Cuando finalmente vea la luz - si es que en algún momento lo hace - el Impuesto sobre Servicios Digitales diseñado por el Gobierno gravará los ingresos de las grandes tecnológicas por inserciones publicitarias, las asignaciones recibidas por su labor de intermediación entre oferente y demandante en el mercado que corresponda y también lo que perciban por la transmisión de los datos y la información recabada de sus usuarios, tal y como establecían también las bases del 'impuesto digital europeo' acordado en Bruselas el pasado mes de marzo.
El Gobierno español, no obstante, ha decidido ir un paso más allá y también intentará sacar tajada de los contratos que regulan la controvertida - al menos, en el plano fiscal - relación entre las plataformas españolas de los gigantes digitales y sus matrices, normalmente situadas en territorios de baja tributación.
La información trasladada por el Gobierno a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el órgano encargado de evaluar el rigor de las previsiones económicas y presupuestarias de la Administraciones Públicas, reveló que el Ministerio de Hacienda esperaba obtener 178 millones de euros extra por esta vía, un objetivo más que ambicioso y poco justificado hasta la fecha desde el departamento que dirige María Jesús Montero.
¿De dónde se pretenden sacar esos 178 millones de euros? A falta de una explicación oficial sobre el asunto, las fuentes del mundo de la empresa consultadas por La Información apuntan a los contratos de servicios que las filiales españolas de gigantes tecnológicos tienen suscritos con sus matrices y por los que les facturan cantidades millonarias que contribuyen a canalizar los ingresos de las plataformas nacionales de esas grandes empresas hacia sus matrices.
¿Qué se les factura? La prestación de servicios logísticos, la gestión del márketing en el país y otros servicios de promoción, publicidad, logística y soporte de las ventas. El Impuesto sobre los Servicios Digitales no puede atacar la parte del león de este entramado, que permite a los gigantes digitales canalizar el grueso de su facturación a sus matrices en países de baja tributación, pero sí permite 'meter la cuchara' en los contratos que sustentan jurídicamente esa relación y eso es lo que pretende hacer el Gobierno.
El asunto tiene sus riesgos y así lo advierte la patronal de referencia del sector digital y tecnológico en España, Ametic. "En España debería incluirse la excepción que se contempla en la propuesta europea para alinearse con la UE y evitar situaciones de distorsión en los que sea más favorable para una empresa realizar la prestación del servicio desde el extranjero que prestarlo de manera localizada en España". De otro modo, para evitar que las empresas deslocalicen su actividad hacia otros países.
Eso es, precisamente, lo que ha demandado CEOE al Gobierno en las alegaciones remitidas la pasada semana al borrador de proyecto de ley de impuesto sobre servicios digitales: que se retrase la activación del impuesto hasta que entre en vigor en toda la Unión Europea, una reflexión que también comparten los inspectores de Hacienda.
Además de garantizar el carácter deducible del nuevo gravamen en el Impuesto de Sociedades, un principio hasta ahora siempre reconocido pero que la decisión del Gobierno de no aplicarlo a los Actos Jurídicos Documentados ha puesto en cuestión.
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