Las actuaciones de la Agencia Tributaria para acomodar los pagos en impuestos de las grandes multinacionales tecnológicas presentes en España a sus beneficios reales permitieron al Fisco 'aflorar' 1.500 millones de euros de ganancias no declaradas en primera instancia, que dieron lugar a unos ingresos extra de 400 millones de euros para las arcas públicas, según ha revelado este miércoles el organismo en su balance anual de los resultados de sus planes de control tributario.
El 'brazo armado' del Ministerio de Hacienda contra el fraude y las estrategias de elusión fiscal de los contribuyentes se volcó durante 2018 con especial empeño en 'forzar' a las grandes multinacionales tecnológicas a declarar todos los impuestos asociados a su actividad en territorio español, lo que dio lugar, según ha informado este miércoles la Agencia Tributaria, a un conjunto de regularizaciones fiscales que "han supuesto un incremento de bases imponibles en España de 1.500 millones de euros", lo que traducido al román paladino significa que han conseguido someter al Impuesto de Sociedades todo ese millonario montante de beneficios que hasta ahora permanecía oculto a los ojos del Fisco principalmente porque no lo declaraban como tal.
El mayor celo del Fisco en el control de los beneficios declarados por las grandes tecnológicas en España y la nueva información procedente de otras administraciones tributarias como consecuencia del 'modelo BEPS' no sólo ha aportado 400 millones de euros extra en recaudación a las arcas públicas en 2018 -una cifra superior a la que organismos como la Autoridad Fiscal o la Comisión Europea entendían que se podía sacar con el ya célebre nuevo impuesto a las grandes tecnológicas- sino que también ha preparado el terreno para someter a imposición 500 millones de euros extra anuales, según se reconoce desde la Agencia Tributaria.
La clave de este 'movimiento' está en los llamados APA, acuerdos previos de valoración, que han permitido a la Agencia Tributaria 'acordar' con las grandes multinacionales tecnológicas un nuevo esquema de valoración de sus actuaciones económicas en España que permitirá a la Hacienda Pública, por un lado, reclamar los impuestos que considera que le corresponden por la operativa de los gigantes 'tech' en España, pero también a éstos conocer con certeza el perímetro de actuaciones que el Fisco someterá a vigilancia, aportándoles certidumbre.
Vuelven a superarse los 15.000 millones de ingresos extra
Como ya anunciara el nuevo director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, el nuevo equipo al frente de la Agencia va a tratar de huir de valorar el éxito o fracaso de los balances de los ejercicios de lucha contra el fraude en función de las cantidades afloradas a partir de las actuaciones fiscalizadoras de la Hacienda Pública y de las actuaciones de gestión de la Agencia. De hecho, este año el enfoque ha sido que la Agencia realizó 27.600 actuaciones durante el año.
Estas actuaciones permitieron unos ingresos extra de 15.089 millones de euros, sensiblemente por encima de los 14.792 millones del año pasado. Del grueso de esa recaudación inducida, 14.489 millones de euros salieron de las actuaciones convencionales o programadas de prevención y control del fraude (14.221 millones en 2017), mientras que 599 millones de euros se debieron a declaraciones extemporáneas de contribuyentes, no forzadas por un requerimiento previo de la Agencia Tributaria, pero probablemente sí inducidas por sus actuaciones (571 millones en 2017).
La cifra de 15.089 millones supone la segunda más alta de toda la serie histórica de la lucha contra el fraude tributario, después de los 15.664 millones de euros registrados en 2015, si bien esta cifra ha sido puesta en cuestión por la decisión de los tribunales de reintegrar a Telefónica 702 millones de euros de la que fue la actuación más cuantiosa de la lucha contra el fraude de ese año.
A lo largo de 2018 la Agencia Tributaria realizó 1,58 millones de actuaciones de control tributario, de las cuales 1,53 millones fueron comprobaciones de declaraciones realizadas por los contribuyentes para chequear que eran correctas. Las en torno a 50.000 actuaciones específicas de control de sectores o hábitos identificados como de riesgo generaron 8.015 millones de euros, frente a los 7.859 millones de 2017.
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