El Gobierno ya trabaja en el que será su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020 y se ha fijado como primera prioridad apuntalar su previsión de ingresos, cuestionada en público por la Autoridad Fiscal y en privado también por la Comisión Europea. Los cálculos realizados por el Ejecutivo descuentan que el paquete de medidas fiscales que no pudo desarrollar en 2019 y que prevé poner en marcha en 2020 aportarán 5.654 millones de euros, pero las dudas manifestadas por esos dos organismos y por un buen número de institutos de análisis económico parecen haberle aconsejado disponer un colchón de seguridad para evitar sorpresas. Y su intención es recurrir a los beneficios fiscales para conseguirlo.
Hacienda ha movilizado a los técnicos de la Dirección General de Tributos y a sus asesores de cabecera para examinar el listado de beneficios fiscales activos en los principales impuestos de cara a ejecutar una 'poda' de los mismos en el futuro proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020 con el objetivo de garantizarse una recaudación extra de entre 4.000 y 5.000 millones de euros, según han asegurado a La Información fuentes conocedoras de estos trabajos.
Las fuentes consultadas aclaran que la purga de las ayudas fiscales se concentrará en la docena de incentivos cuya evaluación el Ejecutivo ha encargado recientemente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en el marco de la segunda fase del 'spending review' del gasto público, impulsado por Bruselas. Esta 'shortlist' -el Tribunal de Cuentas llegó a identificar 631 beneficios diferentes en el sistema fiscal español- recoge los incentivos con mayor impacto recaudatorio en el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales hasta el punto de que detraen más de 57.000 millones de euros de recaudación cada año.
El objetivo que se ha marcado el Ejecutivo es meter un tijeretazo de alrededor del 10% a estos incentivos -para conseguir entre 4.000 y 5.000 millones de euros- y para ello quiere apoyarse en los trabajos que el equipo de técnicos reunido por la Autoridad Fiscal ha empezado a realizar hace unas semanas. El calendario de trabajo de la Airef no permitirá disponer del informe definitivo antes del inicio de la tramitación presupuestaria, pero la intención de Hacienda es apoyarse en una suerte de recomendaciones preliminares para centrar el ajuste en aquellos incentivos cuya eliminación total o parcial tengan un impacto menos relevante sobre los ciudadanos y sobre la actividad económica.
El IVA, en el punto de mira
El recorte de los beneficios fiscales ha estado siempre en el menú cada vez que se ha planteado una reforma para obtener nuevos ingresos. Sin embargo, los avances han sido mínimos. Un informe del Tribunal de Cuentas que evaluó la aplicación del Presupuesto de Beneficios Fiscales del año 2015 -lo hizo entre otras cosas porque Hacienda no ofrece datos sobre la ejecución real de ese presupuesto- concluyó que existen centenares de beneficios fiscales activos que ni siquiera se presupuestan, que el control sobre su aplicación es prácticamente inexistente y que incluso el propio Ministerio de Hacienda admite que hay unos 30.000 millones de euros en ayudas fiscales que no se sabe a ciencia cierta si cumplen los objetivos que justificaron su creación o no.
Últimamente se ha puesto especialmente en el foco la deducción por aportaciones a planes de pensiones privados que Podemos presionaba para suprimir pero que cuenta con el respaldo inequívoco de la Comisión Europea, al menos en tanto el sistema público de pensiones continúe en números rojos. Aunque los trabajos encargados desde Hacienda están todavía en una fase muy inicial y esa evaluación técnica deberá pasar más adelante por el tamiz de la política, el punto de mira se ha fijado de forma singular en los beneficios del Impuesto del Valor Añadido.
El juego de los tipos reducidos y superreducidos del IVA, que además en los últimos años no ha dejado de crecer, y de las exenciones a los servicios sanitarios, educativos y financieros detrae cada año a la recaudación más de 40.000 millones de euros y ha sido objeto de crítica por parte de la Comisión Europea en más de una ocasión. Asumido que tocar los tipos reducidos y superreducidos es particularmente sensible de cara a la sociedad, el debate parece enfocarse sobre los servicios exentos, con menor poder recaudatorio pero más 'vendibles' socialmente.
Otro de los beneficios cuya supervivencia está cuestionada es la reducción por tributación conjunta en el IRPF, que según los datos publicados por la Airef resta 2.140 millones de euros de recaudación y cuya existencia es cuestionada por buena parte de los fiscalistas, que no encuentran justificación técnica a su existencia.
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