España tiene asignados 140.000 millones de euros dentro del Fondo Europeo para la Reconstrucción. Que estos acaben íntegramente en el tejido productivo o solo en parte dependerá de nuestra capacidad como país para gestionarlos adecuadamente y darles un destino que mejore de forma efectiva el potencial económico del país. La Comisión Europea ya ha adelantado que esta vez medirá el grado de aprovechamiento de los fondos europeos que lleguen a España a partir del año que viene a través de indicadores objetivos de cumplimiento de una serie de ítems y el Ministerio de Hacienda ha decidido ponerse ya manos a la obra para adaptar sus sistemas de seguimiento y evaluación de los fondos comunitarios a este nuevo esquema y poder concentrar la asignación de recursos en aquellos proyectos que se demuestren más eficaces a la hora de cumplir los objetivos marcados desde Bruselas, según aseguran fuentes de Hacienda.
El movimiento supone un cambio de paradigma en lo que ha sido la gestión tradicional de los fondos comunitarios y según las fuentes consultadas requerirá también un reforzamiento de las unidades que se dedican a esta tarea, que Moncloa está dispuesto a asumir. Hasta ahora, la evaluación de los proyectos financiados con fondos europeos se ocupaba básicamente en constatar que los beneficiarios hubieran aplicado de forma efectiva los fondos recibidos y que éstos se emplearan en efecto en los proyectos, planes o funciones que justificaron la asignación de los fondos, y no a otros destinos diferentes. Bajo este esquema, los beneficiarios de los fondos se arriesgaban a perder la financiación europea si no ejecutaban los planes previstos o si lo hacían solo en parte, pero no si el proyecto resultaba un fracaso.
El nuevo marco dispuesto por Europa para el periodo 2021-2027, en el que se enmarcan las ayudas del fondo de reconstrucción, va a obligar a cambiar este sistema. El máximo responsable de la Intervención General del Estado, el organismo encargado de realizar el control de auditoría de estos fondos, Pablo Arellano, lo explicaba de forma genérica en una reciente jornada organizada por el Instituto de Estudios Fiscales así: "Se trata de sustituir los controles de fondos comunitarios que hemos realizado hasta ahora por un sistema de seguimiento de consecución de objetivos".
El esquema que Hacienda ya ha empezado a perfilar, según aseguran fuentes ministeriales, se basa en un especie de esquema 'bonus-malus'. El Gobierno, como por otra parte le exige Bruselas en la regulación del Fondo, evaluará con regularidad anual el cumplimiento de los objetivos marcados para cada uno de los proyectos financiados con los recursos del 'superfondo europeo'. La novedad es que Hacienda pretende ajustar ese mecanismo de evaluación y seguimiento de los proyectos de forma que le permita reducir o retirar la asignación de fondos europeos a los proyectos que no alcancen los objetivos establecidos y, del mismo modo, reforzar la aplicación de recursos en aquellos que resulten más eficaces a la hora de cumplir esos objetivos. Es decir, en función de sus resultados.
Según las fuentes consultadas, este esquema apenas sí se ha comenzado a perfilar a partir de esa base de vinculación a resultados y será en las próximas semanas cuando se avance en su desarrollo en el que presumiblemente se implicarán tanto la Intervención General del Estado como la Dirección General de Fondos Comunitarios, ambos organismos dependientes del Ministerio de Hacienda.
La 'nueva condicionalidad' que impone Bruselas
En ausencia de una condicionalidad más explícita, rechazada por el grueso de los países de la UE en contra de la opinión de los autodenominados 'frugales', la Comisión Europea se ha puesto particularmente estricta en el control de que esos fondos para la recuperación vayan allí donde realmente sean útiles para la economía. Bruselas exigirá en primer lugar a los países que sus planes de reforma se ajusten a las recomendaciones de los informes de la Comisión, que justifiquen por qué priorizan unas reformas sobre otras y que detallen los objetivos concretos que esperan alcanzar con cada proyecto que financien con fondos europeos, señalando el punto del que se parte y el objetivo de mejora que se pretende alcanzar en base a indicadores objetivos. El rendimiento de los fondos se medirá por el grado de cumplimiento que cada país haya tenido a la hora de alcanzar esos objetivos.
Consciente de ese nivel de exigencia, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha puesto especial hincapié en las últimas semanas en persuadir a los distintos ministerios para que le presenten propuestas de reformas y de inversión que sean viables y desarrollables en el corto plazo con el doble objetivo de que tengan la capacidad de impulsar la actividad económica y la creación de empleo ya en 2021 de que permitan alcanzar objetivos específicos de mejora que acrediten la eficacia del planteamiento reformista español a ojos de Bruselas.
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