Poco más de 14.000 millones de euros. Ni los 38.500 millones que aseguraba Podemos que arrancaría de los defraudadores en su programa electoral, ni mucho menos los 59.000 millones de recaudación potencial que el sindicato Gestha asegura que se pierden todos los años por el volumen de la economía sumergida en España. Embarcado en una pelea por desvincular el éxito de la lucha contra el fraude de sus resultados económicos anuales y por dimensionar adecuadamente sus tareas, el nuevo equipo de la Agencia Tributaria al mando de Jesús Gascón ha deslizado dentro de su Plan Estratégico para el periodo 2020-2023 un contundente desmentido a todas esas proyecciones difundidas durante los últimos años desde tribunas políticas y sindicales que otorgaban a la lucha contra el fraude un potencial recaudatorio capaz de resolver de un plumazo el problema del déficit en España o de garantizar la financiación necesaria para soportar casi cualquier gasto en que se quisiera incurrir.
La Agencia Tributaria sostiene que una aproximación más cauta y rigurosa al asunto permite estimar que aún en el caso de lograra erradicar por completo la economía sumergida los ingresos que se podrían obtener apenas superarían esa cifra de 14.000 millones de euros, muy lejos de las optimistas estimaciones que se trasladan desde otros ámbitos. Al menos en el ámbito de sus competencias, que alcanzan al 50% de los ingresos tributarios totales del país. El potencial recaudatorio conjunto podría rondar los 28.000 millones, si bien es conocido que la eficacia de la lucha contra el fraude en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales está bien lejos de la Agencia Tributaria, que pasa por ser uno de los órganos tributarios más eficientes del mundo.
El capítulo de 'Seguimiento del control del cumplimiento voluntario y medición del fraude fiscal' del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria para la próxima legislatura, que desde su título muestra el valor prioritario que el equipo de Jesús Gascón otorga a las estrategias de cumplimiento voluntario frente a las de castigo al defraudador, es una enmienda a la totalidad a los 'falsos mitos' instaurados respecto al tamaño de la economía sumergida y su supuesta capacidad para resolver los problemas de recaudación del sistema fiscal español.
El plan de la Agencia Tributaria empieza por desacreditar los estudios que sitúan entre el 20% y 25% el tamaño de la economía ilegal en España. "Existe una alta percepción de la existencia de fraude, cabe plantearse si tal percepción concuerda con la realidad", señala el documento, que poco después da respuesta a esa pregunta. "Cuando algún organismo internacional decide publicar alguno de estos estudios y se introducen las debidas cautelas y ajustes metodológicos para evitar duplicidades y sobreestimaciones los resultados se moderan significativamente". A este respecto, la Agencia recuerda que el mismo profesor Schneider que aproximó al 25% del PIB el peso de la economía sumergida en España en el informe que todo el mundo cita como referencia para hablar del asunto, recortó esa estimación de forma drástica hasta el 11,2% del PIB cuando hizo ese mismo estudio bajo los filtros del FMI.
No toda la economía sumergida genera ingresos
El organismo presidido por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y dirigido por Jesús Gascón recuerda asimismo que aunque es habitual que los ingresos potenciales que se podrían obtener de la lucha contra ese fenómeno se calculen sobre el conjunto de la economía sumergida lo cierto es que buena parte de la misma está fuera del ámbito de actuación de la administración tributaria. De hecho, asumen que solo el 60% de la economía ilegal es susceptible de someterse a tributación, una vez descontados del volumen total aquellas "actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial, actividades de subsistencia difícilmente viables si se regularizaran, ingresos que nunca tributarían considerando la existencia de mínimos exentos e incentivos fiscales e incluso los impuestos que se pagan incluso desarrollándose actividades ocultas, como por ejemplo el IBI". Un ajuste que dejaría el volumen de economía ilegal susceptible de someterse a tributación en el 6,7% del PIB.
Por mucho que se exprimieran esos alrededor de 70.000 millones de euros de economía sumergida que la Agencia Tributaria acepta como un cálculo razonable de la actividad económica oculta susceptible de pagar impuestos, la aplicación del tipo medio impositivo en España, del 35,2%, dejaría el potencial de ingresos de una actuación impecable de todas las administraciones tributarias en 28.000 millones de euros y en el caso de la Agencia Tributaria, en los 14.000 millones antes mencionados.
El actual director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha sido un habitual crítico de las estimaciones mastodónticas sobre la economía sumergida en España y un defensor del establecimiento de un sistema de medición más razonable, hasta el punto de que se implicó en un proyecto encabezado en su día por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado para promover un informe de mayor rigor científico sobre el volumen de la economía ilegal en España que nunca llegó a ver la luz.
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