El Ministerio de Hacienda se valdrá de avisos privados para apercibir a empresas en riesgo de insolvencia e instarlas a utilizar alguno de los nuevos instrumentos de apoyo que dispondrá el proyecto de reforma de la ley concursal que acaba de informar el Consejo de Ministros, cuyos contenidos deben tramitarse y aprobarse antes de que finalice el año si se quiere cumplir el exigente calendario de reformas acordado con Bruselas.
El esquema previsto en el anteproyecto gubernamental y cuyo desarrollo según lo que se dispone en el texto se dejará en manos de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, busca dar respuesta a la exigencia de la Comisión Europea de configurar un 'sistema de alerta temprana' en España para abordar las insolvencias antes de que éstas sean inevitables y, en la mayoría de los casos, irreversibles, preservando al tiempo el principio de no demonizar a las empresas en problemas financieros y tratando de no condicionar su viabilidad futura.
Una de las quejas recurrentes de las empresas respecto del sistema concursal es el daño reputacional que les inflige y que les dificulta una vez aflorados sus problemas obtener la financiación o el respaldo necesario para salir adelante. Fuentes jurídicas reconocen que este factor es relevante y de hecho hace que muchas empresas retrasen su entrada en el concurso de acreedores por el miedo a los efectos que dicha declaración pueda tener hasta que su viabilidad es prácticamente imposible. El Gobierno ha tratado de esquivar esa objeción en la definición de su 'sistema de alerta temprana' configurándolo de manera que esos avisos sean "confidenciales y dirigidos exclusivamente a la empresa".
El anteproyecto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros señala claramente que "la información resultante del sistema de alerta temprana de probabilidad de insolvencia solo se facilitará al propio contribuyente, sin que en ningún caso pueda facilitarse a terceros", lo que garantiza la confidencialidad de la misma.
Comportamiento en los pagos a Hacienda y la Seguridad Social
El objetivo del sistema, según se establece en la Directiva de la UE, es "efectuar un diagnóstico precoz de posibles situaciones de dificultades financieras, a los efectos de preservar el valor de la empresa, incentivando la adopción de medidas de reorganización o reestructuración cuando todavía sea posible evitar la situación de insolvencia". Se entiende que si se actúa cuando la insolvencia es sólo una posibilidad y no una realidad, las posibilidades de sacar adelante el proyecto empresarial, siempre que éste sea viable, se multiplicarán. El Gobierno ha decidido que para realizar este diagnóstico la mejor opción es utilizar la información sobre cumplimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social ya disponible en los ficheros de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social y a partir de esa información enviar advertencias por vía confidencial a las empresas y emprendedores que estén demorándose en sus pagos de un modo que haga percibir que pueden estar en problemas serios.
No era la única alternativa disponible. El Consejo General de Economistas anunció hace meses el diseño de una herramienta informática para realizar test de solvencia a las empresas y clasificarlas en función de su riesgo a través de una especie de semáforo, en el que el verde significaría que la situación de la empresa es solvente, el naranja que necesitaría de algún mecanismo de reestructuración preconcursal y el rojo que su situación es de insolvencia o de insolvencia inminente. La herramienta era algo más completa que la que se perfila en el anteproyecto gubernamental, ya que no se basa únicamente en la información disponible sobre pagos de impuestos y obligaciones sociales de las empresas sino que aspiraba a incorporar datos de contabilidad y de sus contratos de pasivo.
Desde el Registro de Economistas Forenses se ha advertido de hecho de que la herramienta propuesta por el Gobierno "no parece que vaya a permitir detectar los riesgos de insolvencia de una forma eficiente".
Una salida rápida y barata para empresas en problemas
El objetivo del Gobierno es agilizar y automatizar tanto el diagnóstico como el procedimiento de resolución de los concursos de acreedores. La norma diseñada al alimón por los ministerios de Asuntos Económicos y Justicia establece un procedimiento especial, más sencillo y supuestamente más económico, para que las empresas y emprendedores en problemas - hayan recibido o no el 'toque' del Ministerio de Hacienda - puedan solicitar el concurso de acreedores mediante un formulario que estará disponible en diferentes espacios web en los que podrán volcar toda la información necesaria para el proceso, sin necesidad de la intermediación de un administrador concursal, cuyo concurso solo sería necesario en el caso de que o bien los deudores o los acreedores lo solicitaran. A partir de ahí dispondrán de una herramienta de asesoramiento gratuito que el Gobierno pondrá a su disposición y de tres meses para negociar con sus acreedores, tras los cuales tendrán que presentar o un plan de continuidad o un plan de liquidación.
El Gobierno confía en que este procedimiento especial le permita desaguar con cierta agilidad la avalancha de concursos de acreedores que sobrevendrá en el momento en que decaiga la moratoria concursal, que de momento durará hasta el próximo 31 de diciembre.
Críticas de los profesionales al Gobierno
Tanto el Registro de Economistas Forenses (Refor) como la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) han manifestado su malestar por el hecho de que el Gobierno haya decidido restringir el plazo de consulta pública de este importante proyecto legal, que ha sido señalado como clave tanto por la Comisión Europea, como por el FMI, la OCDE o el Banco de España, a un puñado de días del mes de agosto, entre el 5 y el 25.
Las críticas también son de fondo. El Refor lamenta que no se haya aprovechado la oportunidad para crear un 'sistema de alerta temprana' digno de tal nombre, con un mecanismo de diagnóstico más afinado y un funcionamiento más profesional no solo para tener una foto fiable de la situación financiera de la empresa sino también de los riesgos de quebrantos tanto a la Administración como a los acreedores. Aspac también critica esta parte de la reforma, por haber expulsado de esa fase preconcursal a los administradores concursales, lo que, a su juicio, va a condenar al sistema al colapso, ya que son éstos los profesionales mejor cualificados para buscar una salida a las empresas y emprendedores en problemas.
Ambas organizaciones cuestionan también el 'elefante en la habitación' que el Gobierno ha optado por esquivar: el privilegio de los créditos públicos en los procesos concursales. Como avanzó La Información, el Gobierno ha decidido mantener la exoneración de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social de las quitas en los convenios concursales, un elemento que tanto los organismos internacionales como el Banco de España han vinculado de forma directa con el hecho de que la mayoría de los concursos de acreedores acaben con la liquidación de las empresas en España.
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