El Gobierno tiene claro que quiere sacar al menos 968 millones de euros al año con el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como 'tasa google', lo que aún no termina de tener claro es cómo lo va a hacer ni cuántos contribuyentes contribuirán a conseguir ese objetivo. El Ministerio de Hacienda admite en la documentación adicional que acompaña al proyecto de ley remitido hace un par de semanas a las Cortes -actualizada en el Portal de Transparencia- que no es posible determinar si se traducirá o no en un incremento de las cargas administrativas de los contribuyentes "debido a que no se dispone de información sobre el posible número de contribuyentes que tendrán que liquidar el impuesto", admite.
El Gobierno se permite aventurar, no obstante, que la magnitud "será reducida" porque entiende que el impuesto sólo afectará a un puñado de empresas multinacionales que prestan esos servicios digitales que son objeto de esta nueva figura impositiva y que, además, el coste de tramitación de la liquidación del impuesto será baja porque se hará "por medios telemáticos" sin especificar mucho más.
La falta de concreción del Gobierno en este asunto abunda en las dudas que ha despertado el potencial recaudatorio del impuesto, más aún después de que el Ejecutivo se haya plegado a las estimaciones realizadas en su día por la Autoridad Fiscal, aparcando, al menos, en primera instancia sus optimistas -según la Airef y la Comisión Europea- estimaciones de ingresos iniciales, que apuntaban a una entrada de ingresos de unos 1.200 millones de euros anuales.
La forma en que el Ejecutivo ha estimado ese potencial flujo de ingresos fiscales alimenta también la incertidumbre sobre los resultados que se pueden obtener gracias a esta figura. La parte del león de esa previsión de recaudación se ha basado en indicadores tan generales como la participación de los ciudadanos españoles en redes sociales, la búsqueda de información para la contratación de bienes y servicios (no el acto efectivo de contratación de los mismos) y la búsqueda de información para viajes y alojamientos (de nuevo, sin datos concretos sobre la contratación efectiva de estos servicios). Hacienda, por tanto, no ha estimado los ingresos potenciales a partir de datos ciertos sobre la contratación de ese tipo de servicios en territorio español -tal vez porque no dispone de ellos hasta ahora (eso es lo que se pretende arreglar con este nuevo impuesto), lo que plantea un umbral de incertidumbre brutal sobre ese potencial recaudatorio.
Las proyecciones de Hacienda estiman, asimismo, que una cuarta parte de esos 968 millones de euros que se esperan recaudar -unos 240 millones- vendrán de la decisión del Ejecutivo de rebajar de 5 a 3 millones de euros el umbral de facturación doméstica en servicios digitales que se exigirá para ser sujeto obligado del impuesto, una maniobra que le servirá para meter en cintura a una serie de plataformas que declaran pocos ingresos en España. En el momento en que se empezó a hablar de la activación del impuesto el ajuste permitía meter dentro de su perímetro a firmas como Uber o AirBnB que ahora facturan en España cantidades muy por encima de ese límite.
No obstante, el análisis de Hacienda apunta a que aunque en primera instancia la recaudación sea algo inferior no es descartable que el imparable crecimiento del mercado digital -que presenta crecimientos de dobles dígitos en los últimos años- aproxime a corto plazo su recaudación a esos 1.200 millones de euros mencionados en principio.
El Ministerio no oculta, no obstante, que al tratarse de la entrada en vigor de un nuevo impuesto tanto su impacto real como recaudatorio puede estar rodeado de cierta incertidumbre, que es más elevada, admiten, por la existencia de negociaciones abiertas en el ámbito de la OCDE para alumbrar un modelo tipo de impuesto digital que pueda ser implantable en todas las economías desarrolladas.
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