El último registro elaborado por la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda situó en 507 el número de directivos a sueldo del centenar largo de entidades que constituyen el sector público empresarial (agencias, consorcios, entidades públicas empresariales, organismos autónomos...) y que acostumbran a mudar sus cúpulas directivas casi al completo cada vez que hay un 'cambio de guardia' en el Palacio de la Moncloa. La cifra ha experimentado variaciones en los últimos años pero el Ministerio de Hacienda siempre se ha cuidado mucho de aclarar que éstas no se han debido a un incremento en los puestos de alta dirección de las entidades existentes, sino a oscilaciones en el perímetro de entidades o directivos que se incluían en el registro. No era solo una cuestión de celo. Las leyes de presupuestos han prorrogado año tras año desde 2012 las limitaciones regulatorias instauradas en los tiempos de Cristóbal Montoro para impedir que el número de directivos en las empresas públicas y del resto de entidades del sector público empresarial se incrementara.
Pero los tiempos de las restricciones regulatorias al crecimiento del sector público parecen tocar a su fin en esta etapa de recuperación económica y el proyecto de Presupuestos del Estado para 2022 que acaba de presentar el Gobierno incorpora una disposición que permitirá que las entidades del sector público puedan incorporar nuevos directivos a sus estructuras como no han podido hacerlo en casi una década de rigurosa congelación.
El proyecto presupuestario diseñado por el equipo de María Jesús Montero desactiva 'de facto' el principio de no incrementar los puestos de alta dirección de las entidades del sector público por encima de los ya existentes recogido en todas las leyes de presupuestos de 2014 hasta hoy y lo hace no sólo para entidades que acrediten varios años en beneficios, como ya hizo de forma puntual el Gobierno del PP en el año 2018, sino de una forma más general. A partir de 2022, si prospera el proyecto de Presupuestos del Gobierno, podrán incrementar su nómina de cargos de alta dirección todas las entidades que recojan esa circunstancia en un plan estratégico - sin mención alguna a que estén o no en números rojos- siempre que éste haya sido informado favorablemente por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que se cumplan los topes máximos previstos en la normativa.
Esa normativa es un Real Decreto de 2012, aprobado en la primera tanda de recortes del Gobierno Rajoy, que desde entonces regula con mano de hierro no sólo el régimen retributivo "de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades", sino también el número máximo de directivos que puede tener cada una de esas entidades dependientes del Estado en función de su tamaño. A las de mayor tamaño, conocidas como grupo 1, se les dio la posibilidad de tener un consejo de administración o un órgano de gobierno de un máximo de 15 miembros; a los de tamaño mediano, grupo 2, se les reconocieron 12 miembros como tope; y a las del grupo 3, las menos relevantes por facturación o número de trabajadores, un máximo de nueve directivos.
Hay muchas entidades públicas que ni siquiera se acercan a esos límites porque en los últimos ocho o nueve años no han tenido siquiera la posibilidad de incorporar nuevos directivos aún cuando su balance arrojaba beneficios, lo cual ha generado no pocas tensiones entre el Ministerio de Hacienda y el sector público dependiente del Estado, algunas de cuyas entidades han entendido que se les condicionaba su crecimiento por las restricciones impuestas desde el Gobierno a incorporar nuevos directivos con un perfil diferente y, por supuesto también, por los límites a incorporar nuevos trabajadores.
El problema de la selección de los directivos
La disposición incluida en los Presupuestos abre la puerta, en primer lugar, a algo muy demandado por las entidades públicas saneadas, la posibilidad de incorporar personal de alta dirección que enriquezca sus horizontes de actividad y aporte valor añadido en ámbitos en los que en la actualidad no disponen de 'expertise', pero también para que otras empresas en una situación más delicada dispongan del margen de maniobra necesario para incorporar perfiles directivos que lideren un giro estratégico, un proceso de internacionalización o una apuesta por la diversificación. Fuentes del sector público empresarial admiten que las restricciones en este sentido han constituido un foco de tensión permanente en los últimos años.
Pero del mismo modo que todo riesgo esconde una oportunidad, todo oportunidad no está exenta de riesgos y los precedentes de nombramientos en las empresas y entidades del sector público no invitan al optimismo. La sucesión de exaltos cargos de la Junta de Andalucía que han desfilado por la Presidencia de la SEPI o la cúpula directiva de Navantia alerta de uno de los principales: que el ensanchamiento de las cúpulas directivas de las entidades públicas sirva para recolocar en el sector público estatal a exdirigentes políticos o exaltos cargos ahora fuera del foco.
La lista de exaltos cargos de la Junta de Andalucía en la Administración socialista que han encontrado acomodo en la estructura de la Administración del Estado de la mano de la ministra de Hacienda no es corta. Montero confió la Presidencia de SEPI a un ex de la Junta, Vicente Fernández Guerrero, y cuando éste tuvo que dejar el cargo por estar investigado en un causa judicial la puso en manos de otra exalto cargo de Belén Gualda, antes, presidenta de Navantia; en la Presidencia de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), situó a la que fuera su secretaria general de Administración Pública en Andalucía, Lidia Sánchez Milán; y en la Presidencia de la Sociedad Estatal Lotería y Apuestas del Estado (Selae), nombró al que fuera su director general de Presupuestos, Jesús Huerta, entre otros.
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