El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que este martes aprobará el Consejo de Ministros y el próximo martes - ya pasada la Semana Santa - se llevará al Congreso para su esperada e incierta tramitación parlamentaria ampliará la subida salarial de entre el 6,1% y el 8,8% prevista para los funcionarios públicos a las plantillas de las 15 empresas dependientes del Estado y agrupadas bajo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Así lo ha confirmado La Información en fuentes del Ministerio de Hacienda después que durante los últimos días el sindicato de funcionarios CSIF hubiera trasladado al departamento que dirige Cristóbal Montoro su inquietud respecto a la posibilidad de que el acuerdo alcanzado en la Mesa General no se terminara aplicando a los cerca de 73.000 trabajadores a sueldo de las empresas estatales. "El pacto salarial es un acuerdo alcanzada en la Mesa General de Negociación de Función Pública y, por tanto, aplica a todos los empleados públicos ya trabajen en la Administración del Estado, en las Administraciones Territoriales o en el sector público estatal o fundacional", han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda. Es decir, que las condiciones de este acuerdo alcanzarán a los alrededor de tres millones de empleados públicos que las estadísticas reflejan en España.
La precisión no figura en el literal de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se da publicidad al II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, publicado este lunes en el BOE, pero sí aparecerá según confirman en Hacienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y como tal empezará a surtir efectos el próximo 1 de julio, cuando los empleados públicos ingresarán la retribución variable correspondiente al cumplimiento de los objetivos de crecimiento en 2017.
La buena noticia para los cerca de 73.000 empleados públicos (72.912 según el último informe anual de SEPI, correspondiente a 2016) es, por contra, un motivo de inquietud para la presidenta de SEPI, Pilar Platero, y también para los gestores de las dos empresas estatales en pérdidas, Navantia y Hunosa, que deberán encajar un incremento sustancial de sus costes laborales en sus ya castigados balances.
SEPI cerró el ejercicio de 2016 con 151 millones de euros de pérdidas, arrastrada principalmente por los saldos negativos de sus dos empresas industriales: Navantia, que cerró el año con unas pérdidas superiores a 300 millones de euros; y Hunosa, que acumuló también más de 111 millones de euros en números rojos.
Las empresas deberán aplicar a sus empleados en cualquier caso la subida fija y la variable, según las tablas publicadas este lunes en el BOE. Respecto a la posible aplicación de fondos adicionales y a la prima en 2020 por cumplimiento del déficit, "eso se dejará a la negociación colectiva", aclaran desde Hacienda. El resultado es que este año 2018 deberán repercutir la subida básica del 1,75% prevista para el resto de empleados públicos.
Consolidación de temporales
Otra de las medidas que también les será de aplicación obligatoria es el proceso de estabilización de empleados públicos, en virtud del cual las empresas estatales deberán consolidar a los empleados temporales que vinieran ocupando desde hace al menos tres años puestos que signifiquen necesidades estructurales de la empresa, los famosos interinos. Todo un desafío para empresas como Correos, que funciona con una plantilla de 13.000 eventuales a los que no queda claro si será de aplicación o no esta medida. Al final de 2018, el porcentaje de temporales ocupando puestos de necesidad estructural dentro de las empresas públicas no podrá superar el 8%, según el acuerdo entre Hacienda y sindicatos.
Las empresas públicas también deberán identificar sus tasas de absentismo y actualizarlas cada seis meses como exige el acuerdo, y desarrollar en los próximos meses un Plan de Control del Absentismo que deberán publicitar en su página web.
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