Después de una serie de años en los que la relación entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes se ha dirimido "en el cuadrilátero", como explicó en su día muy gráficamente el responsable del área fiscal de una de las grandes empresas del Ibex, el aterrizaje en el organismo estatal encargado de hacer cumplir la normativa fiscal de Jesús Gascón ha traído consigo la irrupción de la cara más amable del Fisco. De repente, se ha puesto en el centro de la gestión fiscal la relación cooperativa entre Hacienda y los contribuyentes, el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales frente a la multa económica ante cualquier pequeño desliz o la creación de mecanismos de arbitraje para dirimir las controversias entre la Administración Fiscal y los contribuyentes lejos de los tribunales.
El cambio de tono en el relato público de la Agencia Tributaria no se ha traducido sin embargo hasta la fecha en una caída significativa de los indicadores de litigiosidad fiscal, como han puesto de manifiesto públicamente en más de una ocasión las empresas y como se admite en privado desde la propia Agencia en los encuentros que mantienen con responsables fiscales de empresas o asesores fiscales. Las frías cifras que se manejan en estos encuentros, según ha podido conocer La Información de fuentes tanto empresariales como de la Agencia Tributaria, señalan que los tribunales económico-administrativos continúan recibiendo entre 150.000 y 160.000 recursos y reclamaciones fiscales cada año, que el TEAC tiene pendientes de resolución más de 300.000 reclamaciones y que alrededor de 30.000 millones de euros permanecen bloqueados para la actividad económica a la espera de que se resuelvan estos litigios.
La magnitud del problema en términos no sólo administrativos sino también económicos ha llevado a la Agencia Tributaria a reaccionar y a explorar todas las vías disponibles para reducir el volumen de litigios que año tras año se genera con los contribuyentes en busca de un sistema más pacífico y más eficaz, que salve del colapso a los tribunales económico-administrativos y que también libere para la actividad económica los miles de millones de euros que permanecen en el alero a la espera de saber si pertenecen en justicia a las arcas pública o al bolsillo de los contribuyentes. La Agencia Tributaria ha empezado por examinar la información disponible y analizar los actos administrativos que más se recurren por parte de los contribuyentes para estudiar las posibilidades de actuación en su mano para que esto no ocurra, o al menos no ocurra tanto. El organismo está incluso decidido a hacer públicos los actos de la Agencia que generan un porcentaje más elevado de reclamaciones y dentro de éstos los que se arrastran un mayor porcentaje de anulaciones totales o parciales.
El propio director general de la Agencia Tributaria ha trasladado ya a las principales empresas del país cuáles son sus planes a este respecto en el marco del Foro de Grandes Empresas. El organismo pretende a partir del análisis de los litigios planteados por los contribuyentes aplicar fórmulas para que éstos no se produzcan o como mínimo se reduzcan drásticamente. ¿Cómo? Por ejemplo, mejorando la calidad de las actuaciones administrativas cuando se detecte que las lagunas en éstas sean el origen de los litigios. Un fenómeno no tan inusual. Un asesor fiscal con alrededor de tres décadas de experiencia a ambos lados de la trinchera - en la Administración Tributaria y en la asesoría de contribuyentes - señala que un porcentaje importante - que no se atreve a concretar - de las actuaciones de la Inspección de Hacienda que recurren los contribuyentes se sostienen más por errores formales en la tramitación del expediente que por motivos de fondo respecto a la irregularidad fiscal detectada.
No sólo las estrategias dilatorias o evasivas de los fiscalistas están en el origen del colapso en la tramitación de las reclamaciones fiscales, la Administración Tributaria pone también en muchas ocasiones su granito de arena recurriendo hasta la última instancia posible - el Tribunal Supremo - las resoluciones judiciales que no le son favorables. Jesús Gascón también ha trasladado a las empresas su intención a hacer lo posible para atender "los casos que son estimados total o parcialmente en los tribunales", según les aseguró en el Foro de Grandes Empresas.
Un problemón que sólo afecta al 0,3% de los actos de la AEAT
La Administración Tributaria no quiere que sea una iniciativa puntual sino un objetivo estratégico. En el Plan Estratégico del organismo para el periodo 2020-2023 se incluye un nuevo indicador de gestión que medirá el porcentaje de estimación de las reclamaciones planteadas contra actos de la Agencia Tributaria tanto en la vía económico-administrativa como en el contencioso-administrativo. De este modo, el Fisco dispondrá de una referencia de hasta qué punto están funcionando las medidas adoptadas para tratar de reducir la litigiosidad con los contribuyentes.
Aunque en términos absolutos esas 160.000 reclamaciones anuales aparezcan como una cifra intolerable, lo cierto es que en términos relativos no alcanzan más que al 0,9% de los actos dictados desde la Agencia Tributaria. Desde el organismo se subraya que, además, el porcentaje de estimaciones totales o parciales sobre el total de las reclamaciones presentadas es del 30%, de modo que en realidad el porcentaje de actos de la Agencia Tributaria susceptibles de ser anulados no llegan siquiera al 0,3%.
La organización de asesores fiscales Aedaf acostumbra a trasladar en sus comparecencias públicas una perspectiva un tanto diferente, según la cual los tribunales acaban dando la razón a los contribuyentes en el 50% de las controversias admitidas total o parcialmente o bien en la instancia económico-administrativa o en la contencioso-administrativa. Un porcentaje de éxito que continúa alentando el recurso a los tribunales en los casos en que la Administración Tributaria y los contribuyentes no se ponen de acuerdo respecto a los impuestos que corresponde pagar.
Hay situaciones que será difícil que cambien. La Agencia Tributaria tiene perfectamente identificado, por ejemplo, que cuanto mayor es la cuantía reclamada por Hacienda al contribuyente mayor es también la propensión a recurrir o reclamar del contribuyente. Y el fenómeno no es menor: los datos internos que maneja la Agencia Tributaria apuntan a que de los 41.000 millones de euros en deudas tributarias pendientes de resolución, alrededor de la mitad son imposibles de recuperar a corto plazo por la Hacienda Pública, bien porque están relacionados con procedimientos concursales (5.664 millones de euros) o bien porque han sido objeto de recurso o reclamación por los contribuyentes y están pendientes de resolución en alguna instancia, situación en la que hay más de 12.700 millones.
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