporcionar a los profesionales de la asesoría fiscal un referente claro sobre las actuaciones que la Agencia Tributaria va a considerar como irregulares; y por otra desactivar los discursos oportunistas que apelan al desconocimiento o a la supuesta ausencia de un criterio asentado por parte de la Agencia Tributaria para justificar determinadas irregularidades o incluso armar su defensa legal.
"Lo veo positivo. Es muy probable que si esto se llevara haciendo desde hace algunos años nos hubiéramos ahorrado muchas de las polémicas que se han generado en torno al uso, por ejemplo, de las sociedades patrimoniales, ya que hubiéramos sabido a ciencia cierta qué es lo que Hacienda consideraba ilegal y qué no lo era", asegura un profesional de la Agencia Tributaria con más de dos décadas de experiencia consultado por La Información.
El asunto levanta más discrepancias entre los profesionales de la asesoría fiscal. Unos lo ven como un avance y como un 'puerto seguro' que permitirá a los profesionales conocer de primera mano lo que la Inspección de Hacienda no va a permitir; otros lo consideran un brindis al sol "porque no hay dos casos iguales y el criterio de la Inspección acabará siendo tan voluble como lo es ahora".
Hacia una relación más cooperativa con los contribuyentes
En cualquier caso, la intención del director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, es firme. Varios profesionales del mundo de la asesoría fiscal consultados por La Información confirman que Gascón ha trasladado esta idea en reuniones que ha mantenido con ellos.
Además, la iniciativa está en línea con los principios de la controvertida Directiva Europea sobre Intemediarios Fiscales - la conocida como DAC 6 que tiene revolucionado al sector por su inminente transposición en España-, que incrementa el nivel de responsabilidad de los profesionales sobre las irregularidades fiscales que cometan sus clientes, pero al mismo tiempo eleva las exigencias de transparencia sobre las Administraciones a la hora de determinar qué es y que no es una 'práctica fiscal de riesgo'.
Jesús Gascón, un convencido de la relación cooperativa entre Administración Tributaria y contribuyentes en el ámbito fiscal, ya trasladó a las grandes empresas- y también lo ha hecho con los principales despachos de asesoría- que está dispuesto a avanzar en la construcción de una nueva relación de confianza entre unos y otros.
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