La relación del Partido Socialista con el modelo federal de organización territorial es tan prolongada como intrascendente. El 'federalismo' o la solución federal para España ha irrumpido en el relato socialista tantas veces como se ha suscitado el problema de las tensiones territoriales por las supuestas lagunas en el encaje del mapa autonómico del país y ha salido del mismo cada vez que a un Gobierno socialista le ha tocado legislar sobre el asunto. Tan ha sido así que el exconseller de Economía de la Generalitat de Cataluña durante la etapa del tripartito presidido por el socialista Pasqual Maragall y gran promotor de la 'solución federal', Antoni Castells, dio en 2013 por agotado el planteamiento 'federalista' después de constatar la ausencia de avance alguno durante los cerca de ocho años de la era Zapatero.
Con la reforma del sistema de financiación autonómica en el horizonte -aunque hoy un poco más lejano por la grave crisis del Covid-19- y un grave problema territorial, el catalán, por resolver, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ocultado su inclinación por el 'federalismo' como receta para "perfeccionar los instrumentos del estado autonómico". Quizá por ello el Ministerio de Hacienda, a través de su escuela de formación y laboratorio de ideas, el Instituto de Estudios Fiscales, ha decidido recurrir al principal 'think tank pro-federalista' del país para explorar las soluciones que desde el federalismo fiscal se plantean a dos de los objetivos políticos que el Ejecutivo de la coalición de izquierdas ha definido de una manera más clara: la lucha contra la pobreza y la desigualdad y el cambio climático.
Lo ha hecho a través del convenio por el que desde el año 2009 el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda sufraga con una cifra de en torno a 15.000 euros una parte de la elaboración del Informe Anual del Instituto de Economía de Barcelona sobre Federalismo Fiscal y Finanzas Públicas, principal obra de referencia del pensamiento federalista que aún continúa teniendo cierto predicamento entre la intelectualidad catalana.
Hacienda ha aprovechado históricamente este convenio y esta obra de referencia -en la que acostumbran a participar algunos de los expertos más reputados del país en el ámbito fiscal- para tantear la aproximación de esos expertos a los temas que más le interesan en cada momento. El convenio firmado de cara a 2020 ha acordado abordar cuatro áreas temáticas muy vinculadas a algunos de los ítems más reconocibles del planteamiento del actual Gobierno de coalición. El informe estudiará, por ejemplo, la relación entre 'Ciudades, fiscalidad y cambio climático', uno de los ejes más reconibles de la estrategia gubernamental para la transición ecológica, que incluye un renovado impulso a uno de los grandes déficits del sistema fiscal doméstico: la fiscalidad verde.
El documento financiado por Hacienda entrará también en uno de los debates de mayor actualidad de la política pública española, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, de rabiosa actualidad en los últimos días por el animado debate tanto dentro del Gobierno como en general sobre el Ingreso Mínimo Vital, en el que aún trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo la atenta vigilancia de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias.
El Informe Anual del IEB también investigará sobre otro asunto con reminiscencias de la era Zapatero: 'Legalización de inmigrantes indocumentados: ¿qué sabemos?'. Las materias abordadas en el informe acordado el año pasado subrayan ese vínculo con las áreas de interés del Ejecutivo de turno. En el informe de 2019, presentado hace poco más de un mes -justo antes de que estallara la crisis de coronavirus en España con toda su devastadora potencia- incluía análisis de expertos sobre las posibilidades de la imposición sobre los robots, la eficiencia energética (políticas, cambio climático e impuestos) y sobre la economía de género, además de un más que interesante 'report' sobre la prestación de servicios en sistemas de salud centralizados.
El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó en su día también este informe para obtener nuevas perspectivas sobre asuntos de su interés, como las consecuencia de una eventual derogación del Impuesto sobre el Patrimonio. En el convenio que concretó la colaboración entre el IEB y el Instituto de Estudios Fiscales para la elaboración del informe, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda solicitó una addenda al convenio para que los expertos del 'think tank pro-federalista' estudiaran las posibilidades y consecuencias de alto tan poco federalista como la armonización del Impuesto de Sociedades en la UE.
El Instituto Privado de Economía de Barcelona tiene la cátedra de 'Federalismo Fiscal' más reconocida en España. Dirigida por el investigador Albert Solé Olle, un ferviente defensor de la descentralización fiscal, tiene como objetivo principal "el estudio de las finanzas públicas y la economía política de los sistemas de gobierno multinivel (supraestatal, estatal, regional y local)". Y concretan como sus principales área de interés los efectos de la descentralización en la calidad de los servicios públicos, los efectos de las transferencias intergubernamentales sobre las decisiones a nivel subnacional y su impacto en la economía local, la economía política de la asignación territorial del gasto público y las transferencias, la coordinación de las políticas fiscales entre diferentes niveles de gobierno y la relación entre el diseño del gobierno multinivel y la estabilidad de un país.
En vísperas del 1-O, en medio de uno de los contextos políticos más tensos que se recuerdan, los expertos de esta cátedra federalista publicaron un 'paper' en el que se posicionaban de manera explícita a favor de un 'Pacto Fiscal' entre España y Cataluña para evitar el "choque de trenes' que unos meses después se concretó y dinamitó cualquier posibilidad de acuerdo 'pacífico' entre ambas partes.
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