La Generalitat de Cataluña recibirá durante el primer trimestre del año 3.477 millones de euros más procedentes de los instrumentos de estabilización financiera creados en su día por el Estado para compensar las dificultades de las comunidades autónomas para financiarse en los mercados: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Fondo de Facilidad Financiera. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, a la que ha acudido a petición propia para explicar el momento en que se encuentra el proceso de reforma de la financiación autonómica.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el principal órgano decisorio en materia de política económica del Gobierno, aprobó la pasada semana, según reveló el ministro, una nueva dotación de 12.151 millones de euros de financiación blanda para los gobiernos autonómicos que así lo han solicitado. Una vez más, Cataluña será la autonomía que recibirá más financiación para atender a los vencimientos de títulos de deuda colocados en su día en el mercado y las facturas cuyo pago no puede financiar por sus propios medios.
El resto de los fondos se repartirán entre Andalucía, que recibirá 2.572 millones de euros más; Comunidad Valenciana, 2.307 millones de euros; Galicia, 690,5 millones de euros; y Castilla y León, 618,3 millones de euros, éstas dos últimos procedentes únicamente del Fondo de Facilidad Financiera, la línea de créditos blandos abierta para las comunidades autónomas que no están sometidas a supervisión intensiva del Estado por haber cumplido sus objetivos de déficit.
Desde el año 2012 al cierre de 2017 el Estado ha proporcionado financiación barata a las comunidades autónomas por valor de 251.000 millones de euros, el equivalente a una cuarta parte del PIB de España, de los cuales 95.000 millones han ido a pagar facturas pendientes con el tejido empresarial, según ha detallado Cristóbal Montoro.
Hasta la fecha, las autonomías apenas han devuelto un 7% de la liquidez recibida del Estado desde el año 2012, en concreto 12.221 millones. Según un informe publicado por Fedea, en estos casi cinco años los ejecutivos territoriales se han ahorrado más de 22.000 millones en intereses, de los que 15.276 millones se deben a la acción directa del Estado.
Así, el estudio reduce a unos 6.600 millones de euros el ahorro que las autonomías han conseguido en este periodo gracias a la mejora de los tipos en el mercado. La mayor parte se produjo, precisamente, en 2016 (cuando las comunidades dejaron de pagar 2.388 millones por financiarse en un entorno económico más propicio).
El ministro de Hacienda ha anunciado, asimismo, que en 2018 las comunidades autónomas recibirán 4.000 millones de euros más procedentes de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que ahora se quiere cambiar, lo que supone elevar a 104.000 millones de euros el volumen de recursos que se transferirán desde el Estado a las autonomías para financiar los servicios esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales).
Nueva financiación autonómica
El ministro ha avanzado también que esta fórmula de sostener las finanzas autonómicas se va a acabar. De hecho, ha vinculado su supervivencia a la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica que deberá traer, según ha dicho, una fecha límite para este mecanismo de financiación estatal, en la línea de las recomendaciones realizadas por la Comisión de Expertos de Financiación Autonómica.
No ha aclarado, sin embargo, si el cierre del FLA traerá consigo una quita a la deuda de las comunidades autónomas. Montoro se ha mostrado partidario de calcular la parte de la deuda autonómica que se debe a insuficiencias del sistema, pero no ha terminado de precisar con qué fin. Una posibilidad manejada dentro del grupo de expertos, con la que hasta el propio ministro de Hacienda llegó a coquetear y que parece aparcada a la espera de que avancen las negociaciones entre las comunidades autónomas y el Estado sobre el nuevo modelo de financiación.
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