El Gobierno impone la moderación salarial para los empleados públicos. Así se desprende de la primera reunión mantenida este miércoles entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos de funcionarios. Según han informado fuentes de las negociaciones al término del encuentro, el departamento que dirige María Jesús Montero ha ofrecido una subida salarial del 2,5% para 2023, muy lejos de la proporción en la que el Ejecutivo va a incrementar las nóminas de los pensionistas el próximo año, que podría situarse en torno al 9%, en función de cómo cierre el IPC en noviembre.
Las fuentes consultadas en el flanco sindical explican que el Ministerio ha planteado subir los salarios un 1,5 % adicional en 2022 -lo que se sumaría al 2% aplicado a principios de año-, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. Así lo han adelantado, al menos CSIF y UGT, mientras en CCOO rechazan revelar las cifras concretas que se han puesto sobre la mesa a puerta cerrada y se remiten a la próxima reunión, que tendrá lugar mañana mismo. "Esperamos a que Hacienda concrete la senda de subida", afirman desde el sindicato.
De este modo, el Gobierno plantea una mejora salarial moderada para el conjunto de los empleados públicos en un contexto de elevada inflación, ya que las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales apuntan a que el IPC cerrará este año de media en España por encima del 8% y se situará en 2023 por encima del 3%. Esta misma semana la OCDE ha elevado sus previsiones de inflación para nuestro país hasta nada menos que el 9,1% en 2022 y el 5% para el año próximo.
Fuentes gubernamentales explican que "el Gobierno no puede contribuir a la espiral inflacionista". Y esta es la máxima que va a orientar las recién iniciadas negociaciones con los funcionarios. "El caso de los pensionistas es diferente porque su revalorización con el IPC está garantizada por ley", justifican las fuentes consultadas". De este modo, el Ejecutivo busca evitar, por un lado, efectos de segunda ronda y, por otro, que el gasto se dispare.
La subida salarial del 6% repartida entre 2022 y 2024 está muy alejada de las demandas de los sindicatos, que consideran esta senda insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década. En el flanco sindical se manejan distintas cifras, siempre para un acuerdo plurianual que alcance un incremento de en torno al 8% o 10% al final del periodo y que considere la posibilidad de incorporar cláusulas de revisión con el IPC.
El secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, ha comentado tras la reunión que existe "buena intención" por parte del Ejecutivo al añadir ese 1,5% retroactivo para 2022, aunque considera "insuficiente" las actualizaciones para 2023 y 2024. UGT busca que el acuerdo salarial sirva para amortiguar el impacto de la elevada inflación, aunque es consciente de que es imposible alcanzar una subida salarial equivalente a la inflación real.
CCOO también espera "un esfuerzo adicional" por parte del Gobierno para "compensar el poder de compra" que han perdido los funcionarios en los últimos años. El coordinador del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, ha recalcado que la inflación subyacente terminará el año en el entorno del 8% y del 6% en 2023, por lo que piden una subida salarial acorde. Comisiones ha planteado al Gobierno alzas salariales de entre el 9,5% y el 10% repartidas entre 2022 y 2024, y deja en manos del Ejecutivo que establezca cómo se distribuye, si hay cláusulas y en qué cuantía.
CCOO también reclama una jornada laboral de 35 horas semanales, terminar con las tasas de reposición, crear nuevos puestos de trabajo, atender la situación del personal exterior y modernizar y transformar la función pública, entre otras reivindicaciones. Son algunos de los asuntos que se han abordado en la reunión de este miércoles y sobre los que los sindicatos esperan concreción por parte del Ministerio en los próximos días.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha hecho una "valoración positiva" de este encuentro, aunque como el resto de negociadores sindicales considera que la propuesta del Gobierno es "insuficiente" ya que "no corrige la pérdida de poder adquisitivo". Además de una subida salarial, CSIF exige al Gobierno equiparación salarial, promoción interna, supresión de las tasas de reposición jubilación parcial anticipada para el conjunto de los empleados públicos. "Estamos muy alejados de llegar a un acuerdo. Mañana esperamos una propuesta más cerrada y más concreta", ha agregado.
El Gobierno también ha llevado a la mesa de negociación otras medidas que incluyen la jornada laboral de 35 horas, mejoras para la promoción interna, movilidad y acceso, así como mejoras para el personal laboral del exterior, todavía sin concretar, así como el desarrollo de la Ley de Función Pública, en alusión a la evaluación del desempeño, el teletrabajo y la captación de talento. Las partes negociadoras volverán a reunirse mañana por la tarde según confirman fuentes sindicales.
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