Se actualizará a final de año

España suma más de 2.000 millones en contratos a dedo por Covid hasta junio

El parón en los portales de contratación en la primera ola llevó a Hacienda a elaborar un informe específico sobre las adjudicaciones por la vía de emergencia. La última actualización data del pasado 23 de junio.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda
España sumó más de 2.000 millones en contratos a dedo por Covid... hasta junio.
EFE

La primera ola fue el caos. En plena tormenta, la Administración Pública selló una tromba de contratos por la vía de emergencia. Debido al colapso de las instituciones, estos empezaron a almacenarse sin que los canales oficiales dieran cuenta de ellos con la diligencia habitual. El Ministerio de Hacienda resolvió la cuestión con la elaboración del 'Informe Especial de Supervisión contratos Emergencia Covid-19'. En el marco del primer estado de alarma, la cartera ahondó en los detalles de estas adjudicaciones, tanto las firmadas por el Gobierno central como las de las autonomías, y fue actualizando el balance semanalmente. A fecha del 21 de junio, Hacienda había supervisado 11.177 contratos 'a dedo' por un monto total superior a los 2.000 millones. Desde la publicación del 23 de junio, la factura quedó congelada.

A fin de poner en orden estas contrataciones de urgencia, con vistas a la revisión de la Comisión Europea a final de año, el 30 de abril la cartera de María Jesús Montero publicó el primer balance. "Este Informe comprende los contratos que han sido publicados desde que se declaró el estado de alarma, es decir, a partir del 14 de marzo, hasta el 27 de abril, en esta primera versión, ya que el mismo se irá actualizando semanalmente". Y así sucedió hasta el que el país dio por concluida la última prórroga del estado de alarma, el pasado 21 de junio.

El salto a la nueva normalidad no cortó la oleada de contrataciones por la vía de emergencia. Así lo demuestra la intención que desde la cartera de Montero trasladan a este medio: "Dado el volumen de la información, se continúa trabajando en su análisis y recopilación con el fin de elaborar un informe específico relativo a todo el ejercicio 2020, que se hará público una vez finalice éste y puedan realizarse todas las labores para su evaluación". Falta incluir, por tanto, todos los acuerdos tramitados en el marco de la segunda ola de la Covid. 

Los datos desglosados de las CCAA dejan a la Administración General del Estado como la institución que acapara el 43,23% del Presupuesto Base de Licitación (PBL) de los contratos de emergencia por Covid-19. El monto total de los acuerdos de urgencia del Gobierno central superaba los 925 millones con los datos relativos hasta el 21 de junio. En segundo lugar, los más de 401 millones de Cataluña supusieron el 18,74% del presupuesto licitado. En tercera posición quedó la Comunitat Valenciana (10,05%), seguida de cerca por Madrid (8,01%). El precio total de las adjudicaciones de estas dos regiones superó los 215 millones y los 171, respectivamente. Y el Ministerio  admite que las cantidades son inexactas. 

La cartera de María Jesús Montero no logró recopilar el valor estimado de los contratos ni el precio de adjudicación a nivel agregado. La elaboración "manual" de las tablas rebaja el nivel de certeza de sus cábalas, que, al no obtener toda la información sobre el presupuesto final de adjudicación de los acuerdos, parte del dato del presupuesto base de licitación. Entre los escollos que alega Hacienda para hacerse con estas cuantías se encuentran la falta de medios informáticos que impide la obtención automatizada de los datos, la distinta métrica empleada por los diferentes órganos de contratación y la falta de información en el contrato publicado.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público obliga a las instituciones adjudicatarias -Administración General del Estado, Organismos Autónomos, Entidades Gestoras, Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales-, a dar cuenta de los acuerdos suscritos por esta vía al Consejo de Ministros "en el plazo máximo de treinta días". La evolución del gasto de urgencia por Covid que refleja el informe de Hacienda atiende al número de actos de toma de razón de contratos de emergencia, no al número efectivo de contratos que incluyen. 

Las CCAA no siempre incluyeron toda la información económica de los contratos en el momento de informar de ellos a los Consejos de Gobierno autonómicos. A fecha del 21 de junio, la cartera de Montero sumó más de un centenar de actos de toma de razón en los que no constaron detalles económicos: Andalucía (45), Islas Canarias (41), Cantabria (15), Castilla-La Mancha (22), Ceuta (1), Islas Baleares (2), Melilla (6), País Vasco (7) y La Rioja (1). De nuevo, todo apunta a que el informe que presentará Hacienda a final de año dispare tanto la cifra de adjudicaciones 'a dedo', como el gasto que estas han supuesto a las arcas españolas. 

Hacienda tendrá que bucear en los archivadores de las CCAA para tener las cuentas listas antes de fin de año. La Ley es tajante: "Transcurrido el plazo de inicio de ejecución -no más de un mes desde la suscripción del acuerdo-, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos". La norma prevé sanciones si el tiempo de ejecución excede esos 30 días. Según las estimaciones del Gobierno, la Administración acumulará 1.317 millones de gasto sanitario este 2020. La Airef comparte la cifra. Hasta el 31 de diciembre, la fiscalización del recibo de la Covid concentrará buena parte de la labor administrativa. Las CCAA y el Gobierno central tienen unas semanas para resolver cada laguna en los informes y demostrar que, cada contrato 'a dedo', respondió a una emergencia, tal y como la entiende la ley europea. No hacerlo es recibir el tirón de orejas de Bruselas 

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