Más de 2.500 contribuyentes trasladaron su residencia fiscal a la Comunidad de Madrid desde otros territorios del país atraídos por la política de rebajas masivas de impuestos que la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre activó en 2005 y que no sólo se mantuvo durante todo su mandato sino que fue impulsada después por sus sucesores, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, según las conclusiones de una investigación amparada por Fedea, que constituye el trabajo académico más aplaudido sobre este fenómeno.
El perímetro temporal del estudio solo alcanza hasta 2012 pero según los agentes implicados -Administraciones Tributarias Territoriales y asesores fiscales, principalmente- la intensidad del éxodo se ha mantenido, sino se ha agravado, durante los años posteriores. Al calor de estas migraciones por razones de naturaleza estrictamente fiscal - realizadas principalmente por grandes rentas que quieren esquivar o reducir su factura fiscal por trasladar su herencia a sus hijos o por el Impuesto de Patrimonio- han crecido también comportamientos fraudulentos, casos de contribuyentes que aseguran haber trasladado su domicilio a otro territorio con una fiscalidad más favorable cuando, en realidad, continúan haciendo vida en su territorio de origen.
La Agencia Tributaria de Cataluña ha sido hasta ahora la que se ha empleado más a fondo en la persecución de este tipo de traslados ficticios con saldo a mediados de 2017 de 127 contribuyentes 'cazados'. En los últimos dos o tres años, sin embargo, los mecanismos de intercambio de información entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las Administraciones Tributarias Regionales se han agilizado, así como la accesibilidad a la información por parte de éstas últimas.
Todo ello se ha traducido en un incremento del porcentaje de éxito de estas actuaciones, según se reconoce desde el Registro de Asesores Fiscales (REAF). Las Administraciones Tributarias de las comunidades autónomas se han esforzado en encontrar nuevos canales de información que les permitan acreditar la 'simulación' de esos desplazamientos de contribuyentes y han comenzado a rastrear sus facturas de la luz, las operaciones en cajeros automáticos, los registros hospitalarios en busca de evidencias que atestigüen la naturaleza simulada del cambio de residencia de los contribuyentes sospechosos.
"El trabajo más complicado en estos casos consiste en acreditar por parte de la Administración Tributaria que ése contribuyente sobre el que existen sospechas continúa residiendo en su comunidad autónoma pese a que su domicilio oficial se haya trasladado a otra comunidad autónoma", explica Jesús Sanmartín, presidente de REAF. Y hay casi tantas casuísticas como contribuyentes investigados.
Los hay que han sido cazados gracias a los bancos -que tienen la obligación de proporcionar a Hacienda los movimientos de cuenta de aquellos contribuyentes sobre los que exista una sospecha razonable de comportamiento fraudulento- cuya información ha demostrado que el contribuyente investigado sacaba siempre el dinero del cajero en un lugar diferente a su supuesto lugar oficial de residencia; otros han sido desenmascarados por su insistencia en acudir a hospitales situados en territorios diferentes al de su supuesto domicilio; y muchos por el método de rastrear sus recibos de la luz, que demostraban patrones de consumo que hacían dudar de su lugar habitual de residencia.
El fenómeno responde a la acción de dos impuestos, esencialmente: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio. En relación a este último, el sistema fiscal español tiene un incentivo tremendo para que los grandes patrimonios desplacen su domicilio a la Comunidad de Madrid, la única comunidad autónoma donde este impuesto no se paga por la existencia de una bonificación del 100% sobre la cuota. Un camino que ahora ha seguido La Rioja que ya contempla una bonificación del 75% sobre la cuota de este impuesto.
El otro es el impuesto sobre las herencias, en el que se ha producido una desfiscalización aguda en los últimos años como ha puesto de manifiesto del Registro de Asesores Fiscales. Agobiados por la competencia de la Comunidad de Madrid, el resto de territorios han iniciado una carrera desfiscalizadora que ya prácticamente ha derogado el impuesto en media España para las transmisiones de herencias a hijos y familiares cercanos, y que empieza a rebajar la presión sobre los primos, tíos, sobrinos e incluso los extraños.
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