Organizar unas elecciones cuesta dinero. Mucho dinero. La infraestructura necesaria (urnas, papeletas...), los envíos postales de propaganda electoral a los electores, la contratación de las empresas encargadas del recuento, las compensaciones a los ciudadanos responsables de cada mesa electoral o los recursos económicos que le corresponden a cada partido por la representación obtenida. Ya se sabía que la concentración de convocatorias electorales en 2019 iba a pasar una elevada factura al presupuesto público, pero no ha sido hasta ahora, tras el cierre presupuestario del mes de noviembre, cuando el Ministerio de Hacienda ha podido tener la factura agregada que el 'rally electoral' de 2019 ha tenido para los españoles: 448 millones de euros.
La 'pella' electoral ha sido el principal factor en el fuerte incremento de los gastos corrientes de la Administración del Estado en los once primeros meses de 2019, un 33% más, y han llevado el gasto asociado a esa cuenta a los niveles anteriores a la crisis económica, en la que una de las primeras reacciones de los responsables gubernamentales fue meter tijera a los gastos de funcionamiento. Con todo, la cifra es ligeramente inferior a lo estimado inicialmente, ya que se esperaba que el gasto por elecciones en este ejercicio de 2019 ascendiera a 470 millones de euros.
Los cálculos del Gobierno apuntaban a que la convocatoria electoral del pasado 10 de noviembre tendría un coste para las arcas públicas de 136 millones de euros, similar al de 28 de abril. La 'parte del león' de ese gasto es el pago a Correos por los envíos de propaganda electoral, el voto por correo o los avisos a los encargados de las mesas, que en abril significaron el 40% del presupuesto electoral total. El desplome del voto por correo en los comicios de noviembre y el incremento de las peticiones de los ciudadanos para que no se les enviara propaganda electoral pueden estar detrás de ese menor gasto respecto al inicialmente previsto.
Presión sobre el déficit público
El sobrecoste derivado de las convocatorias electorales no ha impedido que el Estado haya reducido de forma significativa su aportación al déficit público, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda. El déficit del Estado cerró el mes de noviembre en el 0,88% del PIB, lo que implica una reducción del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior. La mejora del rendimiento del Estado no ha impedido, sin embargo, que el déficit del conjunto de las AAPP se haya descontrolado y transite al cierre del tercer trimestre (hasta el mes de septiembre) un 26% por encima del registrado a la misma altura de 2018.
La principal explicación a esta desviación se encuentra en las cuentas de las comunidades autónomas que acumulan a la altura de septiembre una desviación de más de 6.000 millones de euros respecto a 2018. Mientras al cierre de noviembre de 2018, las cuentas autonómicas presentaban un superávit superior a los 1.400 millones de euros, los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda revelan que al cierre del tercer trimestre presentaban un desequilibrio negativo entre ingresos y gastos de 4.428 millones de euros, un déficit equivalente al 0,35% del PIB.
El déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en 18.386 millones de euros, equivalentes al 1,47 % del PIB, cuando un año antes estaba en el 1,21 % del PIB, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda. El alza se explica también por el crecimiento del déficit de la Seguridad Social derivado de la revalorización de las pensiones, por el paso de superávit a déficit de las comunidades autónomas ocasionado por la merma de recursos que ha supuesto la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2017, y por la disminución del superávit de las corporaciones locales tras el aumento del gasto en salarios e inversión.
De la ejecución presupuestaria hasta septiembre quedaba por conocer el saldo de las corporaciones locales, cuyo superávit ha disminuido un 30,6%, hasta 2.541 millones -equivalentes al 0,20% del PIB-, como consecuencia de un crecimiento del gasto del 4,3% frente a un aumento de los ingresos del 2%, informa EFE.
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