Análisis de beneficios fiscales

Hacienda plantea eliminar la ventaja fiscal del carbón pese al precio del gas

La Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos y el Instituto de Estudios Fiscales concluyen que "no parece necesario bonificar el consumo de carbón destinado a usos con fines profesionales".

María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Europa Press

Hacienda ha concluido el primer análisis de beneficios fiscales al que se ha comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de un documento de unas 160 páginas elaborado por la Dirección General de Tributos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) en el que se analizan cinco incentivos del sistema tributario español. Entre ellos, tal como avanzó La Información, se pone el foco en las ventajas fiscales que contempla el impuesto especial sobre el carbón y se llega a la conclusión de que "no parece necesario bonificar el consumo de carbón destinado a usos con fines profesionales".

El equipo de trabajo formado por personal de la administración concluye que "no parece coherente la persistencia de beneficios fiscales en el impuesto" especial al carbón, puesto que va en contra de la estrategia de "descarbonización" que ha impulsado el Gobierno a través de la ley de cambio climático y transición energética. Además, argumentan que el uso del carbón está en declive y que su coste es inferior al del gas, en este sentido, a nivel monetario no existe tampoco un argumento para que los usos profesionales tengan un tipo reducido. De hecho, incluso incluyendo costes reducidos de emisión de CO2, "el coste final del carbón sigue siendo menor que el de otros recursos alternativos menos contaminantes y, por tanto, la exención incentiva la utilización del recurso más contaminante".

Sin embargo, el análisis parece obviar el encarecimiento del gas en los últimos meses. Aunque el informe reitera que su coste es menor, lo cierto es que en mitad de la crisis energética es precisamente el precio del gas lo que ha encendido todas las alarmas. De hecho, en la producción de electricidad se sigue utilizando este mineral aunque su combustión sea contaminante.

Volviendo al impuesto, tiene dos tipos, reducido, de 0,15 euros por gigajulio (unidad energética), para los usos profesionales relacionados con la producción calorífica; y de 0,65 euros por gigajulio para otros usos, entre los que se incluye la generación eléctrica. En el tipo reducido se sitúan empresas del sector de la ganadería que utilicen el carbón para calentar al ganado o industrias que utilicen el carbón para mantener la temperatura de locales o para hornos pequeños; mientras que en el general se incluye el uso del carbón para la producción de electricidad. También existen exenciones para usos metalúrgicos y electrolíticos.

El análisis sigue con la meta de las revisiones de gasto público o spending review realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que consiste en investigar si los beneficios fiscales están logrando los objetivos para los que fueron creados. Se entiende que las ventajas en materia impositiva tienen un coste para las arcas públicas y por ello, es necesario comprobar su idoneidad. No obstante, en lo que refiere al impuesto especial al carbón, el informe detalla que no tiene un coste muy elevado, cifrado en 1,8 millones de euros. En cambio, el objetivo del beneficio fiscal era "mejorar la competitividad industrial" y este pierde su razón de ser cuando su uso es residual y cuando además otras energías son más baratas.

Sociedades e IRPF

El informe incluye el análisis de otros cuatro beneficios fiscales. En relación al impuesto sobre Sociedades, Hacienda analiza los ajustes en base imponible sobre las rentas procedentes de determinados activos intangibles. Esto hace referencia a los incentivos que las empresas tienen sobre beneficios que reciben, por ejemplo, por el uso de patentes. En este caso, el documento insta a revisar las duplicidades que se puedan producir en otras políticas públicas donde ya se bonifican las actividades de I+D. Por otra parte, se revisa el régimen fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro y concluyen que aquellas que utilizan los beneficios fiscales asociados tienen más posibilidades de seguir desarrollando su actividad.

Además, se revisan las exenciones parciales a los premios de Lotería y a los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero. Para las primeras, los expertos en tributos piden un mayor análisis vinculado a datos socioeconómicos, como el nivel de ingresos o la situación del mercado laboral. En el caso de las segundas, detectan que su uso no está muy extendido, aunque reconocen que tiene un impacto positivo en las exportaciones españolas.  

En total, el coste estimado de los beneficios fiscales que incluye este análisis suman 783,5 millones de euros. Casi la mitad provienen de las exenciones sobre los premios de loterías y apuestas, que suponen 390,9 millones de euros. A continuación, el régimen fiscal de las entidades sin lucro está cifrado en 270,1 millones de euros. Las reducciones sobre sociedades vinculadas a ingresos por activos intangibles y las exenciones por rentas obtenidas en el extranjero suponen 60,4 y 60,3 millones de euros respectivamente. Finalmente, como ya se ha mencionado, la bonificación del impuesto especial sobre el carbón tiene un coste público de 1,8 millones.

Estas revisiones no implican, de momento, que estos beneficios fiscales vayan a desaparecer o que el Gobierno vaya a incorporar todas y cada una de las propuestas que los técnicos hayan realizado. No obstante, en el Plan de Recuperación se especifica que la forma de implementación de esta reforma consistiría en "modificar los textos legales de cada impuesto para introducir las reformas propuestas". Por otra parte, también ponen de manifiesto que "la supresión o eliminación de beneficios fiscales puede conllevar el rechazo de los agentes económicos afectados". El objetivo es que entre el primer trimestre de este año y el primer trimestre de 2024, la DGT, el IEF y la AEAT analicen hasta quince y den a conocer sus resultados durante los tres primeros meses de cada año. 

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