Después de dos años negociando, Hacienda ha dado un golpe en la mesa y ha echado por tierra los planes del Ministerio de Fomento, que confiaba en levantar al agonizante sector constructor con los 17.000 millones del Plan Extraordinario de Infraestructuras.
Este vehículo, que fue presentado a bombo y plantillo por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en abril de 2010, iba a ser financiado en un 20% por el Instituto de Crédito Oficial.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) iba a hacer frente a otro 50%; mientras que bancos y constructoras se repartían el 30% restante.
Sin embargo, el ministerio dirigido por Elena Salgado ha vetado cualquier participación del ICO en el capital de las concesiones, ya que entonces deberá anotarse esas inversiones como déficit, ha limitado el papel de este instituto al de mero financiador y ha reducido su peso en el PEI.
Fuente próximas al Gobierno aseguran que, como mucho, se le permitirá aportar el 15% de los 17.000 millones anunciados, aunque el sector no descarta que la cifra final pueda ser incluso inferior, más próxima al 10%.
Este cambio de planes obliga, un año después de que se aprobara el plan, a volver a hacer números y a buscar quien financie los cerca de 1.000 millones de euros que han quedado ahora en el limbo.
El apoyo de la banca
Los constructores confían en el papel de la gran banca española, con BBVA y Santander a la cabeza. Estas dos entidades figuran entre las más activas de todo el mundo en la financiación de infraestructuras y, en consecuencia, las empresas apuntan hacia ellas como el salvavidas del sector.
Sin embargo, descartan lanzar las campanas al vuelo. Las agónicas arcas públicas, sumadas a los problemas que están demostrando las comunidades para cumplir los objetivos de déficit, han desatado en el sector el temor a un nuevo tijeretazo.
Tras ver como el Plan de Ajuste cercenó en 6.000 millones de euros las inversiones de Fomento en obra pública, las compañías temen que el Gobierno se vea obligado a aplicar nuevos recortes cuando pasen los comicios de mayo y los nuevos Ejecutivos regionales se muestren incapaces de cumplir los necesarios planes de ajuste.
La decisión de Economía es fruto del tirón de orejas dado por Europa al Gobierno. La elevada participación del ICO en el Plan Extraordinario de Infraestructuras fue puesta en entredicho por Eurostat, que ha exigido limitar el papel de este instituto al de mero financiador, rebajando, además, su peso.
Dos licitaciones inmediatas
A pesar de este tirón de orejas, Fomento sigue adelante con las obras que tiene en el disparadero para llevarlas a cabo mediante esta vía de financiación público-privada.
La primera que verá la luz, según ha prometido el Ministerio al sector, será el tramo de la A-66 entre Benavente y Zamora, que contará con la financiación del ICO, pero dentro de los límites impuesto por Economía.
Además, a finales de mayo, el organismo dirigido por José Blanco prevé sacar a concurso el esperado tramo del AVE Zamora-Orense, actualmente en proceso de información a Europa.
Esta faraónica obra, que forma parte del corredor de de alta velocidad que unirá Madrid y Galicia, está valorado en 6.000 millones de euros y promete concurrir a todas las compañías del sector.
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