El Ministerio de Hacienda no pretende mover ficha. La revelación pública de que Bruselas considera "discriminatoria y desproporcionada" la regulación legal de la obligación de los contribuyentes residentes en España de declarar sus bienes y derechos en el extranjero cuando su valor conjunto supere los 50.000 euros, el conocido entre los profesionales de la fiscalidad como modelo 720, no va a empujar al Ejecutivo a ejecutar cambio legal alguno en dicha regulación, según reconocen fuentes del Ministerio consultadas por La Información.
La Comisión Europea estimó en un dictamen motivado que fue comunicado al Reino de España en 2017, pero que no ha trascendido hasta hace apenas dos semanas, que la norma en cuestión incumple cinco libertades comunitarias y fuerza la normativa europea en al menos tres aspectos: la regulación del principio de imprescriptibilidad sobre las irregularidades fiscales cometidas -algo sin precedentes en la regulación fiscal y que únicamente opera para la parte más dura del Código Penal (delitos de terrorismo o genocidio), según destacan fuentes jurídicas-; el duro régimen sancionador establecido por no presentar dicha declaración informativa -que pretendía 'arrancar' a los contribuyentes esa información a toda costa-; y las sanciones previstas por ocultar la existencia de bienes o derechos al Fisco, que pueden llegar hasta el 150% de las cuota defraudada.
El Ministerio de Hacienda entonces dirigido por Cristóbal Montoro decidió en 2017 presentar un escrito de alegaciones al dictamen motivado de Bruselas al objeto de evitar la remisión del expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un paso siempre delicado, ya que en caso de resolución contraria puede abrir la puerta -como ya ha ocurrido en otras ocasiones- a una avalancha de pleitos judiciales.
El departamento dirigido ahora por María Jesús Montero ha optado por mantener la estrategia marcada por Cristóbal Montoro y confiar en el éxito de las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos del Ministerio. No solo eso, sino que además ha extendido a las criptomonedas su perímetro de aplicación en el marco de anteproyecto de medidas de lucha contra el fraude.
La decisión no está exenta de riesgos, según explican fuentes jurídicas. "Si Bruselas entiende que el Reino de España se está resistiendo a modificar los aspectos identificados como ilegales en el Dictamen podría optar por remitir el caso directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los riesgos que ello comporta".
Otras fuentes de la Administración Tributaria consultadas por La Información matizan que el procedimiento habitual en estos casos es contestar a las alegaciones planteadas por el Estado en cuestión y dar un plazo para modificar la normativa en el caso de esas alegaciones no sean atendidas, lo que daría al Ministerio de Hacienda una posibilidad de actuar antes de llegar al Tribunal Europeo.
Al menos, antes de llegar por la vía de la remisión del expediente desde Bruselas, porque según explica Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales y uno de los fiscalistas que ha impulsado este procedimiento en Bruselas, junto a Alejandro del Campo (DMS Consulting), la Audiencia Nacional podría plantear una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Luxemburgo sobre el particular en el marco de los procesos que algunos contribuyentes ya han abierto contra las actuaciones de la Administración Tributaria en el marco del Modelo 720.
La amenaza de una avalancha de pleitos
Hasta ahora se trata de casos aislados, de contribuyentes singularmente castigados por el "agresivo régimen sancionador", en palabras de Alarcón, establecido por la ley que reguló el modelo 720, y que aún estaban dentro de los plazos legales establecidos para poder impugnar la aplicación de esta norma por parte de la Administración.
Pero esto podría cambiar ante una eventual actuación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si Luxemburgo determina que el régimen establecido por el Reino de España es contrario a la normativa europea, el canal de denuncia no sólo estaría abierto para aquellos que aún están en plazo de reclamar, sino que todos los contribuyentes afectados por su eventual aplicación abusiva desde su entrada en vigor tendrían la puerta abierta para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, advierte Esaú Alarcón, lo que situaría a Hacienda ante una ola de pleitos con consecuencias relevantes sobre el presupuesto público.
Un instrumento muy útil de obtención de información
El Ministerio parece dispuesto a correr el riesgo, al menos de momento. Tiene argumentos para ello. Según los últimos datos oficiales proporcionados en su día por Cristóbal Montoro en sede parlamentaria, la declaración de bienes y derechos en el extranjero ha permitido a los inspectores de Hacienda realizar cerca de 11.000 actuaciones, que han servido para aflorar 1.947 millones, de los que en torno a 1.000 millones ya se han ingresado de forma efectiva.
Con todo, éste no es el principal valor del nuevo flujo de obtención de información con relevancia fiscal que abrió Cristóbal Montoro en su momento con la amnistía fiscal y con la declaración de bienes en el extranjero. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, ambas actuaciones han permitido aflorar bases fiscales ocultas por más de 40.000 millones de euros, bases que permanecían escondidas a ojos del Fisco y que ahora figuran en las bases de datos de la Agencia Tributaria.
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