El Ministerio de Hacienda y Función Pública prevé recaudar 425.240 millones de euros vía impuestos en 2026, un año que cerraría según sus cálculos con récord de ingresos públicos. Para entonces se alcanzarán los 704.391 millones de euros, frente a los 611.907 millones estimados para el actual ejercicio. Estos cálculos, que el Gobierno ha incorporado al nuevo Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido este viernes a la Comisión Europea, elevan el porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB al 43,8% en 2026 frente al 43,4% estimado para este año.
En el documento, que incorpora las perspectivas macroeconómicas y fiscales para el periodo 2023-2026, el Ejecutivo prevé que los ingresos por impuestos alcancen los 359.080 millones de euros este año (lo que implica un aumento del 8,8% en relación al ejercicio previo). De cara al final del horizonte proyectado se producirá "una progresiva ralentización" de la recaudación tributaria. En concreto, los ingresos fiscales aumentarán un 7,4% el año que viene, un 5,2% en 2025 y lo harán otro 4,9% en 2026 respectivamente.
Esta senda lleva implícita un aumento de la ratio de impuestos sobre el PIB del 25,8% al 26,5%. El Gobierno de coalición precisa en el documento remitido a Bruselas que este menor crecimiento de los impuestos año a año coincide con el perfil cíclico del PIB, tanto en términos reales como en términos nominales. El Ejecutivo mantiene que la economía crecerá este año al 2,1% pese al endurecimiento de la política monetaria y las tensiones financieras y energéticas y eleva hasta el 2,4% el avance previsto para el año que viene. De cara a 2025 y 2026 contempla un aumento del PIB del 1,8% y 1,7%, respectivamente.
Las nuevas reglas fiscales y la posición de España
El tirón de los ingresos permitirá, según cálculos del Gobierno, que España sitúe el año que viene el déficit público por debajo del 3%, por lo que cumplirá con el Pacto de Estabilidad y se ceñirá a las nuevas reglas fiscales propuestas por la Comisión Europea gracias a la "buena" evolución de la economía y la creación de empleo. La propia María Jesús Montero ponía en valor el jueves que ese objetivo iba a lograrse "sin practicar políticas de recorte, ayudando a todos los sectores que están en peor situación y protegiendo a la mayoría social del país".
En concreto, Bruselas prevé dar más flexibilidad a los Estados miembros para diseñar el ritmo de recorte de su deuda pública, ya que cada Gobierno acordará con las autoridades europeas un plan fiscal a cuatro años, ampliables a siete bajo ciertas condiciones. Al mismo tiempo, se exigirá a los países más endeudados reducciones constantes de sus ratios de déficit y deuda y habrá multas cada seis meses, que serán acumulables para aquellos que incumplan la senda de ajuste pactada.
El Gobierno ha valorado de forma positiva la nueva propuesta, dado que recoge el cambio de paradigma que planteaban España y Holanda en abril del año pasado, basado en la importancia de tener un enfoque diferenciado por países, adaptado a los retos futuros e inspirado en el modelo de gobernanza de los Planes de Recuperación, "con el fin de reforzar la sostenibilidad fiscal de forma favorable al crecimiento mediante compromisos e incentivos para inversiones y reformas", señalaban fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. Destacan, además, que el paquete presentado por la Comisión avanza también una propuesta para cumplir con el mandato del Ecofin de buscar salvaguardas que aseguren una reducción de deuda suficiente y eviten posponer los ajustes.
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