El Gobierno quiere utilizar el excedente de cotizaciones sociales que se genere en épocas de bonanza por la diferencia entre los ingresos por las cuotas de desempleo y el pago de prestaciones para costear el nuevo Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo (MSE) que vendrá a acompañar a los ERTE en el marco laboral pospandemia. Será una de las principales fuentes de financiación, junto con las aportaciones que abonen al Tesoro Público las grandes empresas que hagan despidos colectivos, los fondos europeos y las transferencias puntuales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El problema es que la 'hucha del paro', en estos momentos, está vacía. La tensión financiera provocada por el incremento de gasto público sin precedentes para hacer frente a la crisis de la Covid-19 ha obligado a tirar de este remanente hasta reducirlo a una mera anotación en 'números rojos' en las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La 'hucha del paro', entendida como la diferencia entre los ingresos por las cuotas de desempleo y el gasto en prestaciones y subsidios presentaba un saldo deficitario de 5.600 millones y 700 millones de euros en los años 2014 y 2015, respectivamente, ejercicios inmediatamente posteriores al fin de la crisis financiera. A partir de ahí se fue recuperando, acumulando más de 2.000 millones de euros de superávit en 2016, casi 4.400 millones en 2017 y unos 5.500 millones en cada uno de los años 2018 y 2019. Pero en 2020, con el estallido de la pandemia, el incremento del paro y el despliegue de los ERTE y todo el escudo social que recayó en el SEPE (con nuevas prestaciones y ampliación de derechos para los beneficiarios) la diferencia entre ingresos y gastos se hundió a negativo, hasta registrar un déficit de 9.000 millones.
Son cálculos elaborados para La Información a partir de la ejecución presupuestaria del SEPE por Juan F. Jimeno, doctor en Economía y profesor asociado en la Universidad de Alcalá, quien añade que en el primer semestre de este año el déficit acumulado roza ya los 3.600 millones (es la diferencia entre unos ingresos por cotizaciones por desempleo de 10.900 millones y unos gastos en prestaciones y subsidios de unos 14.500 millones) y apunta a un desfase de entre 6.000 y 7.000 millones para el conjunto del ejercicio. Esto se produce cuando llegan buenas noticias del mercado laboral, pero hay que tener en cuenta que el empleo no recuperó el dinamismo de manera notable hasta el pasado mes de mayo, de modo que el efecto de la mejoría de las cifras de paro y afiliación en el primer semestre es aún muy limitado.
Así las cosas, al menos en el corto plazo, el Gobierno no puede disponer de esta 'hucha' para financiar los nuevos ERTE (el bautizado como 'MSE'), básicamente, porque no existe. El excedente empezará a retornar, en todo caso, cuando se afiance la recuperación económica, se incrementen los ingresos por cotizaciones y disminuya el gasto en desempleo, y solo entonces podrá utilizarse este dinero en próximas fases recesivas, cuando vuelvan a caer los ingresos y a aumentar el gasto. Y es que el diseño del MSE -aún en fase preliminar- está concebido precisamente para que el SEPE pueda disponer de recursos cuando una situación de crisis económica obligue a las empresas a recurrir a estos mecanismos de flexibilidad interna, tal y como le ha adelantado el Gobierno a las autoridades europeas en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En cualquier caso, el recurso a la 'hucha del paro' para financiar el nuevo sistema de ERTE estructurales es una idea que se ha venido madurando en el Ministerio de Trabajo, en estrecha colaboración con Economía y Hacienda, y que se está debatiendo en la mesa de diálogo social en la que se discute la futura reforma laboral con la patronal y los sindicatos. El asunto es espinoso porque este remanente ya ha sido foco de tensión entre los agentes sociales en no pocas ocasiones, ya que los sindicatos han exigido que se emplee para mejorar las prestaciones de los desempleados y la CEOE ha planteado que se dedique a reducir la contribución de las empresas vía cotizaciones al desempleo. En paralelo, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha planteado que parte del histórico superávit del SEPE se desvíe a la Seguridad Social para aportar al abono de las pensiones.
Con todo, la capacidad de esta 'hucha' para financiar el Mecanismo de Estabilidad en el Empleo está en duda incluso frente a las mejores perspectivas de recuperación posibles. En opinión de Jimeno, y en base a un análisis pormenorizado del excedente en los últimos años (sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas), "a lo largo de todo el ciclo económico, no hay excedente que permita financiar ni siquiera parte de este mecanismo". Y menos cuando el Gobierno está planeando utilizarlo también para sufragar las pensiones a través de un trasvase de una proporción de la factura de ingresos por cotizaciones. En este sentido, Jimeno augura que será necesario ampliar las transferencias del Estado al SEPE previstas en los Presupuestos de años venideros.
Escrivá también ha planteado que parte del superávit del SEPE se desvíe a la Seguridad Social para pagar pensiones
Pero el excedente de cotizaciones no es el único recurso del que planea tirar el Gobierno para financiar el nuevo Mecanismo de Estabilidad en el Empleo. Según consta en la documentación remitida a Bruselas y a los agentes sociales, el fondo también se nutrirá de las aportaciones que abonen al Tesoro Público las grandes empresas que hagan despidos colectivos que afecten a mayores de 50 años (la conocida como 'enmienda Telefónica'). Y además, en el corto plazo se contará con los fondos europeos, tanto los provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como los del 'SURE', el fondo específico para financiar los ERTE. Asimismo, se contemplan tanto la utilización de los recursos de un eventual seguro de desempleo que se cree a nivel europeo como aportaciones de los PGE.
Ese es el esquema de financiación que ha diseñado el Ministerio de Trabajo, en coordinación con los departamentos del área económica del Gobierno, para los nuevos ERTE pospandemia. En realidad, se trata de un nuevo mecanismo que va a convivir con los expedientes de regulación temporal de empleo tradicionales y que permitirá a las empresas reducir la jornada de sus trabajadores cuando vean limitado el desarrollo normalizado de su actividad por razones imprevisibles e involuntarias, si bien va a incorporar ese espíritu de cofinanciación que ha inspirado el diseño de los ERTE Covid y que tan bien ha resultado a efectos de sostener el empleo ante caídas abruptas de la actividad como la sufrida a causa de la pandemia.
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