Ni impuestos sobre los beneficios que obtenga la UEFA por la organización del evento, ni retenciones sobre los primas que reciban los futbolistas del Liverpool o del Tottenham en caso de ganar la final, ni gravamen alguno sobre el premio millonario que reciba el club que gane la Final, el Gobierno garantizó el pasado mes de diciembre a la UEFA el 'oasis fiscal' que el máximo organismo rector del fútbol continental exigía para traer la Final de la Champions League a Madrid y rubricó en ese mismo momento la renuncia a ingresar un 'bonus millonario' para las arcas públicas vía impuestos.
La Final de la Champions League es un negocio millonario para la UEFA que mueve decenas de millones de euros en patrocinios, derechos televisivos y merchandising. Pero también es una potencial fuente de beneficios directos e indirectos para las ciudades que acogen el evento, que no sólo reciben a un puñado de miles de aficionados con una acusada inclinación a gastar -la patronal hotelera de Madrid ha estimado en un 95% la ocupación durante este fin de semana- sino que también concentran durante 48 o 72 horas la atención de cientos de millones de aficionados al fútbol, consiguiendo un alcance impensable en cualquier campaña de promoción turística convencional. La asociación de empresarios 'Madrid Foro Empresarial' calculó esta semana que la celebración del Liverpool-Tottenham en Madrid dejaría alrededor de 62,5 millones de euros en la ciudad.
De esa cuantía global, alrededor de 12 millones de euros acabarán en las arcas públicas por la recaudación extra derivada de los bienes que adquieran y los servicios que contraten las personas que acudan a Madrid con motivo de la celebración en el Wanda Metropolitano, el flamante nuevo estadio del Atlético de Madrid, de la Final de la Champions. Sin embargo, ni uno solo de esos 12 millones de euros vendrá de los organismos y clubes directamente implicados en la final. El Gobierno de Pedro Sánchez, cumpliendo un compromiso previo que había adquirido a su vez el Ejecutivo de Mariano Rajoy, garantizó el pasado mes de diciembre por Real Decreto un régimen especial de exención fiscal total a los organizadores y patrocinadores de la UEFA, así como a los clubes y futbolistas que participen en la gran final de hoy.
Este régimen especial garantiza a la UEFA que no tendrá que abonar ni un solo euro en impuestos por los beneficios millonarios que obtenga de la organización y explotación de los derechos asociados a la celebración en España de la Final de la Champions League, uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta. En este sentido, prevé la exención total de Impuesto de Sociedades "por las rentas obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que estén relacionadas con su participación en él", con independencia de que esos beneficios se obtengan a través de una sociedad constituida en España al efecto, de un establecimiento permanente o de un esquema sin establecimiento permanente. En estos dos últimos casos la exención aplicará sobre el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).
Las primas de los futbolistas, también exentas
Los beneficios de la UEFA son probablemente la parte del león de lo que se le escapará a Hacienda por el 'oasis fiscal' dispuesto para la final de la Champions League pero las arcas del Fisco también se verán afectadas por la imposibilidad de gravar las rentas que obtengan los clubes y futbolistas participantes (ver gráfico). Según la legislación fiscal vigente, la Agencia Tributaria debe aplicar una retención del 19% sobre las rentas obtenidas en territorio español por personas físicas y jurídicas no residentes en España como consecuencia de la operativa normal del Impuesto sobre la Renta de no Residente (IRNR).
El marco fiscal especial garantizado por el Gobierno a la UEFA ha suspendido la aplicación de ese retención, de modo que no quedarán sometidas a la misma, por ejemplo, las primas salariales que reciban los jugadores del equipo que se alce con la ansiada 'orejona', la copa de la Champions League, explica Jorge Pecourt, abogado especialista en fiscalidad del deporte de Cuatrecasas. Según los medios ingleses, la directiva del Liverpool ha garantizado a sus futbolistas una prima de siete millones de libras (7,89 millones de euros) en caso de que se impongan en la Gran Final; mientras que el Tottenham ha anunciado que pagará cinco millones de libras (5,63 millones de euros) a su plantilla si lo consiguen. Las 'pérdidas' para las arcas del Estado por no poder aplicar impuestos a estas primas oscilarán, por tanto, entre el millón y el millón y medio de euros en función del equipo que gane este sábado.
Hacienda tampoco rascará nada de los cuatro millones de euros que la UEFA abonará al club que gane la edición de 2019 de la Champions League ni de los premios en metálico que reciba el futbolista que sea declarado como mejor jugador del partido. La cosa hubiera sido distinta si el Barcelona hubiera alcanzado la final. El 'pack fiscal' decreta que no se considerarán obtenidas en España "las rentas que perciban las personas físicas que no sean residentes en España por los servicios que presten a los equipos participantes" por lo que si un club español hubiera alcanzado la final sus ingresos sí tributarían de manera normal.
Un régimen no exento de polémica
"La aplicación de beneficios fiscales para conseguir atraer a España la celebración de eventos deportivos que se consideren de interés general para el país no es ninguna novedad, ya sucedió con la Copa América por ejemplo. Pero un régimen de exención total en el Impuesto de Sociedades... no es lo normal sin duda", explica un asesor fiscal consultado por La Información.
Las exigencias fiscales de los dueños del fútbol tanto a nivel continental (UEFA) como global (FIFA) para llevar los principales acontecimientos futbolísticos a un país son conocidas, pero no por ello dejan de sorprender. Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, el régimen fiscal habilitado por el Gobierno para la UEFA de cara a la celebración de esos dos grandes eventos deportivos es como mínimo privilegiado y podría incluso entrar en colisión con los principios constitucionales de de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria que deben regir el sistema tributario.
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