El Gobierno se vio obligado en 2019 a provisionar 600 millones de euros del presupuesto público para reintegrar a grandes fondos de inversión y otros inversores no UE las retenciones practicadas de más por la Agencia Tributaria en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes hasta el año 2010 sobre los dividendos obtenidos de sus participaciones en sociedades españolas. Durante esos años España les aplicó el criterio de que esos dividendos debían estar sujetos al tipo de retención de entre el 15% y el 21% que regía para los no residentes al contrario del tipo de retención de entre el 0% y el 1% que se imputaba a los inversores españoles y de la Unión Europea. Los grandes fondos de inversión norteamericanos y los de otros países llevaron el asunto a los tribunales al considerar que se trataba de un agravio comparativo...y el Tribunal Supremo les dio la razón en una sentencia de noviembre de 2019 cuyas consecuencias para las arcas públicas son aún imprevisibles, pero que algunas fuentes sitúan en el entorno de los 4.000-5.000 millones de euros.
El Supremo dejó bien sentado que el criterio seguido hasta el año 2010 por la Agencia Tributaria vulneraba el principio de la libre circulación de capitales que constituye uno de los valores fundacionales de la Unión Europea y sobre ese argumento se asientan las "miles de denuncias" que según fuentes de la asesoría fiscal están pendientes de resolver y que tras la sentencia del Supremo se traducirán seguramente en la devolución de las retenciones practicadas irregularmente. Para Hacienda esto no significa que se haya acabado el partido. Fuentes conocedoras de su posición ante el caso aseguran que en el Ministerio siguen pensando que aplicar a los grandes fondos de inversión internacionales el mismo tipo de retención que a los fondos españoles o europeos les coloca en una posición de ventaja porque luego no tributan igual en sus territorios de origen que un fondo alemán o francés.
El asunto sigue sobre la mesa y para analizarlo en profundidad la Agencia Tributaria ha creado dentro de la Delegación de Grandes Contribuyentes un grupo específico dedicado en exclusiva a analizar minuciosamente la forma en que estos grandes fondos de inversión tipo BlackRock, Norges Bank o JP Morgan cumplen con sus obligaciones fiscales. Fuentes de la Agencia aclaran que no se trata de una de esas unidades sectoriales en que se organiza la Delegación de Grandes Contribuyentes para comprobar las declaraciones de las grandes empresas de energía, construcción, banca y seguros a través de un puñado de inspectores especializados en cada uno de esos ámbitos, sino que se trata de un 'grupo de análisis' cuyo objetivo es desentrañar las características de la tributación de estos grandes fondos y procurar dirigir y dar coherencia a las actuaciones que se realicen en ese ámbito.
El grupo apenas lleva funcionando unos pocos meses y según fuentes del Fisco sus trabajos están en una fase muy preliminar. La tarea no será sencilla. Si hay un elemento que caracteriza a los grandes fondos de inversión es la imbricada red de sociedades en que se descomponen, lo que convierte el seguimiento de su cumplimiento fiscal en una tarea ardua.
"A día de hoy el principal y casi único asunto que hay sobre la mesa en la relación entre la Hacienda española y los grandes fondos de inversión es el de la retenciones pendientes de devolver por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes", explica Antonio Barba, responsable del Área de Fiscalidad Internacional de la organización de asesores fiscales, Aedaf. "Hablamos de miles de expedientes y es cierto que Hacienda tiene un agujero ahí porque su coste para las arcas públicas podría ser muy elevado".
Una factura millonaria que Hacienda trata de modular
La Abogacía del Estado estimó esa factura en el año 2017 en unos 1.000 millones de euros. Los representantes legales de los grandes fondos de inversión, sin embargo, estiman que ésta será cuatro o cinco veces mayor y las maniobras presupuestarias del Gobierno parecen darles la razón porque si en 2019 ya se provisionaron 600 millones de euros con este fin, en el Presupuesto del Estado para 2021 se calculan otros tantos para hacer frente al coste de la causa que los fondos de inversión le han abierto a Hacienda.
La estrategia de Hacienda en este contexto está siendo secuenciar la comprobación de las miles de solicitudes presentadas no sólo por grandes fondos de inversión sino por miles de inversores no europeos a los que también se les retuvo por encima de lo que era adecuado para modular las devoluciones a las que le obliga la sentencia del Tribunal Supremo, a la espera tal vez de que el análisis minucioso de la tributación de los grandes fondos de inversión les ofrezca alguna salida para reducir o incluso acabar con esa factura.
Los grandes fondos de inversión son también los principales socios de las grandes empresas españolas. BlackRock, que pasa por ser el mayor inversor del planeta, posee participaciones por un valor próximo a los 18.000 millones de euros en 26 de las 35 cotizadas del Ibex; Norges Bank es uno de los principales inversores institucionales en BBVA, CaixaBank e Iberdrola; y otros potentes vehículos de inversión no europeos como Qatar Investment Authority, GIC, Bank of América, Invesco o The Children's Fund tienen posiciones muy relevantes en grandes empresas del Ibex.
De algún modo, el Ministerio de Hacienda ya ha encontrado un cauce para hacer que estos grandes inversores restituyan el dinero que van a recibir de las arcas públicas en los próximos meses a través del nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras, que grava con un tipo del 0,2% las transacciones con acciones de las grandes cotizadas y que tendrán a estos grandes fondos de inversión como uno de sus principales contribuyentes.
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