A 30 de septiembre de 2017 la Generalitat apenas había alcanzado la mitad de los objetivos de nuevos ingresos previstos en el Plan de Ajuste Económico-Financiero (PEF) que debe reconducir las cuentas de la comunidad autónoma a la senda de reducción del déficit pactada con el Gobierno de España y con Bruselas. A esa misma altura, los gastos asociados a las cuentas objeto de control prioritario en el marco de ese plan multiplicaban por cinco el objetivo acordado con el Gobierno Central. ¿Resultado? Si las medidas correctoras sobre los ingresos y los gastos acordadas en el marco del plan de ajuste presupuestario de Cataluña debían generar un saldo positivo de 41,7 millones de euros, lo que los técnicos del Ministerio de Hacienda se encontraron al cierre del balance correspondiente al tercer trimestre del año es que, lejos de reducir el desequilibrio de las cuentas catalanas, éstas lo habían aumentando en más de 172 millones.
La explicación oficial que trasladó en su momento el Govern al Ministerio de Hacienda para justificar esta desviación apelaba a cuestiones de calendario, a un mayor ritmo de contabilización de las transferencias a ayuntamientos respecto a otros años a esta misma altura y a que el Plan para la Mejora de la Eficiencia de la Administración Catalana, que se incluía en el PEF y que se suponía iba a generar un ahorro extra de 70 millones de euros, no se materializaría hasta el último tramo del año.
La argumentación del Área de Presupuestos de la Generalitat convenció solo a medias a los técnicos del Ministerio de Hacienda que en el capítulo de conclusiones de su informe de seguimiento sobre el cumplimiento del plan económico-financiero de Cataluña deslizan que, sí, que Cataluña podría cerrar el año cumpliendo el objetivo de estabilidad marcado para 2017 (un déficit del 0,6% del PIB), pero que esto solo ocurrirá si puede corregir finalmente esos mayores ritmos de ejecución o contabilización de determinados capítulos de gasto y "condicionado en todo caso por el efecto que finalmente registren los Acuerdos de no Disponibilidad adoptados en virtud de la Orden HFP/886/2017".
La orden en cuestión se corresponde a las medidas de control presupuestario y contable adoptadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el pasado 15 de septiembre para garantizar que, como dijo en su momento el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni un solo euro de los recursos públicos fuera destinado a la organización del referéndum del 1 de octubre, declarado como ilegal por el Tribunal Constitucional. Es decir, que sí, que en opinión de Hacienda, Cataluña tiene posibilidades de alcanzar finalmente el objetivo de déficit del 0,6% del PIB acordado para 2017 con el Ministerio de Hacienda, pero que conseguirlo o no dependerá de la eficacia con que se hayan aplicado las medidas de control adoptadas en su día por el Gobierno del Estado.
A grandes rasgos, lo que hizo dicha Orden, cuyo texto se puede consultar aquí, fue poner bajo supervisión estatal directa todo el gasto de la Generalitat - la interpretación general fue que se trataba de una intervención estatal de las cuentas de Cataluña - y bloquear la libre disposición por parte del Govern catalán de todas las partidas de gasto referidas a servicios no esenciales de la Generalitat. De otro modo, a partir de esa orden todas las órdenes de gasto de la Generalitat referidas a Sanidad, Educación o Servicios Sociales debían ser remitidas por la interventora de la Generalitat al Ministerio de Hacienda para su preceptiva supervisión y cualquier gasto no referido a esos servicios esenciales debía ser autorizado previamente por el Ministerio. Un esquema que aún hoy continúa vigente.
Incumplimiento de la regla de gasto
El ejercicio de supervisión realizado por el Ministerio de Hacienda pone también de manifiesto que la Generalitat acumulaba un significativo desvío respecto a la célebre regla de gasto. Hasta septiembre el gasto computable evolucionaba al 3,2%, muy por encima de los niveles que marcaba este parámetro, si bien Hacienda considera que si los ajustes que preveía el Govern antes de final de año se cumplían su evolución real sería del 1,6% y las probabilidades de cumplimiento aumentarían.
Incide también que hay determinadas medidas de ajuste aplicadas por la Generalitat que no han obtenido los resultados esperados. Hacienda pone como ejemplo el impuesto a las nucleares o impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, en su denominación administrativa, para el que se estimaba una recaudación anual de 62,8 millones en el PEF, pero que finalmente solo aportará 28,3 millones.
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