Una versión más restringida que la de 2019

Hacienda sopesa un tipo mínimo de Sociedades solo para grandes grupos

Traslada a sus potenciales socios parlamentarios que la 'reforma fiscal' no se hará hasta 2023, pero se abre a considerar una activación limitada de la imposición mínima en Sociedades para apaciguar a Podemos.

La ministra de Hacienda empieza a contemplar vías para cerrar los PGE con Unidas Podemos.
La ministra de Hacienda empieza a contemplar vías para cerrar los PGE con Unidas Podemos.
EFE

El órdago a la negociación presupuestaria lanzado la semana pasada por Unidas Podemos a cuenta del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades ha convencido al Ministerio de Hacienda de que no le va a quedar más alternativa que sentarse a negociar la medida. Hacienda no contempla variar la hoja de ruta que señala el año 2023 como el de la gran 'reforma fiscal' del Gobierno de Pedro Sánchez, ya con las conclusiones del comité de expertos en la mano y con la economía creciendo a la velocidad de crucero que ansía Calviño, pero es consciente de que el bien mayor de contar con unos Presupuestos en 2022 le va a obligar a adelantar alguna de las medidas fiscales que tenía previsto dejar para las cuentas del año que viene para hacer honor al acuerdo de legislatura suscrito con Unidas Podemos y garantizar la estabilidad del Gobierno.

Bajo esta premisa el Ministerio ha comenzado a analizar el menú de opciones a su disposición para satisfacer las reivindicaciones de sus socios de Gobierno sin trasgredir el principio marcado desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de no abordar subidas fiscales en tanto la recuperación no sea una realidad consolidada. Entre ellas baraja la opción de regular en los Presupuestos una versión más restringida de la propuesta de tipo mínimo del Impuesto de Sociedades que se incluyó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 y que finalmente no vio la luz por el rechazo del Parlamento a tramitar el proyecto presupuestario, según ha podido saber La Información de fuentes parlamentarias.

La idea ha salido en los contactos que el Gobierno ha mantenido con sus potenciales socios parlamentarios en los últimos días como una alternativa ante un escenario en el que Unidas Podemos forzara la aprobación de la medida para respaldar el proyecto presupuestario. Las fuentes consultadas recuerdan que el denominado 'bloque de la investidura' no sólo está formado por grupos que respaldarían en cualquier caso una subida de impuestos a las empresas, sino también por formaciones de tono más conservador que no verían con buenos ojos un golpe fiscal a las empresas y menos en un contexto como el actual, en el que muchas empresas todavía no han superado el embate de la pandemia. Los mensajes que llegan desde la vicepresidenta primera del Gobierno también se mueven en esa onda: no hay que subir impuestos hasta que la recuperación sea sólida.

Fuentes del ámbito de la asesoría fiscal recalcan, además, que implantar el tipo mínimo de forma generalizada ya en el año 2022 limitaría la capacidad de miles de empresas de desgravarse las pérdidas generadas por la Covid, uno de los caminos de que disponen para rebajar su factura fiscal en los primeros compases de la reactivación económica y apuntalar sus balances para alentar su vuelta a la normalidad.

Un tipo mínimo con una radio de acción más limitado

La propuesta incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 planteaba un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para todas las empresas con una cifra de negocios igual o superior a 20 millones de euros o que estuvieran integradas en un grupo fiscal. Según los últimos oficiales de la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, esos parámetros obligarían a aplicar esa imposición mínima a un universo de más de 12.000 empresas, que constituyen apenas un 0,7% de la cifra total de declarantes del Impuesto sobre Sociedades, como subrayó de forma reiterada en su día la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que aportan el 60% de la recaudación efectiva del mismo.

Se trata del núcleo de empresas que aportan dos de cada tres euros ingresados por el Impuesto sobre Sociedades, pero también del que explica tres de cada cuatro euros de los beneficios empresariales que se declaran en el impuesto. En otras palabras, se trata del núcleo duro del tejido empresarial español. El planteamiento que se ha barajado en los contactos que Hacienda ha mantenido con sus potenciales socios parlamentarios, y que también se le ha trasladado al Ministerio desde algún ámbito empresarial, es realizar, al menos en primera instancia, un desarrollo más restringido de la medida, elevando el umbral de facturación previsto en 2019 de modo que se limite a los grandes grupos empresariales, que son los que más se benefician del complicadísimo entramado de reducciones y desgravaciones del Impuesto sobre Sociedades y que son, asimismo, los que salen peor parados en la fotografía que con regularidad anual la Agencia Tributaria realiza de los tipos efectivos que pagan las empresas.

Lo que dicen las estadísticas de la Agencia Tributaria es que son los grandes grupos empresariales con cifras de negocios por encima de los 1.000 millones de euros los que presentan una distancia mayor respecto a la media en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades. Mientras el tipo medio general sobre la base imponible es del 21,47%, en ese segmento formado por menos de 200 empresas es del 19,28%; y si se toma como referencia el resultado contable - la medida que alienta el relato social sobre los escasos impuestos que pagan las grandes empresas -, mientras el tipo medio general está en el 12%, en el caso de los gigantes empresariales está en el 6,36%.

La lógica del tipo mínimo, según se expuso en el proyecto de Presupuestos de 2019, es limitar la aplicación de desgravaciones fiscales por parte de las empresas para evitar que éstas paguen menos de un 15% por sus beneficios, menos de un 18% en el caso de empresas del sector financiero, energéticas y de la industria extractiva. Fuentes no oficiales del Ministerio de Hacienda aseguran que si ese tipo mínimo se aplica sobre la base imponible y no sobre el resultado contable el número de empresas afectadas de forma efectiva por esa medida sería minúsculo. Alimenta esta sensación el hecho de que el Ministerio de Hacienda no aportara estimación alguna sobre los ingresos que podría obtener la medida, cuando la incluyó en los Presupuestos de 2019.

Una medida inevitable

En los despachos del área fiscal de las principales empresas del país el establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades se da por amortizado desde hace ya varios años. El Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ya coqueteó con la idea hace más de cuatro años. Sin embargo, el tipo mínimo ha vuelto a la primera plana de la actualidad después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostrara partidario de instaurar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades y del 21% para las grandes multinacionales y de que la Comisión Europea y el G-7 saludaran con entusiasmo la medida.

Un reciente informe del Observatorio Fiscal Europeo concluyó que la instauración de un tipo mínimo global del 25% en el Impuesto de Sociedades aportaría 12.000 millones de euros de ingresos extra a España. Contra las ventajas recaudatorias, los expertos en asesoría fiscal han advertido de algunas posibles distorsiones de esta medida, ya que consideran que podría retraer las inversiones en I+D o en otras prioridades de política económica estimuladas con desgravaciones fiscales al elevar la probabilidad de no poder aplicarse esa deducción fiscal, especialmente en el caso de grupos empresariales en crecimiento sin grandes niveles de facturación y para los que ese instrumento fiscal es un incentivo para el crecimiento.

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