Un documento repleto de tachones y anotaciones a pie de página. Es el resultado de las quince horas de reunión presencial mantenidas esta semana entre los agentes sociales, seis el miércoles y nueve el jueves, y de los incontables contactos telefónicos a dos y tres bandas que se han producido en los últimos días y que continúan este fin de semana para intentar acercar el acuerdo y alumbrar, por fin, un nuevo esquema para los ERTE. Esta es la historia de un desencuentro, con final abierto pero acotado, porque el Consejo de Ministros del 29 de septiembre aprobará sí o sí la prórroga de esta herramienta y la patronal y los sindicatos deberán decidir si avalan o no al Gobierno en esta iniciativa. Todo se va a decidir en el último momento.
A los agentes sociales les ha pillado el toro. La intención en esta ocasión -los ERTE ya se han prorrogado otras dos veces antes, primero hasta junio y después hasta septiembre- era alcanzar un acuerdo con un margen de tiempo suficiente respecto a la fecha tope, para dar certidumbre a los empresarios y a los trabajadores. Pero ni los unos ni los otros tienen ninguna seguridad ahora mismo porque el actual esquema de protección del empleo caduca en apenas cuatro días (tres laborables) y todavía no está claro a qué nuevas medidas se van a tener que acoger a partir del 1 de octubre. Aunque el Gobierno ha garantizado por activa y por pasiva que los ERTE han venido para quedarse, no hay nada negro sobre blanco y la incertidumbre, recuerdan fuentes empresariales, "es el peor enemigo de los negocios".
Tres semanas han pasado ya desde la 'cumbre de Mallorca' que dio el pistoletazo de salida a las negociaciones. Fue el 4 de septiembre cuando los ministros responsables del ramo, Yolanda Díaz (Trabajo) y José Luis Escrivá (Seguridad Social) citaron en la isla balear a los líderes de las organizaciones patronales (Antonio Garamendi, de CEOE, y Gerardo Cuerva, de Cepyme) y sindicales (Unai Sordo, por CCOO, y Pepe Álvarez, por UGT). Allí, en el epicentro del seísmo que ha sacudido al turismo patrio, se hicieron la foto y fijaron un calendario de reuniones. Pero no solo eso. Los interlocutores sociales pusieron sobre la mesa sus propuestas y los representantes gubernamentales abrieron el melón de lo que está resultando ser el principal escollo para el acuerdo: la protección diferencial por sectores.
"Escrivá sabe lo que tiene que hacer para alcanzar el acuerdo desde la reunión de Mallorca, ya está bien de marear la perdiz", zanjan fuentes presentes en la mesa de negociación técnica. En esta cuestión, patronal y sindicatos han hecho un frente común al rechazar de plano la propuesta del Gobierno que focaliza las ayudas en los sectores más afectados por la pandemia y en su cadena de valor. Las fuentes consultadas señalan directamente a Escrivá por haber reconocido abiertamente que no puede haber "café para todos" por las "restricciones presupuestarias", mientras la ministra de Trabajo aseguraba que "hay dinero suficiente" para los ERTE. Esto sucedía casi a la misma hora, en la mañana del jueves, en dos entrevistas en diferentes canales de televisión.
La panacea para los empresarios sería que todas las empresas pudieran acogerse a un ERTE con el 100% de exoneración en las cotizaciones sociales. Al estilo alemán. Pero, en España, la visión del Gobierno es que los recursos públicos deben destinarse al tejido productivo que realmente lo necesite y que demuestre que se encuentra en una situación de pérdida de actividad y facturación como consecuencia exclusivamente de la pandemia. Es decir, que los ERTE no se conviertan en un salvavidas para empresas 'zombis'. Es un planteamiento que han defendido tanto Escrivá como la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha sentenciado que los recursos deben concentrarse en las empresas que no puedan retomar su actividad por restricciones sanitarias y en aquellas que son realmente solventes. En otras palabras: hay que dejar morir al tejido improductivo.
El alcance sectorial y la cobertura de las exoneraciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social son los principales puntos de fricción en estos momentos. En el 'minuto y resultado' de la negociación, no obstante, sí hay importantes avances en torno a cuestiones que tienen que ver con la protección de los trabajadores. Por ejemplo, hay coincidencia entre Gobierno, patronal y sindicatos para mantener el nivel de las prestaciones en el 70% de la base reguladora a partir del sexto mes de cobro del ERTE, en lugar de reducirlo al 50% como establece la ley, y también en prorrogar el denominado 'contador a cero', de manera que los trabajadores afectados no consuman tiempo de paro de cara a prestaciones futuras.
Otro punto de encuentro es la figura del 'ERTE de rebrote' que permite acogerse a un esquema de protección específico a las empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones en áreas concretas para frenar la propagación del virus. Las tres partes están de acuerdo en mantener esta herramienta, sin embargo, la actual situación de confinamientos selectivos que se está dando en regiones como la Comunidad de Madrid ha puesto en duda la efectividad de este mecanismo, de manera que se están diseñando algunas modificaciones en las condiciones de acceso para 'salvar' las trabas que puedan encontrar las compañías en la autoridad laboral. La idea es hacerlos más flexibles y garantizar exoneraciones superiores al 80% en estos casos, aunque se valoran especificidades para actividades como el comercio, la hostelería y la restauración.
El veto a los despidos
Junto con el alcance sectorial de las ayudas, el otro gran caballo de batalla de la CEOE es el veto a los despidos objetivos. Los empresarios insisten en la necesidad de levantarlo para poder ajustar sus plantillas porque de lo contrario, advierten, se verán al límite en los próximos meses. Ya no cabe duda de que esta crisis va para largo. El Gobierno, sin embargo, por el afán de Yolanda Díaz, se niega a retirar esta cláusula. Y los sindicatos, por su parte, adelantan que no harán ninguna concesión en este terreno. Una generalización de los ERTE a todas las actividades productivas a partir de octubre sería suficiente, según admiten en privado fuentes de la CEOE, para olvidarse del asunto de los despidos. Pero parece difícil que el Ejecutivo modifique su propuesta en ese sentido.
Así las cosas, cuando quedan apenas tres jornadas laborables para que decaiga el actual marco normativo, todo sigue abierto. Solo hay una certeza: que los ERTE van a seguir vigentes. Las grandes dudas son para quiénes y en qué condiciones, vaya, el quid de la cuestión. El Consejo de Ministros del martes 29 aprobará la norma en cualquier caso, con o sin el beneplácito de los agentes sociales, porque no tiene más margen para seguir negociando. Por eso durante el fin de semana los teléfonos no pararán de sonar, para llegar al lunes con las posiciones medianamente acercadas para alcanzar un preacuerdo. Éste debería ser ratificado por los órganos de gobierno de las organizaciones patronales y sindicales el mismo martes, a primera hora de la mañana, bajo la presión del cónclave del Gobierno. "Nada que no haya sucedido ya antes", evocan en la patronal a cuento de uno de los comités ejecutivos más tensos que se recuerdan.
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