Alberto García Valera ejerce en EY; Diego Martín-Abril, en el área fiscal del prestigioso despacho Gómez Acebo y Pombo; José Manuel de Bunes es socio del Área Fiscal de Deloitte; y Miguel Ángel Sánchez trabaja para la firma Hogan Lovells. Cuatro de los cinco inspectores de hacienda que han ocupado la Dirección General de Tributos -uno de los puestos clave de la Administración del Estado por su implicación directa en la definición y la interpretación de la normativa fiscal- a lo largo del siglo XXI han terminado 'pasándose' al sector privado, más tarde o más temprano, como consecuencia de un puñado de motivaciones de diversa índole, entre las que la diferencia sideral entre las condiciones retributivas que puede ofrecer el sector público y las que ofrece el sector privado no es una de las más irrelevantes. La única excepción es la del actual director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, que desoyó las ofertas que sí le llegaron para pasarse a la privada durante los más de seis años que separaron su cese como director general de Tributos durante la era Zapatero, de su nombramiento como jefe de la Agencia Tributaria hace algo más de un año, en junio de 2018.
Sus casos no son una excepción. Con regularidad matemática altos cargos de la Agencia Tributaria y de la Dirección General de Tributos (DGT) abandonan el servicio público para vivir una nueva experiencia en el sector privado en un goteo lento pero inexorable que molesta e inquieta por igual a los responsables de los departamentos que lo sufren. Hay perfiles especialmente demandados por los grandes despachos. Es el caso, por ejemplo, de los subdirectores generales de impuestos sobre el consumo (IVA), a los que a nivel interno se les pone en plan jocoso una 'fecha de caducidad' de no más de dos años. También es habitual en los responsables de impuestos sobre las personas jurídicas (Impuesto sobre Sociedades), cuya rotación es singularmente dañina para la operativa cotidiana de la DGT por ser los encargados de evacuar en tiempo y forma las dudas tributarias que plantean los asesores fiscales de las empresas.
Ha sido precisamente el caos generado en el sector por el embalsamiento de más de 3.000 consultas tributarias sin contestar el que ha llevado a algunos altos cargos de la Dirección General de Tributos a exponer en privado de la forma más cruda los problemas y carencias del Departamento. Una publicación interna circulada hace unas semanas por una de las principales organizaciones de asesores fiscales del país (Aedaf), a la que ha tenido acceso La Información, daba cuenta en los siguientes términos de las explicaciones recibidas desde el Ministerio de Hacienda a las quejas del colectivo por la falta de respuesta a miles de consultas tributarias dentro del plazo de seis meses que marca la normativa: "Según la Dirección General de Tributos, la causa más inmediata de esta situación es la escasez de medios personales y materiales con los que cuenta, así como la dificultad de retener talento por la escasa retribución de los primeros. Se trata de un problema muy preocupante y demanda urgente solución”.
La 'versión oficial' trasladada desde el Ministerio de Hacienda sobre el asunto es decididamente más suave. "Los limitados recursos humanos y el gran número de consultas que se reciben (más de 6.700 en el año 2017 y más de 6.600 en el año 2018) ha propiciado el retraso en la contestación y el incumplimiento del plazo establecido en muchas de ellas, lo cual se lamenta enormemente y se espera mejorar los tiempos de respuesta".
Fuentes de la organización consultadas por La Información aclaran que se trata de una evaluación realizada en tono informal sobre el problema, y no de una respuesta formal, si bien otras fuentes del sector fiscal confirman que es un argumento que se desliza con asiduidad desde la Administración para explicar los problemas de operativa cotidiana que a veces tiene el Ministerio de Hacienda...y no sólo en el área de la Dirección General de Tributos sino también en otros ámbitos.
El Ministerio de Hacienda, de hecho, ya se ha puesto manos a la obra y ha activado un plan de choque para desembalsar una parte de esas consultas tributarias sin contestar, a la espera de que se ponga en marcha un nuevo esquema más operativo y que permita aliviar de carga de trabajo a Tributos. El plan, que se basa en un refuerzo temporal de la dotación de recursos de la subdirección general de impuestos sobre las personas jurídicas, ha empezado a dar sus frutos y mientras que en el primer semestre del año solo se había evacuado 82 consultas vinculantes, al cierre del mes de septiembre esa cifra se había disparado hasta las 368, según los datos oficiales del registro del Ministerio.
El problema de los 'topes salariales'
Las dificultades puestas de manifiesto en privado por los altos cargos del Ministerio de Hacienda no son nuevas y han sido advertidas hasta la saciedad por la organización de cuerpos superiores de la Administración (Fedeca), que lleva reivindicando desde hace más de una década el desarrollo de un Estatuto del Directivo Público que permita, entre otras cosas, dar un margen de flexibilidad para retribuir a la clase directiva de la Administración y evitar esas fugas al sector privado.
En su opinión, la ausencia de una sistema de carrera para los directivos públicos hace que éstos alcancen de forma muy temprana el rango salarial máximo que ofrece la Administración, lo que en su opinión es todo un incentivo para continuar con su carrera profesional fuera del sector público. "Hay que abrir los abanicos salariales" sostienen desde Fedeca. "Tenemos que evaluar el desempeño para distinguir a los funcionarios que hacen un buen trabajo de los que no lo hacen tan bueno e incentivar a los primeros para que sigan mejorando", concluye.
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