Para el Ministerio de Hacienda haber sacado irregularmente del país y haber mantenido ocultos a los ojos del fisco en los últimos años más de 40.000 millones de euros, una cantidad equivalente al 4% del Producto Interior Bruto generado por España en 2012, no constituye un indicio suficiente como para clasificar a los contribuyentes que han protagonizado esta elusión masiva como "perfiles de riesgo", a efectos de que merezcan ser investigados con especial intensidad dentro del Plan de Control de la Agencia Tributaria.
Hacienda dispensará a los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal "exactamente el mismo trato que se da al resto de contribuyentes que regularizan su situación tributaria", es decir, admitirá que se han puesto al día, apuntará la circunstancia en su 'curriculum fiscal' y actuará con ellos como con cualquier otro contribuyente.
¿Qué significa esto? Pues, como consecuencia más relevante, que el haberse acogido a la regularización extraordinaria de 2012 no sólo borrará las responsabilidades fiscales y penales (en este caso, siempre que el contribuyente no estuviera implicado previamente en una investigación fiscal o judicial) que se pudieran derivar de las cantidades defraudadas en el pasado, sino que también le eximirá de quedar marcado como contribuyente de riesgo.
No es poca cosa. Estar marcado como contribuyente de riesgo significa una probabilidad alta de ser objeto de algún programa de inspección fiscal. No estarlo, por el contrario, es casi una garantía de que no tendrás un inspector revisando tu declaración tributaria.
Críticas de los inspectores
Una decisión controvertida que ha desencadenado las críticas, por ejemplo, de los inspectores de Hacienda, los principales encargados de perseguir los incumplimientos tributarios de los contribuyentes.
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado había solicitado reiteradamente a los responsables de la Agencia Tributaria la inclusión de las declaraciones especiales presentadas dentro del proceso de amnistía fiscal como una línea principal de actuación dentro del Plan de Control Tributario para 2013.
En un comunicado, la organización ha lamentado que no se vayan a comprobar sistemáticamente las declaraciones tributarias especiales, que consideraban una fuente esencial de información cuando no un cauce asegurado de nuevos ingresos por los eventuales incumplimientos en que los contribuyentes beneficiados por la misma podrían haber incurrido en otros impuestos.
Según el Plan de Control Tributario, la Agencia "analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización (...) se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos".
Esta críptica redacción se traduce, según fuentes del Ministerio de Hacienda, en que la Agencia únicamente rastreará aquellas declaraciones especiales que presenten irregularidades flagrantes.
Estas mismas fuentes ponen ejemplos de lo esto significa: regularizaciones presentadas bajo el nombre de niños de cinco años, que lógicamente no podían acogerse a la amnistía fiscal al no ser obligados tributarios; regularizaciones presentadas por personas ya fallecidas o regularizaciones presentadas por personas que no estaban identificadas como declarantes y que, por tanto, tampoco tenían derecho a presentar la Declaración Tributaria Especial.
Los inspectores critican en su comunicado que Hacienda no compruebe las declaraciones tributarias especiales, "con los importantes riesgos fiscales que conlleva", mientras, por el contrario, vaya a intensificar otras actuaciones como la comprobación de alquileres no declarados "que en muchos casos suponen cantidades de fraude irrisorias".
No es la única crítica de los inspectores al Plan de Control Tributario. Los inspectores consideran injustificable que veinte años después la plantilla de la Agencia Tributaria tenga el mismo número de empleados que en 1992, cuando se debe actuar sobre una actividad económica que se ha más que duplicado en este periodo.
También cuestiona la organización de los recursos disponibles, que, en su opinión, se centra más en "verificar la corrección de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o en detectar fraudes superficiales".
La conclusión de los inspectores es demoledora: "No se actúa con suficiente intensidad en las áreas de mayor riesgo fiscal".
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