Lunes, 15.07.2019 - 22:57 h
Debe devolver 1.611 millones

Hacienda racanea con la devolución del céntimo sanitario: aún debe 500 millones

Un lustro después de la histórica sentencia del Tribunal de Luxemburgo el Estado aún debe devolver  una tercera parte de lo cobrado ilegalmente.

Gráfico devoluciones pendientes céntimo sanitario

Cinco años después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determinó la ilegalidad del recargo fiscal establecido por el Reino de España sobre el precio del combustible para financiar la Sanidad Pública, el conocido como 'céntimo sanitario', el Ministerio de Hacienda aún tiene pendiente de devolver una tercera parte de la factura de 1.611 millones de euros que en su día se estimó en concepto de devoluciones a los afectados y responsabilidad patrimonial del Estado español por el cobro indebido del mencionado recargo.

Así lo reconoce la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, en el Avance de Cierre de la Actuación Económica y Financiera de las Administraciones Públicas correspondiente a 2018, que acaba de publicar el organismo. Según los datos proporcionados por el organismo, Hacienda reintegró 696 millones de euros a los afectados que pudieron acreditar con recibos los pagos realizados de más -principalmente, transportistas- en el año siguiente a la sentencia y luego ha continuado haciendo frente a sus obligaciones con cuentagotas, a razón de unos 3.000 afectados al año

La cuantía destinada a compensar a los afectados se redujo a 208 millones en 2016, cayó a 55 millones en 2017 y apenas significó 24 millones de euros en 2018. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que esta secuencia se explica por la lógica caída del número de devoluciones a practicar y también por las dificultades del proceso, en el que los servicios del Ministerio deben comprobar la veracidad de los recibos planteados por los afectados, un proceso nada sencillo cuando se trata de repostajes realizados hace más de un lustro.

Con cada vez menos devoluciones directas (acreditadas) pendientes de pago, en los últimos dos años el Estado ha comenzado a atender las exigencias de responsabilidad patrimonial planteadas por los 1.395 transportistas que se vieron afectados en 2015 por la decisión del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de denegar sus solicitudes de compensación y a los que el Tribunal Supremo reconoció su derecho a ser resarcidos. En 2017, el Estado ya abonó 49 millones de euros por este concepto y el año pasado la cifra se incrementó hasta los 102 millones de euros, según la información proporcionada por la IGAE.

En conjunto, el Estado ha pagado ya 1.134 millones de euros, de los 1.611 millones que le corresponde devolver a los afectados, por este recargo ilegal aprobado por el Gobierno de José María Aznar en la ya extinta Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2002 y que entró en vigor aquel 1 de enero para contribuir a la financiación de la Sanidad, dentro del proceso de transferencia de esa competencia a los Gobierno regionales. El recargo, cuya aplicación era potestativa por parte de las comunidades, se aplicó durante cerca de una década a particulares y profesionales y su anulación por parte del Tribunal de Luxemburgo ha dado lugar a indemnizaciones millonarias, que no alcanzan ni de cerca a compensar todo lo que los contribuyentes pagaron de más por este recargo fiscal. 

En el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 el Gobierno tenía la intención de recortar de forma drástica la partida destinada a sufragar las compensaciones vinculadas al céntimo sanitario y a otros reveses judiciales recibidos por el Estado español en el plano fiscal, pasando de 500 millones a 261, 14 millones de euros. El motivo, entre otros, la lentitud a la que se están resolviendo las exigencias de responsabilidad patrimonial del Estado en este campo.

Las devoluciones del recargo implantado en el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos no tienen impacto sobre el déficit. El coste del asunto, esos 1.611 millones, se imputaron al déficit del año 2014, cuando Luxemburgo reconoció el derecho de los afectados a ser resarcidos y España acordó con la Comisión Europea el monto total de la compensación, y los pagos realizados desde entonces se apuntan como ajustes positivos en la contabilidad nacional, reduciendo el déficit. Es decir, sacan dinero de la caja del Estado, pero de cara al déficit que se comunica a Bruselas suponen un factor positivo. 

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