Ocurrió el año pasado. Faltaban días para que empezara el mes de noviembre y los alrededor de 73.000 empleados de las empresas públicas del ámbito de la SEPI todavía no habían visto reflejada en sus nóminas la subida salarial pactada por el Gobierno con los sindicatos en marzo, que alcanzaba al conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas sus entidades empresariales, y que los funcionarios de los ministerios ya habían empezado a percibir a lo largo del verano. Los sindicatos cargaron entonces contra Hacienda, a la que acusaron de no respetar la negociación colectiva, y poco a poco la situación se fue solventando, principalmente en las empresas de mayor tamaño del hólding público.
Que el asunto no se resolvió con la diligencia debida queda demostrado porque, según se denuncia el sindicato CSIF, empresas como Red.es regularizaron el pasado mes de julio las retribuciones pendientes de la subida del año 2018. Este año ha vuelto a ocurrir lo mismo. Según las fuentes sindicales consultadas, antes del verano ni los trabajadores del ICO, ni los de Renfe, ni los de ADIF tenían actualizadas sus nóminas conforme a la subida del 2,25% prevista en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público rubricado por Cristóbal Montoro y por los sindicatos más representativos del área de Función Pública (CCOO, UGT y CSIF) para el ejercicio de 2019, y que el Gobierno aprobó por Decreto a finales del año pasado y publicó en el BOE el 8 de enero para su aplicación inmediata.
A día de hoy aún quedan trabajadores de empresas públicas, como Isdefe, Secegsa y algunas otras que, según fuentes de CSIF, no han visto actualizadas sus nóminas según ese 2,25% y que únicamente han percibido la subida del 1,75% que se incluyó en los Presupuestos de 2018 y que en algunos casos no se aplicó hasta hace bien poco.
La explicación a estas demoras se encuentra, según el Ministerio de Hacienda, en la mayor o menor diligencia de los mecanismos de concertación social en las empresas. El 'mecanismo reglamentario' para que Hacienda dé cauce a la subida se inicia en el momento en que se alcanza un acuerdo entre las empresa y los trabajadores y se eleva al Ministerio. En la medida en que ese acuerdo se demore o no tenga lugar la subida no se aplica.
Según fuentes sindicales, el mecanismo no es tan automático como sostiene el Ministerio de Hacienda. La Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), dependiente del Ministerio de Hacienda, analiza los acuerdos alcanzados entre empresa y sindicatos y tiene potestad para bloquearlos y no darles cauce si observa elementos que no le convencen. Así ocurrió con las propuestas iniciales de subida salarial que se acordaron con los sindicatos por empresas como Renfe, ADIF o Correos, que tuvieron que corregir su intención inicial de plantear subida puntuales que excedían lo previsto en el acuerdo de función pública - ese 2,25%, más 0,25% variable, para 2019- para poder obtener el visto bueno de Hacienda a sus acuerdos con los trabajadores.
La Cecir se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los negociadores de los acuerdos colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas por su escasa disposición a dejar pasar esquemas salariales que no se ajusten a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado o por su combatividad a la hora de reconocer derechos salariales presuntamente conculcados.
CSIF tiene previsto iniciar una ofensiva en los próximos días para exigir la aplicación de la subida salarial de 2019 en todas las empresas públicas que todavía no han aplicado en sus nóminas lo previsto en el acuerdo marco firmado en 2018 con el Gobierno.
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