Novedades tributarias

Hacienda ultima el diseño para declarar aportaciones a los planes de empresa

La AEAT ha lanzado a consulta pública un nuevo modelo 345 que incorpora los cambios fiscales que entraron en vigor a principios de 2022. El fondo público de pensiones ha concluido la fase de enmiendas.

El director general de la Agencia Estatal de AdministraciónTributaria, Jesús Gascón Catalán.
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón.
Europa Press

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha lanzado a consulta pública la orden por la que se aprobará el nuevo modelo 345 para las declaraciones informativas de los planes, fondos de pensiones y otros productos de ahorro. Se trata de un formulario que ya existía hasta ahora pero que incorpora las novedades fiscales que entraron en vigor este año. En concreto, se incluye la reducción de las aportaciones deducibles para planes privados a la vez que se incorpora que ese límite se pueda incrementar con planes de empresa ya sea por la vía del empleador o con aportaciones del trabajador.

Se trata de una declaración de carácter anual, que se presenta de forma electrónica y que tienen que rellenar las gestoras de fondos de pensiones y las promotoras de planes de pensiones que efectúen contribuciones a los mismos. Es decir, aunque un trabajador realice aportaciones a un plan de pensiones, éstas se incluirán en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Este modelo lo presentan únicamente las compañías responsables de los fondos y deberán incluir "la información sobre partícipes y aportaciones en los planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia".

La misma orden actualiza el modelo 187, relativo al patrimonio de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav). En enero, entró en vigor una nueva ley con medidas para prevenir y evitar el fraude fiscal. En ella, se establece que las sicav que no cumplan el requisito de que cada uno de sus al menos 100 socios alcancen una inversión mínima de 2.500 euros pasarán a tributar al 25% en el Impuesto de Sociedades, frente al 1% al que lo hacen actualmente. El cambio normativo establece un régimen transitorio durante este año, por el que se puede acordar la disolución y liquidación de estas sociedades sin costes fiscales y trasladar el patrimonio a otras inversiones, siempre que los accionistas reinviertan la totalidad de su cuota de liquidación en otras instituciones de inversión colectiva (IIC) españolas.

Para identificar las operaciones de los socios que reinviertan el capital de las sociedades en disolución y el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, Sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes, la AEAT ha lanzado a consulta pública el nuevo modelo 187. En el formulario, se deberá identificar el tipo de operación, así como la sociedad en liquidación o liquidada. Según cálculos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta el 77% de las sicav prevé liquidarse o transformarse ante el cambio fiscal de la ley antifraude.

Fondo público de pensiones

Desde este año, tal como se recoge en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se ha rebajado a 1.500 euros la aportación deducible de los planes de pensiones privados. Los 500 euros que se ha reducido la desgravación se han trasladado a los planes de empresa, cuyo máximo deducible asciende 8.000 euros. Ante estos cambios y el impulso que el Gobierno quiere dar a los planes de empresa con la puesta en marcha del fondo público de pensiones, la Agencia Tributaria considera necesario adaptar el modelo de declaración que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Seguridad Social espera que los activos en planes de pensiones de empresa representen el 31% del PIB en 2050

Si los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se cumplen, los planes de pensiones de empresa serán más habituales en los próximos años, al contar con mayores ventajas fiscales. En el Plan de Recuperación, el departamento de Escrivá cifra el objetivo en lograr los 13 millones de trabajadores cubiertos por estos planes, frente a los dos que lo están en la actualidad. En el largo plazo, el ministerio espera que el 80% de la población activa cuente con un producto de ahorro de este tipo. En términos de activos, Seguridad Social espera que pasen de representar menos del 3% del producto interior bruto (PIB) hasta el 31% en 2050.

El anteproyecto de ley relativo al fondo público de pensiones fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de febrero, con las críticas de las gestoras que esperaban contar con más incentivos fiscales. En marzo, logró pasar el primer trámite en el Congreso y ahora, la norma ya ha concluido el proceso de enmiendas y se encuentra pendiente del debate y la votación en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A continuación, se remitirá al Senado. Aunque todavía quedan algunos pasos, desde el Ministerio confían en que el fondo público de pensiones verá la luz en el primer semestre de este año.

Pese a las enmiendas de los grupos, Seguridad Social ha dejado para una orden posterior aspectos como los requisitos que deberán cumplir las gestoras que quieran ofrecer planes de pensiones dentro del fondo público, cuestiones como el patrimonio gestionado o la presencia geográfica de las mismas. En la misma línea, el departamento de Escrivá eliminó las referencias a las comisiones de estos productos. Una vez se apruebe el fondo, también está pendiente la creación de una plataforma digital única en la que tanto los beneficiarios como los promotores de planes de pensiones de empleo intercambien información.

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